Sánchez pide junto al alemán Scholz y el portugués Costa el voto para Macron frente a Le Pen

El Principado de Asturias ha decidido mantener la recomendación del uso de mascarilla en interiores, a pesar del Real Decreto publicado este miércoles que permite no usar la mascarilla en espacios cerrados salvo en el transporte público, los centros o los establecimientos sanitarios y las residencias de mayores.

Se convierte así en la primera comunidad autónoma que ha decidido mantener el tapabocas “mientras continúe la actual situación epidemiológica”, según ha comunicado el gobierno autonómico esta mañana.

Además, Asturias, que el pasado domingo entró en riesgo alto por los indicadores de ocupación hospitalaria, ha decidido ampliar la realización de pruebas diagnósticas para detectar la COVID-19 en personas menores de 60 años a partir del criterio de los médicos que las atiendan. Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias ha considerado que las medidas adoptadas por el principado corresponden al “escenario previsto” en este “periodo de transitoriedad” en la nueva estrategia anti COVID.

Con información de EFE.

Vox ladra pero nunca muerde. Al menos al Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. La formación de extrema derecha ha retirado a última hora de este jueves la enmienda a la totalidad contra la Ley de Autonomía Financiera de Ayuso que pretende “blindarse” ante una hipotética armonización fiscal del Gobierno. Vox había amenazado con tumbarla alegando que estaban en contra de las autonomías. Este jueves han decidido retirar su enmienda pese a que la consideran una enmienda “inocua y fake”.

Así lo ha trasladado el portavoz económico del partido de Santiago Abascal en la Asamblea de Madrid, José Luis Ruiz Bartolomé, en el Pleno. “Con la izquierda no vamos ni a heredar”, ha asegurado, pese a que durante semanas y esta misma mañana no estaban dispuestos a retirar su enmienda.Lo que no explican desde PP y Vox es si ambas formaciones han llegado a algún acuerdo para retirar la enmienda. 

La formación de extrema derecha sin embargo ha asegurado que la ley “no sirve para lo que el Gobierno dice que sirve: ni blinda a la Comunidad de Madrid de ningún ataque del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni reduce impuestos a los madrileños”.

Escribe Fátima Caballero.

Juan Lobato Valero, padre del portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, asesor jurídico de los Servicios Funerarios de Madrid, ha señalado este jueves que desconocía “por completo” el convenio de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid judicializado y le ha exigido disculpas públicas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por vincularle en el proceso de la autorización de la compra.

En rueda de prensa en la sala de prensa del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, el padre de Lobato, acompañado de su hijo, ha explicado que la empresa en la que trabaja depende del Ayuntamiento de Madrid y que, en plena pandemia, se decidió que fuera esta la que gestionara el pago del material sanitario, como mascarillas o guantes por medio, de un convenio.

“A fecha de hoy desconozco por completo su contenido, al igual que el jefe del departamento de contratación de la empresa, porque no tuvieron a bien que fueran los servicios jurídicos de la empresa los que informarán del convenio. Supongo, obviamente, porque lo habrá hecho el Ayuntamiento”, ha expuesto. En este punto, ha subrayado que el Consistorio decidió ir seleccionando, él desconoce concretamente “quién”, a cada uno de los proveedores y una vez se seleccionaba se remitía una notificación a la empresa pública.

“Lo gestionaba el director financiero que lleva, como saben, tanto la contratación como la parte comercial de la empresa para efectuar el pago. Doy por supuesto que el pago se haría después de un informe preceptivo de la Intervención del Ayuntamiento”, ha explicado. Según ha explicado, la empresa funeraria se limitaba a pagar la cuantía correspondiente, por lo que si el servicio jurídico no sabe cuál es el contrato ni el contenido del convenio ni qué mascarillas han llegado “no pueden saber si se corresponde o no con lo ofertado y con lo entregado”.

El padre de Lobato ha reconocido que participa en la mesa de contratación de la propia empresa en lo relacionado, por ejemplo, con los coches fúnebres, pero no en los contratos de emergencia, los cuales se hacen mediante “adjudicación directa desde el Ayuntamiento, sin mesa ni acta ni nada parecido”.

