Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a 61 personas en el paro de transportistas. Se trata de siete más que en el último balance, según las cifras actualizadas por Interior a las 08.00 horas de este miércoles. Por otro lado, hay 445 investigados, esto es, 46 más. Los convoyes escoltados, por su parte, ascienden a 5.757.
La huelga de transportistas entra este miércoles en su décima jornada, entre problemas en las cadenas de suministros de varios sectores, mientras se espera a que el Gobierno tome medidas para paliar los efectos de la escalada de los precios de los carburantes. Además, este martes, grandes empresas de alimentación y la industria pesada anunciaban que su producción peligra si continúan los paros.
El sector pesquero español ha valorado la “buena disposición” del Gobierno para hacer frente a la “situación crítica” que está sufriendo por el incremento de los costes de explotación, sobre todo del gasóleo, tras anunciar que les apoyará con ayudas, así como de los paros del transporte, que está afectando a su actividad.
El secretario general de Cepesca, Javier Garat, ha lamentado la falta de concreción y el desconocer hasta el próximo martes los detalles de las ayudas que irán en el Decreto Ley, que aprobará ese día el Consejo de Ministros, pero se ha congratulado de que se aceleren las ayudas de Bruselas y se pueda obtener un adelanto para no tener que esperar a la tramitación comunitaria.
“Hay una serie de costes que hacen que la actividad hoy en día sea inviable para muchos de los pescadores, porque salir a pescar cuesta mucho dinero y con los ingresos de la venta no se cubren los gastos. Además, no somos capaces de repercutir ese incremento al precio final de venta, por lo que estamos en una situación muy complicada y necesitamos ayudas inmediatas”, ha explicado sobre la situación de la flota nacional.
Garat ha explicado en rueda de prensa que en la reunión le han solicitado al Gobierno la exoneración de la cuota de la Seguridad Social, que se estaría estudiando, mientras que ha dado la “bienvenida” a la línea ICO, ya que considera que “muchas empresas van a necesitar la financiación en las próximos semanas”.
Respecto a la posibilidad de que se bonifique el gasóleo, Garat ha explicado que piden “ayudas suficientes” y ha reconocido que una referencia es la que ha adoptado Francia de reducir en 35 céntimos el precio del litro del diésel para la flota gala. “Una medida similar nos vendría a nosotros muy bien”, ha reconocido.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, ha calificado de “positiva” la reunión con el Ministerio, donde Planas “no ha rehusado hablar de ninguna medida”.
Informa Europa Press.
Un millar de personas se han manifestado en Barcelona este miércoles para reclamar el control de precios de la energía en una protesta convocada por los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, la confederación vecinal CONFAVC y las organizaciones de autónomos CTAC y Uatae.
Bajo el lema 'Frenamos los precios. Evitemos la pobreza', la marcha ha salido de plaza Urquinaona y ha continuado por la Via Laietana hasta plaza Sant Jaume para reclamar el control de precios y la reforma “urgente” del mercado energético. La protesta también ha instado a que se impulse la transición energética hacia las renovables, medidas fiscales equitativas que aumenten la aportación de las rentas más altas y que se equipare el precio del gasóleo profesional a los pequeños transportistas autónomos.
“Un problema estructural como la subida de precios de los carburantes y la luz solo se puede abordar desde el control de precios”, ha reclamado el secretario general de UGT en Catalunya, Camil Ros. Su homólogo de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha incidido en el control de precios de los hidrocarburos: “No es normal que las energéticas compren el petróleo a un precio y lo vendan por el doble, asfixiando a las pequeñas empresa”.
Informa elDiario.es/Catalunya.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige la líder de Podemos, Ione Belarra, ha especificado este jueves en que consistirá el denominado 'cheque energético' de 300 euros que ha planteado en el seno del Gobierno para incluirlo en el plan para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la invasión rusa de Ucrania. Fuentes del ministerio han explicado que se trata de “una ayuda directa destinada a las unidades de convivencia en lo que respecta a todos los usos energéticos, incluyendo la energía destinada a electricidad, calefacción, agua caliente sanitaria o cocina”. La ayuda tiene como finalidad “aliviar los efectos que sobre las rentas de las familias tienen los elevados precios de la energía, garantizando así su suministro”.
