Más País-Equo ha registrado en el Congreso una enmienda a la Ley Trans con la que pretende endurecer la prohibición de las terapias de conversión contra personas LGTBI. La norma considera estas intervenciones una infracción “muy grave” multada con entre 10.001 y 150.000 euros, mientras que Más País-Equo reclama convertir su práctica en delito y castigar a las personas que loas realicen con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses.
La enmienda denomina a estas terapias Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG). Y las define como cualquier asesoramiento, práctica o tratamiento que parta de la premisa de que ciertas identidades son “menos deseables” que otras o tengan como objetivo “modificar, disminuir, reprimir, desalentar o suprimir” la orientación sexual, la identidad de género, el deseo sexual o los sentimientos románticos de una persona.
La propuestas rebaja la pena en caso de que la terapia se lleve a cabo “por imprudencia” y la aumenta a la pena superior en grado cuando se dirijan hacia menores de edad o personas vulnerables. Especifica, además, que no hará falta denuncia de la persona perjudicada y que su consentimiento o el de sus representantes legales “será irrelevante” para achacar responsabilidad penal.
Las formaciones consideran que en España se realizan terapias de conversión hacia personas LGTBI de forma “sistemática y alejada del escrutinio público”, pero “no han disminuido” a pesar de la aprobación en los últimos años de las leyes autonómicas que ya prevén multas. Por eso, creen que las sanciones económicas “para frenar a perpetradores apoyadas por redes influyentes y con gran capital económico”, citan en la enmienda, “no es eficaz, suficiente ni útil”.
Informa Marta Borraz.
Más País-Equo ha registrado en el Congreso una enmienda a la Ley Trans con la que pretende endurecer la prohibición de las terapias de conversión contra personas LGTBI. La norma considera estas intervenciones una infracción “muy grave” multada con entre 10.001 y 150.000 euros, mientras que Más País-Equo reclama convertir su práctica en delito y castigar a las personas que loas realicen con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses.
La enmienda denomina a estas terapias Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG). Y las define como cualquier asesoramiento, práctica o tratamiento que parta de la premisa de que ciertas identidades son “menos deseables” que otras o tengan como objetivo “modificar, disminuir, reprimir, desalentar o suprimir” la orientación sexual, la identidad de género, el deseo sexual o los sentimientos románticos de una persona.
La propuestas rebaja la pena en caso de que la terapia se lleve a cabo “por imprudencia” y la aumenta a la pena superior en grado cuando se dirijan hacia menores de edad o personas vulnerables. Especifica, además, que no hará falta denuncia de la persona perjudicada y que su consentimiento o el de sus representantes legales “será irrelevante” para achacar responsabilidad penal.
Las formaciones consideran que en España se realizan terapias de conversión hacia personas LGTBI de forma “sistemática y alejada del escrutinio público”, pero “no han disminuido” a pesar de la aprobación en los últimos años de las leyes autonómicas que ya prevén multas. Por eso, creen que las sanciones económicas “para frenar a perpetradores apoyadas por redes influyentes y con gran capital económico”, citan en la enmienda, “no es eficaz, suficiente ni útil”.
Informa Marta Borraz.