Informa Europa Press.

“Vamos a construir el Podemos más fuerte para que si Yolanda [Díaz] lo decide pueda ser candidata y podamos ser la fuerza mayoritaria del Gobierno de coalición progresista”. Con estas palabras se ha expresado este jueves la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la salida de la presentación del libro 'Yolanda Díaz. La dama roja', de los periodistas Manuel Sánchez y Alexis Romero, en la que ha coincidido con la propia vicepresidenta. 

Montero ha compartido además la tesis del presidente del Gobierno y ha asegurado que el próximo Ejecutivo “será un Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos o de la derecha y la extrema derecha”. A su juicio, “Yolanda pueda ser presidenta”. 

Escribe Iñigo Aduriz.

El presidente de la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), Juan Abarca, ha indicado este jueves -durante la presentación del Informe anual 'Sanidad privada, aportando valor'- que el deterioro de la sanidad pública “está arrastrando a la sanidad privada”, según ha informado EFE. 

Abarca ha expresado su preocupación “por la deriva del sistema sanitario público después de la pandemia” y ha cuestionado a las autoridades sanitarias por no reaccionar ante las señales de alarma que presenta este sector.  

Ha calificado, además, de “ineficiente, burocratizado y sin flexibilidad” al sistema sanitario público y ha destacado que si la sanidad privada está creciendo al 6% es porque “la sanidad pública no funciona”.  

Por su parte, Marta Villanueva, directora general de la Fundación, ha sostenido que “la Atención Primaria no da cumplimiento al acceso y los usuarios van a la privada”. Por eso, ha resaltado que “si la sanidad pública va mal, se desvirtúa el sentido de la sanidad privada, que no está para suplir las carencias de la pública. La privada es complementaria, no una alternativa”.

La congestión de la sanidad pública con la COVID-19 da el mayor empuje a los seguros privados de salud en una década

El Parlament de Catalunya creará un grupo de trabajo, con diputados y expertos, para analizar las posibles vulnerabilidades y el grado de protección de los dispositivos informáticos que usan los diputados en su día a día. El legislativo catalán se suma así a la iniciativa tomada por el Parlamento Europeo, que también ha ofrecido a sus miembros analizar sus teléfonos después de conocer el caso de espionaje a políticos catalanes.

Este nuevo grupo de trabajo es una de las medidas adoptadas por la Cámara que preside Laura Borràs, pero no será la única. La Mesa también aprobó crear un servicio de protección contra el espionaje al propio Parlament, además de celebrar unas jornadas formativas de ciberprotección para los diputados y trabajadores de la institución.

Al menos 21 diputados o exdiputados de la Cámara catalana aparecían en el informe realizado por Citizen Lab como víctimas de los intentos de espionaje con el programa Pegasus, entre ellos la actual presidenta y el expresident Roger Torrent. La Cámara también decidió este jueves presentar una denuncia en nombre de los representantes en el cargo y emitió una declaración de sus representantes.

Informa Arturo Puente.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, preguntará el próximo miércoles a la ministra de Defensa, Margarita Robles, “qué artículo de qué Ley” le impide ofrecer en el Parlamento datos sobre el uso del programa Pegasus por parte del Estado.

Esteban ha registrado este jueves por la tarde esta pregunta que realizará en el pleno de control al Gobierno del miércoles de la próxima semana, después de haberse reunido en Madrid con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, por el caso de espionaje a líderes independentistas a través de Pegasus.

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, que tras la reunión ha mostrado su “profunda preocupación” por esta trama y ha anunciado que apoyarán todas las iniciativas encaminadas a esclarecerla, pretende que Robles aclare “qué artículo de qué Ley le impide dar datos a este Parlamento sobre el uso del programa Pegasus por parte del Estado”.

Aitor Esteban interpelará a la ministra de Defensa sobre esta cuestión después de que se amparara en la Ley para rehusar confirmar o desmentir si el CNI espió a través del sistema Pegasus a políticos independentistas.

Informa Europa Press.

