La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha cargado este martes durante el Pleno celebrado en Cibeles contra el alcalde, José Luis Martínez Almeida, por su política de viviendas que “ha empobrecido a los madrileños” mientras ha priorizado el “negociete” “a los fondos buitre”, como hizo su antecesora en el cargo Ana Botella, “beneficiando a los especuladores” y “esquilmando a los madrileños”. Como ejemplo, Maroto ha sacado a relucir el caso del más de medio centenar de familias del edificio de la calle Tribulete 7, en Lavapiés, que van a ser expulsadas de sus casas por uno de esos fondos de inversión que ha adquirido el inmueble. Precisamente, un grupo de ellos ha seguido desde la tribuna de invitados el debate con pancartas denunciando su situación y ha lanzado protestas contra el alcalde.
La portavoz del PSOE ha exigido al regidor que cumpla con el derecho a la vivienda que recoge la Constitución, potencie el papel de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVM) e impulse “un pacto por la vivienda” con el resto de los grupos de la oposición. “No lo hace porque usted prefiere la crispación”, ha zanjado Maroto. El alcalde le ha contestado que “no piensa cambiar su política de vivienda”, asegurando que en “toda España” “la mayor promotora de vivienda pública es la empresa pública de Madrid”.
Por Carmen Moraga
El magistrado del Tribunal Supremo Juan Ramón Gómez Berdugo ha aceptado la personación en la causa que sigue sobre Tsunami Democràtic de la representación legal de dos policías nacionales heridos en los disturbios que siguieron a la sentencia del procés y de la acusación popular de Dignidad y Justicia, presidida por el diputado del PP en la Asamblea de Madrid Daniel Portero.
La decisión del magistrado se produce antes de que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre la imputación de Carles Puigdemont, el ex president de la Generalitat al que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón considera líder del movimiento de protesta Tsunami Democràtic.
Por Pedro Águeda
El Consejo de Ministros de este martes ha formalizado el nombramiento de la exvicepresidenta socialista Carmen Calvo como nueva presidenta del Consejo de Estado, después de que recibiera el pasado jueves el aval del Congreso a su idoneidad.
En concreto, la Comisión Constitucional del Congreso dio el pasado jueves el visto bueno a Carmen Calvo gracias a los votos a favor del PSOE y sus socios de investidura.
La Ley del Alto Cargo obligaba a la exdiputada socialista a pasar este examen de idoneidad en el Congreso, que fue superado, para que el Consejo de Ministros oficializara su nombramiento y su designación se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Para presidir el Consejo de Estado se exigen dos requisitos, ser jurista de reconocido prestigio y tener experiencia en cuestiones de Estado, según figura en la ley del máximo órgano consultivo.
Informa Europa Press.
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha abierto un expediente disciplinario a José Luis Ábalos y le ha suspendido cautelarmente de militancia tras negarse a entregar su acta de diputado. Ábalos se ha visto salpicado por la detención de su ex asesor y hombre de confianza, Koldo García, en un posible caso de corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia.
El comunicado de la Ejecutiva del PSOE asegura que este lunes se “acordó solicitar la responsabilidad política de apartarse de sus cargos institucionales en representación del PSOE a aquellas personas que ha estimado oportuno a la vista de los hechos conocidos, para salvaguardar la imagen del partido”. Esa petición exigía a Ábalos que entregara su acta en un plazo de 24 horas, pero no ha accedido y seguirá en su escaño parlamentario pero dentro del Grupo Mixto.
El proyecto de ley de servicios a la clientela supondrá un antes y un después en la relación entre consumidores y empresas: al otro lado del teléfono ya no habrá solo robots, el tiempo máximo de espera será de tres minutos y las reclamaciones deberán resolverse en 15 días.
Esos son algunos de los puntos básicos de este proyecto que ha llevado el equipo de Pablo Bustinduy al Consejo de Ministros de este martes para su aprobación, y que viene a ser casi una copia del texto que trasladó en mayo de 2022 el exministro Alberto Garzón:
- Las reclamaciones o incidencias deben resolverse en un máximo de 15 días hábiles. Ahora es de 30 días.
- Las empresas tendrán que contar con canales presenciales o telefónicos o telemáticos para garantizar una atención al cliente de forma personalizada.
- Si la consulta es telefónica, se prohíbe el empleo de contestadores automáticos o sistemas robotizados como medio exclusivo de atención. Los consumidores podrán pedir ser atendidos por una persona con formación especializada o un responsable superior, independientemente de que la comunicación se haya iniciado a través de robots.
- El 95 % de las llamadas tendrán que ser atendidas en un plazo de tres minutos de media.
- Se prohíbe derivar un teléfono gratuito a números que impliquen un coste para el cliente, ya sea vía telefónica, mediante mensajes de texto u otros para atender consultas.
A través de EFE
El portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, ha mostrado este martes su “preocupación” ante el índice de precios que ha diseñado el Ministerio de Vivienda, en manos del PSOE, como parte de la reglamentación de la ley estatal que se aprobó durante la legislatura pasada. Para Sumar, las horquillas de ese índice son “demasiado altas” y no van a servir para bajar los precios. “Hay una ley de vivienda aprobada en 2023 que queremos que se lleve a las últimas consecuencias”, ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso.
