Antes de cerrar, te dejamos un repaso de los temas que han marcado la actualidad de este martes:

Moncloa revisará la ley del “solo sí es sí” tras las sentencias que rebajan las penas de abusadores sexuales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abogado por estudiar “con detenimiento” tanto las sentencias que han reducido las condenas por abusos sexuales como la propia norma. El objetivo de esa revisión es evitar que se produzcan casos como los conocidos en las últimas horas, en los que la justicia ha rebajado condenas por abusos sexuales tras la modificación legislativa.

La primera reunión entre el sindicato médico y el Gobierno de Ayuso termina sin acuerdo con la contratación de facultativos como principal “fricción”. La huelga de sanitarios continúa y aún se está muy lejos de llegar a un acuerdo. La Consejería de Sanidad insiste en que no hay médicos para contratar mientras que desde Amyts recuerdan que es necesario mejorar las condiciones laborales.

Yolanda Díaz reunirá en Valencia a Podemos, IU y Compromís en un acto de Sumar. Todos los partidos valencianos a la izquierda del PSOE acudirán este sábado 19 a la presentación de Sumar aunque, de momento, los propios partidos piden cautela a la hora de sacar conclusiones sobre una unidad de acción en torno al liderazgo de la vicepresidenta.

En el terreno internacional, Polonia investiga la posible caída de misiles rusos en su territorio. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha convocado una reunión de emergencia sobre la posible caída de misiles en una localidad del país cerca de la frontera con Ucrania este martes, una jornada en la que Rusia ha bombardeado con decenas de proyectiles el territorio ucraniano.

Esto es todo. ¡Hasta mañana!

El expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán recurrirá el auto por el que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha denegado su petición de suspensión de la pena de seis años y dos días de prisión impuesta por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas, según han confirmado a Europa Press fuentes de la defensa del expresidente autonómico.

En un auto emitido este martes, difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha resuelto las peticiones de suspensión de la pena de cárcel promovidas por las defensas de Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, el exdirector general de Trabajo Juan Márquez y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.

Tales peticiones de suspensión de las condenas a cárcel esgrimían principalmente las solicitudes de indulto parcial elevadas por los condenados al Ministerio de Justicia y los incidentes de nulidad planteados ante el Tribunal Supremo, que ante sus recursos de casación contra la sentencia inicial condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia, confirmó plenamente las citadas penas de cárcel salvo en el caso de Juan Márquez, respecto al cual redujo la pena de cárcel de siete años y un día de prisión a tres años, al apreciar la atenuante analógica de reparación del daño.

Al margen de reducir la pena de cárcel de Juan Márquez, el Supremo confirmó las restantes penas de prisión, avalando los seis años y dos días de cárcel impuestos por la Audiencia de Sevilla a Griñán.

En ese sentido, la Sección Primera de la Audiencia admite en su pronunciamiento “la carencia de antecedentes penales de los condenados”, pero por otra parte señala “la gravedad y extensión de las penas por las que han sido condenados, que impide la suspensión de la ejecución de la pena en todas las formas recogidas en el artículo 80 y siguientes del Código Penal”.

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, se ha preguntado este martes quién va a asumir responsabilidades en el Gobierno después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya admitido que se deben “estudiar” tanto las sentencias que han rebajado las condenas por abusos sexuales basándose en la ley del “solo sí es sí” como el propio texto legal.

“¿Revisar? ¿Quién va a asumir responsabilidades por la ley que salió del Consejo de Ministros?”, ha escrito Gamarra en su perfil de Twitter. En el mismo mensaje, la líder popular ha añadido una parte del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial que indicaba que “la reducción de los límites máximos de penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas conforme a la regulación vigente”.

Como te hemos contado en elDiario.es, la ministra Montero ha indicado hoy en declaraciones a los periodistas en el Senado que se requiere estudiar las sentencias y el texto legal de la ley del solo sí es sí, ya que el objetivo de la norma, ha asegurado, “no era que se pudieran rebajar las penas con motivo de abuso a menores, [sino] todo lo contrario”.

