El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado que espera que el acuerdo con el PP para renovar el Poder Judicial “no sea flor de un día” y que puedan entenderse con los de Feijóo “en otras muchas cosas”.
En una entrevista para la Cadena Ser, Sánchez ha calificado de una “muy buena noticia” el pacto para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial y ha indicado la voluntad del Gobierno de llegar a otros acuerdos con el PP, para cuestiones como reformar la Ley de Extranjería o la financiación autonómica, además del pacto de Estado contra la violencia de género.
El eurodiputado de Junts, Toni Comín, ha cargado contra el Tribunal Supremo por no amnistiar la malversación, una decisión que le afecta dado que está pendiente de extradición y juicio. Comín, que ha convocado a los periodistas en el Parlamento Europeo pero les ha advertido de que sólo respondería a preguntas sobre la decisión de la Junta Electoral de dejar vacante su escaño, ha asegurado que la maniobra del Supremo supone que se “insubordine al poder legislativo”.
“Mata la democracia”, ha dicho Comín, que el pronunciamiento del Supremo va en “contra de los principios del Estado de derecho”. “Es una vulneración gravísima de la separación de poderes”, ha rematado.
Por Irene Castro
La Junta Electoral Central ha impuesto este lunes una multa de 1.500 euros al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “por la realización de manifestaciones con contenido valorativo y electoralista, aprovechando los medios públicos de que disponía, en su referida condición, en la rueda de prensa celebrada en Doha el 3 de abril con motivo de su viaje oficial a Oriente Próximo”.
Así consta en una resolución de la JEC hecha pública este lunes. La instructora sostiene que Sánchez apoyó al candidato del PSC en las elecciones catalanas, Salvador Illa, durante una intervención como presidente del Gobierno, “provocando el consiguiente quebrantamiento del principio de neutralidad que todo poder público debe respetar durante el proceso electoral”.
La JEC también ha sancionado con 2.200 euros a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, por “quebrantar el principio de neutralidad que todo poder público debe respetar durante el proceso electoral, en aplicación del art. 50.2 de la LOREG, y la consiguiente merma del principio de igualdad entre las formaciones políticas contendientes en las elecciones que dimana del artículo 8.1 de la LOREG” por unas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 7 de mayo. Ambas sanciones administrativas son recurribles ante el Tribunal Supremo.
Por Aitor Riveiro
El juez instructor del procés, Pablo Llarena, ha decidido aplicar la amnistía al delito de desobediencia del que estaba acusada la líder de ERC, Marta Rovira, para anular la orden de detención que pesa sobre ella. El magistrado, que este mismo lunes ha rechazado amnistiar la malversación que afecta a Carles Puigdemont, entiende que ese delito sí encaja en el perdón de la ley y que los requerimientos que pesaban sobre Rovira desde hace años deben decaer.
Marta Rovira todavía está imputada en otra causa judicial relacionada con el procés: Tsunami Democràtic. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha intentado sin éxito varias veces que las autoridades suizas entreguen a la dirigente independentista acusada de terrorismo en el marco de las protestas masivas contra la sentencia del procés en 2019.
Por Alberto Pozas
Sumar ha aparcado de la agenda inmediata la celebración de la mesa de partidos de la coalición, tras el mal resultado de las elecciones generales, y ha asegurado que el proceso de reflexión y rearme del espacio será a ritmo “pausado”, “tranquilo” y “riguroso”.
El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha enfriado que la convocatoria de este foro se vaya a producir de forma inmediata y ha resaltado que ya se están produciendo, de forma discreta, conversaciones entre las distintas organizaciones que conforman al socio minoritario del Ejecutivo.
“No vamos a correr”, ha agregado en rueda de prensa este lunes respecto al horizonte para convocar dicha mesa de partidos, medida que fue anunciada tras el 9J y cuya primera reunión se preveía inicialmente de forma rápida barajándose incluso esta semana.
A través de Europa Press
Sumar no ve en riesgo la legislatura pese a la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont. “Eso no va a ocurrir”, ha dicho su portavoz, Ernest Urtasun, tras exigir que la justicia mantenga “la voluntad del legislador” y la ley se aplique en su totalidad.
En una rueda de prensa en la sede de Sumar, Urtasun ha señalado que sabían que la aplicación de la ley se enfrentaría a dificultades y ha insistido en que se tiene que respetar la voluntad del legislador. “La voluntad del legislador era una amnistía completa y en los términos en los que se votó, esperamos que la voluntad del legislador sea respetada”, ha dicho.
Igualmente, el portavoz se ha mostrado convencido de que esta resolución no va a afectar a la estabilidad de la legislatura porque, según ha señalado, “hay un bloque plurinacional” que está comprometido en sacarla adelante.