Las beneficiarias de esta ayuda serían “las unidades cuya renta conjunta anual no supere los 70.000 euros brutos anuales”. El 'cheque energético' se financiaría con cargo a los Presupuestos Generales del Estado aunque la gestión y el pago de las ayudas correspondería a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades con Estatuto de Autonomía. La ayuda sería además compatible “con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados”.
Escribe Iñigo Aduriz.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este miércoles, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, volver a permitir la venta y el consumo de bebida y comida en los estadios de La Liga Nacional de Fútbol Profesional y los de la competición de Baloncesto ACB.
Este acuerdo alcanzado en el día de hoy también ratifica, hasta un nuevo pacto del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el 100% de aforo para los estadios de fútbol de primera y segunda división y para los partidos de baloncesto de la ACB.
Sobre el consumo de alimentos y bebidas, el Ministerio de Sanidad ha explicado que se permitirá tanto el consumo como la venta en recintos deportivos siempre que se garantice también la sectorización de los puestos de venta en dichos recintos y que no se produzcan aglomeraciones.
Además, Sanidad explica que se podrá permitir el consumo de alimentos y bebidas, a través de un sistema itinerante o portado por ellos mismos, cuando el público permanezca en su propio asiento.
Con información de Europa Press.
Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han lanzado este miércoles un triple mensaje a la Unión Europea, al Gobierno y a la patronal. A Bruselas le han pedido que tome medidas para acabar con un sistema de regulación de precios de la energía que consideran injusto. Al Ejecutivo, que acompañe el paquete de ayudas económicas previsto para la semana que viene de políticas sociales para los ciudadanos y las familias más vulnerables. Y a la patronal le han advertido que no se resignarán a que los trabajadores y las trabajadoras pierdan poder adquisitivo.
“No nos vamos a resignar a que esta crisis la paguen los trabajadores” aseguró el secretario general de CCOO, Unai Sordo, al inicio de una marcha en Madrid, que ha sido convocada en otras 58 ciudades para denunciar que la escalada de los precios. Sordo ha afirmado que “Europa se enfrenta a un reto similar al que se enfrentó cuando tuvo que decidir si se ponían en marcha los fondos de recuperación” por la pandemia.
Al Gobierno le ha pedido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, “medidas para que la crisis no recaiga sobre los de siempre” y ha reclamado “medidas para aquellas familias que se quedan en el camino” ante el alza de la inflación, de los alquileres y de la electricidad.
Informa David Noriega.
La Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una proposición no de ley presentada por el PDeCAT que insta al Gobierno a que el Boletín Oficial del Estado (BOE) se vuelva a traducir en las distintas lenguas cooficiales y que sea el Estado quien asuma el coste correspondiente.
“Si realmente aceptamos que vivimos en un Estado plurinacional y con diferentes lenguas cooficiales, lo normal es que los ciudadanos podamos acceder a la legislación que se publica en el BOE en nuestra lengua”, ha defendido durante la comisión el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel. La iniciativa ha contado con el apoyo de los partidos del Gobierno y de los principales socios parlamentarios del Ejecutivo.
Informa Iñigo Aduriz.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) se han congratulado este miércoles de que el Gobierno esté dispuesto a desarrollar una ley que regule el secreto profesional de los periodistas.
Así lo han indicado en un comunicado conjunto ambas organizaciones, que han iniciado una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios para pedirles que desarrollen la previsión recogida en el artículo 20 de la Constitución.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha asegurado hoy que el Gobierno está dispuesto a desarrollar una ley que regule el secreto profesional de los periodistas, “si hay disposición parlamentaria” para ello.
El diputado del PNV Mikel Legarda ha abogado este miércoles en el Congreso por la nueva ley para evitar casos como el “encausamiento” del director y fundador de elDiario.es, Ignacio Escolar, y la periodista Raquel Ejerique, por las informaciones publicadas por este diario sobre el 'caso Máster' de Cristina Cifuentes.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, viajará a Marruecos el 1 de abril tras retomar las relaciones diplomáticas después de que Pedro Sánchez asumiera un cambio histórico respecto a la posición histórica de España en el Sáhara. “En el orden del día que estamos perfilando está la normalización completa de las conexiones con España, incluidas las marítimas, y la Operación Paso del Estrecho que empezaremos a diseñar ese mismo día”, ha dicho en su comparecencia en el Congreso. Marruecos dejó los puertos españoles fuera de las últimas campañas que suponen un importante flujo de personas que regresan al continente desde Europa en los periodos vacacionales.