Sus declaraciones se han producido después de los tribunales madrileños hayan rebajado las penas de prisión a tres condenados por abusos sexuales a menores al considerar que la reforma del Código Penal resulta “más favorable al reo”.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha alegado este martes que el delito de malversación por el que está condenado el expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán no se aplica de manera “homogénea” y que hay “otras personas que se están paseando por la calle” por cometer el mismo delito.

En una entrevista en La Sexta, López ha esgrimido que las leyes no son “impecables” a la hora de su aplicación y ha puesto como ejemplo el caso de Griñán a quien la Audiencia de Sevilla le dio diez días este lunes para su ingreso voluntario en prisión tras ser condenado en el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas.

Según ha explicado el portavoz socialista, a Griñán “le han dicho que tiene que ir a la cárcel por un delito que se llama 'In vigilando'” mientras que --ha continuado-- “hay otras personas que se están paseando por la calle por exactamente lo mismo”, ha dicho en referencia velada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Con información de Europa Press.

Los jueces de Madrid estudiarán el próximo 25 de noviembre los efectos que la nueva ley del 'sólo sí es sí' sobre delitos sexuales tiene en los casos ya sentenciados y en los que todavía están por estudiar.

Según fuentes del Tribunal Superior de Madrid esta reunión de presidencias de las salas penales de la Audiencia Provincial fue convocada hace tiempo y es habitual cuando existe un cambio legislativo de este calado en el Código Penal.

La reunión se ha convocado para unificar criterios y ha trascendido este martes, tras la publicación de varios casos de delincuentes sexuales cuyas condenas se han visto rebajadas por la aplicación retroactiva de la nueva ley. Una norma que, entre otras cosas, recoge condenas más bajas para determinados tipos de abusos y violaciones.

Uno de estos casos ha sido el de un pedófilo cuya condena por abusar de su hijastra ha bajado de ocho a seis años de prisión. En su momento fue condenado a la condena mínima y la Audiencia de Madrid ha entendido que se le debe aplicar la nueva condena mínima establecida por Ley, dos años inferior.

Escribe Alberto Pozas.

El Ministerio de Igualdad ha desvinculado la rebaja de la pena impuesta a un pederasta por la Audiencia Provincial de Madrid de la ley del 'solo sí es sí' después de que ese tribunal redujera de ocho a seis años la condena de un hombre que abusó de su hijastra.

“El juez que revisa la sentencia no ha considerado que la Ley de Libertad Sexual en su artículo 181.2 establece las mismas penas que la ley anterior: de 5 a 10 años. Y no se puede rebajar un grado (como ha hecho la Audiencia Provincial de Madrid) cuando concurre (art 181.4) prevalimiento de una situación de superioridad, convivencia o parentesco, como es el caso”, han señalado fuentes del ministerio. “El problema no es la Ley de Libertad Sexual”, han añadido.

Como te hemos contado en elDiario.es, los jueces de este caso explican que en su momento a este hombre se le impuso la pena mínima y que la nueva norma obliga, por tanto, a imponerle la nueva condena mínima establecida legalmente de seis años de presidio. 

Desde el ministerio que dirige Irene Montero también recuerdan que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) advertía del sesgo machista en las decisiones judiciales. “Los estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa”, lo cual tiene consecuencias en el derecho penal, ya que “dan por resultado que los perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo de esta forma una cultura de impunidad”, asegura el comité.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este martes que la muerte de al menos 23 migrantes el pasado 24 de junio en el salto a la valla en Melilla “merece una investigación a fondo”, apuntando que “es posible” que en el desarrollo de las diligencias practicadas desde el Ministerio Público se pueda requerir “algún tipo de aportación probatoria”.

García Ortiz se ha referido de esta forma a la investigación abierta sobre lo ocurrido en Melillas después de que un documental de la BBC y un viaje de parlamentarios a la valla ha reabierto las críticas hacia la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que los socios del Gobierno y la oposición señalan por mentir.

El fiscal general ha precisado que están en fase “de análisis del material”, así como reclamar “otras diligencias si dicho análisis exige completar algo concreto”. Asimismo ha comentado que “no echa en falta nada” ahora, pero ha apuntado que es posible que en el desarrollo de las diligencias necesiten “algún tipo de aportación probatoria”.

“Eso no quiere decir nada, mas que seguimos investigando y lo intentamos hacer de la mejor manera posible para entender todas las difíciles circunstancias en las que se produjeron esos lamentables hechos”, ha precisado.