A través de EFE
La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que salga “a dar explicaciones” y “no a mentir” sobre la compra de Alberto González Amador, su pareja, de una empresa que era propiedad de un alto cargo de Quirón. La pareja de la líder madrileña pagó medio millón por la compañía, que facturaba menos de 30.000 euros.
“Aquí lo que hay es mucho tomate”, ha dicho Peña en rueda de prensa. “Nos tememos que falta mucho por conocer”, ha continuado, para exigir saber “con claridad qué movimientos de dinero se han producido”.
“Feijóo, hágase cargo del PP de Madrid por mucho miedo que tenga a acabar como Casado”, ha lanzado la portavoz socialista, que ha pedido al líder del PP que tome medidas. “La pregunta será si usted lo sabía y si usted lo tapó”, ha añadido.
La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha tildado este lunes de “falta de respeto a la democracia” el rechazo del Tribunal Supremo de no amnistiar la condena por malversación que pesa sobre el expresidente Carles Puigdemont y el resto de los condenados por el procés.
“Creemos que es una falta de respecto hacia la democracia, hacia la separación de poderes, hacia la ciudadanía en general, pero éramos muy conscientes de que sería una práctica que nos encontraríamos”, ha asegurado Sans en una rueda de prensa desde la sede del partido, instantes después de conocer la decisión judicial.
Sans ha remarcado que el rechazo a la amnistía no es ninguna sorpresa, y ha acusado a los jueces de “hacer política y no impartir justicia”. La portavoz ha añadido que la ley de amnistía se aprobó democráticamente y que al final los jueces “la deberán aplicar”.
A través de Europa Press
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha acordado que el CEO del Grupo Globalia, Javier Hidalgo, debe comparecer ante el juez Ismael Moreno como testigo en el ‘caso Koldo'. La Sala estima parcialmente el recurso presentado por la acusación popular Asociación Lieberum contra el auto del juez instructor que denegó la práctica de esta diligencia.
La Asociación Lieberum solicitó la práctica de esta testifical y la de la CEO de la empresa Wuakalua Huib. La Sala acepta únicamente la declaración como testigo de Hidalgo.
Frente al instructor que no consideró procedente la citación de Hidalgo, la Sala entiende que se trata de una diligencia útil y pertinente para el conocimiento exacto de los términos en los que produjo el transporte de material sanitario, en cuanto al “pago por tales servicios, incluidas las comisiones, y a quien se pagaron las mismas”.
El auto señala que el CEO de Globalia, como alegan los recurrentes, “obtuvo por los servicios de transporte aéreo prestados los pagos pertinentes de la mercantil investigada Soluciones de Gestión y al parecer pagó también una cantidad de dinero en concepto de comisión al investigado Víctor González de Aldama Delgado a través de la mercantil MTM 180 Capital S.L. Liberum, la asociación que ha reclamado la declaración de Hidalgo, también intentó sin éxito que fuera citada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
Por Pedro Águeda
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado este lunes la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación a vario de los principales líderes catalanes del procés para criticar al Gobierno por redactar mal dicha norma. “Solo ha tenido mayoría para aprobar una ley y por lo que se ve ni siquiera saben hacerla”, ha dicho durante un acto en Salamanca para reclamar una prueba de acceso a la universidad común para todas las comunidades autónomas.
Feijóo aprovecha así los argumentos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena, y del juez que instruye las causas contra Carles Puigdemont, Pablo Llarena, que aseguran en sendos autos que la amnistía no es aplicable porque, dicen, se ha aplicado una mala “técnica legislativa” en el Congreso.
Informa Aitor Riveiro
“En cualquier país cuyo Gobierno respeta la separación de poderes debería cesar a este señor inmediatamente”. Así ha pedido la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Pedro Sánchez que destituya al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, enfrentado con el máximo responsable de la Fiscalía a cuenta de su procedimiento judicial con Hacienda después de reconocer por escrito varios delitos.
“Ya ha decidido que el fiscal general del Estado, que depende de él mismo, no va a ser cesado”, ha asegurado en declaraciones a los medios en Salamanca, donde ha tildado a García Ortiz de ser “un hombre totalmente desprestigiado por la carrera judicial” y que “está demostrando que está al servicio del Gobierno”. Ayuso ha defendido a su pareja, Alberto González Amador, defraudador confeso, pero que según la líder de Madrid es víctima de “una inspección fiscal que ha sido troceada y se ha soltado por todos los medios de comunicación vulnerando su derecho a la defensa con una tropelía absoluta contra un ciudadano por ser la pareja de un adversario político”.
Hoy mismo, elDiario.es publica que Alberto González Amador pagó medio millón a un alto cargo de Quirón, y socio suyo en múltiples negocios, por una empresa que facturaba menos de 30.000 euros.
Por Aitor Riveiro