Errejón ha asegurado que la cuestión de la vivienda es un tema “central” en esta legislatura para el grupo parlamentario y ha avisado al PSOE de que en esto “no se puede titubear”. “Con el derecho a la vivienda de los españoles no se puede titubear. Equivocarse en esto puede comprometer el resto de avances sociales”, ha dicho en la rueda de prensa en la que ha asegurado que todavía hay tiempo para “negociar”.
Por Alberto Ortiz
El rey emérito Juan Carlos I ha salido del brazo de su hijo, Felipe VI, del funeral de Constantino de Grecia en el Palacio de Windsor, en Londres, este martes. Una imagen poco común, ya que desde su marcha repentina a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y con sus visitas a España, se ha evidenciado en los últimos meses un distanciamiento del actual rey.
A la celebración también han acudido otros miembros de la Casa Real, como la reina Letizia o la reina emérita Sofía.
El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha considerado este martes que al Partido Socialista le ha faltado “celeridad” a la hora de pedir al exministro de Transporte José Luis Ábalos su dimisión como diputado ante el escándalo de las mascarillas en su anterior departamento. “Nos hubiera gustado mayor celeridad y que este espectáculo se solucione pronto”, ha dicho el diputado del grupo parlamentario, que ha considerado que las informaciones que se están conociendo son “gravísimas”.
“Las informaciones que conocimos sobre posibles comisiones y enriquecimiento ilícito durante la pandemia son gravísimas. Lo decimos con la legitimidad moral de quienes lo dicen se tenga el carnet en el bolsillo que se tenga”, ha dicho Errejón, que ha considerado que este tipo de conductas son las que “alejan a la ciudadanía de la política”.
Por Alberto Ortiz
Ernest Urtasun ha anunciado este martes la aprobación del proyecto de ley a la creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos. El ministro de Cultura ha explicado que servirá para “aumentar de escala” de la estructura que hasta ahora supervisaba la actividad de las entidades de gestión colectiva de los derechos que genera la propiedad intelectual, a la que van a dotar de “un ente autónomo”. Una de sus funciones será precisamente realizar una “mayor supervisión y control” de estas entidades, como pueden ser SGAE, DAMA o AISGE.
“En el nuevo mundo digital y de la Inteligencia Artificial, los retos relacionados con la defensa de los derechos de autor y de la propiedad intelectual se han vuelto más complejos”, ha justificado Urtasun. Al haber “mucha más normativa” y “capacidad de supervisión”, el ministro ha definido como una “necesidad” la creación esta Oficina.
A través de ella esperan ofrecer igualmente un “mejor servicio público y más ágil, el registro de la propiedad intelectual, la gestión de conflictos y el arbitraje”. También la “observación y vigilancia” de estos derechos y “combatir” la piratería. Urtasun ha indicado que el nuevo ente les servirán para trabajar “mejor” en el tipo de medidas y regulaciones que les permitirán mejorar la defensa de los derechos de autor en el marco generado por la IA.
Este proyecto de ley es la segunda versión de un texto que ya había pasado por el Consejo de Ministros durante el mandato de Miquel Iceta; y que quedó paralizado. Urtasun ha solicitado ahora su “tramitación parlamentaria de urgencia” para “garantizar” su aprobación y que entre en vigor en el “menor plazo posible”.
Informa Laura García Higueras
“Es un caso de corrupción que supera con creces a Koldo García y supera con creces a José Luis Ábalos. No es el 'caso Koldo'. No es el 'caso Ábalos'. Es el 'caso Sánchez”. Así se ha expresado este martes el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha arremetido contra el presidente del Gobierno por su “responsabilidad política” ante la supuesta trama ligada al Gobierno y al PSOE que cobró comisiones ilegales en la compra de material sanitario durante la pandemia. “Nadie se cree que Koldo García, un asesor del Ministerio de Transportes que hacía labores de asistente de chófer o de protector, cerrara contratos millonarios con ramificaciones en varios ministerios y varias comunidades autónomas sin la supervisión de su jefe, el ministro José Luis Ábalos. Y nadie se cree que Pedro Sánchez desconociera lo que hacía una de las personas de su círculo más cercano”, ha sostenido.
Tellado ha asegurado que este caso es el único que hay en toda España, y por eso el PP rechaza la comisión de investigación parlamentaria registrada por el PSOE para analizar no solo los contratos de la trama que implica al PSOE, sino todos los que, según el Tribunal de Cuentas, pudieron usarse para cobrar comisiones ilegales o ejecutar estafas, como la que afectó al Ayuntamiento de Madrid. “No trate de esparcir las culpas y las sospechas a otros. Las sospechas están en el Ministerio de Transportes dirigido por el señor Ábalos en un periodo muy concreto. Y además, los sospechosos, los investigados, son personas del círculo más íntimo, más personal y político del señor Pedro Sánchez. Este es el 'caso Sánchez', y Sánchez está tardando en comparecer públicamente ante los medios de comunicación y explicar todo lo que sabe”, ha concluido.
Por Aitor Riveiro