Como ya explicamos en elDiario.es, el Defensor del Pueblo cuestionó este lunes la versión de Interior sobre lo ocurrido en la valla de Melilla, al considerar que las imágenes oficiales evidencian que la Guardia Civil tenía conocimiento de la “situación de riesgo” en la que se encontraban los migrantes. La institución también considera que hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes.

Con información de Europa Press / elDiario.es.

El Pleno del Tribunal Supremo ha condenado a Banco Santander a pagar 5,7 millones de euros más intereses a una empresa por contratos de swaps encadenados contratados con Banco Popular, al considerar que, en el momento de ofrecer el producto financiero, la entidad no suministró a los demandantes la información necesaria para comprender lo que contrataban y sus riesgos.

Desde el despacho Zunzunegui Abogados, que ha defendido el caso, ha destacado que se trata de una de las mayores condenas del Tribunal Supremo por las prácticas de una entidad financiera y que, además, sienta doctrina sobre los swaps encadenados en perjuicio del cliente.

El Juzgado de Primera Instancia estimó íntegramente la demanda contra Banco Popular en su sentencia de 28 de marzo de 2018, declarando la nulidad de los contratos financieros y la debida restitución recíproca de las prestaciones. La Audiencia Provincial confirmó el fallo y Santander, como sucesora de Popular tras su absorción, presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En su sentencia de 27 de octubre de 2022, el Tribunal Supremo ha determinado que la acción de anulabilidad de los contratos estaba caducada en el momento de interponer la demanda, al haber transcurrido los cuatro años establecidos en el artículo 1301 del Código Civil, por lo que ha procedido a examinar la acción subsidiaria ejercitada de indemnización de daños y perjuicios.

A través de Europa Press.

El gigante estadounidense de la distribución minorista Walmart ha alcanzado un acuerdo para el pago de 3.100 millones de dólares (3.003 millones de euros) para resolver todas las posibles demandas en relación con la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, así como zanjar las posibles reclamaciones por parte de los gobiernos estatales y locales si se cumplen todas las condiciones.

En cualquier caso, la multinacional ha subrayado que el acuerdo no implica ninguna admisión de responsabilidad por parte de Walmart, que ha subrayado que “continuará defendiéndose enérgicamente” contra cualquier demanda que no se resuelva a través del marco de conciliación establecido.

De su lado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha señalado que el acuerdo zanja las acusaciones de que la compañía contribuyó a la crisis nacional de los opioides al no regular las recetas de estas sustancias en sus tiendas.

Además del pago de 3.100 millones de dólares, que se dividirán entre los estados y gobiernos locales firmantes para que se utilicen en el tratamiento, la recuperación y la reducción del consumo de opiáceos, el acuerdo incluirá una serie de requisitos que Walmart debe cumplir, incluyendo una mejora de la supervisión para prevenir la emisión de recetas fraudulentas y el control de recetas sospechosas.

“Durante décadas, la epidemia de opiáceos ha devastado comunidades aquí en Nueva York y en todo el país”, declaró la fiscal general de Nueva York, para quien las farmacias de Walmart desempeñaron un papel innegable en la crisis.

Con información de Europa Press.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha respondido este martes en el Senado a las críticas al PERTE del vehículo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien había pedido que se ampliara el plan de inversión de los fondos europeos a los vehículos de motor de combustión. “Lo que tiene que hacer el señor Feijóo primero es documentarse y leer”, ha replicado la también candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid.

“El vehículo electrificado es la primera opción de compra, llevamos dos meses consecutivos donde las matriculaciones de estos vehículos son la primera opción. El 13,2% de vehículos electrificados en las plantas españolas”, ha expuesto Maroto.

La ministra ha asegurado que “la opción de modernización es la ganadora”, frente a mantener la apuesta por el motor de combustión, como ha dicho Feijóo. “Fruto de ello hemos traído importantes inversiones y una gigafactoría en Sagunto por parte del Grupo Volkswagen”, ha recordado, para añadir otros proyectos derivados de los fondos europeos, como el del Grupo Maersk o Cisco System: “Estamos viendo los resultados”.

Escribe Aitor Riveiro.