Al igual que ha hecho esta mañana Pedro Sánchez, Albares ha puesto en énfasis en la necesidad de acabar con la “tensión” con el reino alauita, aunque ha asegurado que ha habido una “interlocución continua y discreta” en este tiempo con la que “la seguridad de los españoles ha estado en todo momento garantizada”. No obstante, ha asegurado que era un nivel de cooperación que debía reforzarse.
Informa Irene Castro.
La Comisión Europea ha aprobado este miércoles la activación del fondo de crisis para los agricultores, del que España recibirá 64,5 millones de los 500 millones de dotación, y además ha dado el visto bueno a la utilización de tierras de barbecho para el cultivo, como parte del plan de acción de seguridad alimentaria para reducir el impacto de la invasión militar Rusia en Ucrania en el sector.
“Tenemos que prevenir cortes globales de alimentos y de producción por eso parte de nuestra comunicación se centra en hasta qué punto la UE puede trabajar en reducir esta brecha en la producción”, ha señalado el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en rueda de prensa en la que ha matizado que esta medida es la respuesta a la petición efectuada por los líderes de la UE en Versalles sobre seguridad alimentaria.
En concreto, Bruselas ha dado el visto bueno a la activación del artículo 219 de la Organización Común de Mercados Agrarios, que permite poner en marcha el fondo de crisis para el sector agrícola dotado de 500 millones de euros, en línea con la petición efectuada este lunes por los ministros de Agricultura de la UE.
España será el segundo país de la UE que más dotación reciba de este fondo, que complementará con ayudas de Estado, igual que otros Estados miembro. El Gobierno definirá con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias los sectores más afectados por las perturbaciones de mercado.
El Colegio de comisarios ha dado su beneplácito a la derogación excepcional y temporal de los terrenos ecológicos, lo que permitirá flexibilizar el uso de los terrenos de barbecho para cultivar alimentos y piensos, dando respuesta a una petición que España y Portugal habían hecho en febrero para dar respuesta a la seguía en la península.
Informa Europa Press.
Las patronales CEOE y Cepyme han pedido este miércoles al Gobierno que “clarifique y detalle con la máxima urgencia” las medidas que prevé adoptar para frenar la subida de los costes energéticos y la espiral inflacionista, así como para poner fin al bloqueo de las carreteras, “que está ocasionando ya desabastecimientos a la población y paralizando la actividad económica, y que, como resultado, amenaza con una gran crisis económica y social”, denuncian.
“Es preciso que las acciones sean rápidas, concretas y efectivas”, subrayan ambas organizaciones en un comunicado difundido tras la reunión de la Junta Directiva de la CEOE.
Las patronales denuncian que aún no se sabe cómo se va implementar el paquete de medidas acordado con el sector del transporte, por lo que ha instado “de forma taxativa” al Gobierno a que mañana, en la cuarta reunión que va a tener lugar con el Ministerio de Transportes, se detallen “de una vez” las cuestiones relativas a las ayudas directas en céntimos/litro al combustible, en línea con las puestas en marcha por otros países de la UE, para que el transporte pueda operar con normalidad. “No es una cuestión aplazable por más tiempo”, advierten.
CEOE y Cepyme recuerdan al Gobierno que en otros países, como Francia, Italia o Portugal, se han desplegado ya planes anticrisis “precisos” y con una fecha de puesta en marcha prevista.
“Es difícil de comprender que no se haya actuado con mayor contundencia y rapidez frente a los bloqueos de los suministros y en favor de aquellos que no pueden mantener su actividad por ello”, denuncian.
Las patronales avisan de que ya son mayoría los sectores empresariales que se encuentran en una situación “insostenible”. Así, argumentan que la industria está empezando a parar sus hornos; el campo y la pesca y todo el sector agroalimentario viven una “auténtica pesadilla”, y el comercio sufre un desabastecimiento “alarmante”.
Informa Europa Press.