El diputado del PSOE por Gipuzkoa, Odón Elorza, ha afirmado este jueves que el ciberespionaje “socava los principios del Estado de Derecho” y que por ello, “la democracia debe responder, en especial en el Congreso”.

Así se ha expresado el socialista a través de sus redes sociales sobre el espionaje a políticos y activistas del independentismo catalán a través de la herramienta Pegasus, a la que solo pueden acceder los servicios de Inteligencia.

Elorza ha considerado que se debe responder “con mecanismos de investigación, transparencia, control parlamentario y rendición de cuentas”. Mientras, el Gobierno insiste en que no puede dar explicaciones, aunque el miércoles el Ejecutivo dijo que puede dar dicha información en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, bloqueada en el Congreso.

El exvicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha presentado este jueves su renuncia como diputado por Málaga en el Congreso, como ya dijo que haría tras la baja de Casado. Será sustituido previsiblemente por el número 4 del PP en Málaga, Ángel González Muñoz.

El pasado 2 de marzo, Montesinos, uno de los últimos fieles de Pablo Casado, ya anunció que dejaría la política tras el congreso extraordinario del partido, que trajo consigo la nueva dirección del partido después de la crisis de la organización.

“He trasladado a Pablo Casado mi decisión de dejar la vida política tras el congreso del PP. Ha sido un auténtico honor ser diputado por mi tierra, Málaga. Estoy muy orgulloso de haber formado parte del proyecto de Casado y deseo lo mejor a la próxima dirección del partido”, dijo entonces.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que “si tuviera que votar el domingo” en las elecciones francesas “votaría a Macron” aunque, “al minuto siguiente” comenzaría a trabajar “por un proyecto con un horizonte de futuro”. En un mensaje compartido en su perfil de Twitter, Díaz ha incluido un vídeo de su intervención ayer en la Universidad de Santiago de Compostela. “El futuro no pasa entre tener que elegir entre lo malo y lo peor. El futuro es vuestro y no va de elegir a Macron o a Le Pen. Eso es decirle a la ciudadanía libre que tiene que resignarse. No tenemos mucho más”. 

Díaz ha defendido que “hace falta una alternativa para ensanchar la democracia” y ha suscrito el mensaje de la juventud francesa que dice, “con razón” que “la política del mal menor conduce al desastre”.

“El futuro tiene que pasar por los servicios públicos, por las escuelas infantiles, por la gente joven, por la alegría, por el derecho a ser felices, por el derecho a trabajar para tener vidas dignas y no a vivir para trabajar con vidas indignas”, decía en el vídeo que acompañaba a su mensaje.

El Ministerio de Transportes, la Comunidad de Madrid y los tres ayuntamientos implicados (Madrid, Rivas y Coslada) van a firmar próximamente un convenio para el realojo de las miles de familias que siguen en la Cañada, ha informado este martes la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, en la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa tras reunirse con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

La intención, ha explicado, es que todas las administraciones se comprometan a aportar cantidades iguales en ese convenio con la dotación suficiente de dinero para realojar a 2.000 familias afectadas, que son las censadas, para desmantelar por completo la Cañada Real, los sectores del III al IV, el más conflictivo.

El importe de los realojos ascenderá a más de 200 millones a lo largo de sucesivos ejercicios para que estas familias tengan una vivienda digna.

A preguntas de los periodistas, la representante del Gobierno central en Madrid se ha mostrado “plenamente consciente” de la situación que están atravesando actualmente en varios sectores de la Cañada por falta de luz desde hace año y medio, pero ha añadido que no es su competencia. “Es una situación insostenible y la Comunidad tiene las competencias de Asuntos Sociales y Energía. La única solución a la Cañada son los realojos, darles carta de naturaleza. Los asentamientos son ilegales y se tiene que dar la dignidad a una vivienda”, ha concluido.

A través de Europa Press.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha insistido en que la prioridad de su formación es que “los madrileños recuperen el dinero que unos sinvergüenzas se llevaron por la irresponsabilidad del alcalde”. Lo ha dicho en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, en la que ha asegurado que también es importante que Almeida y su equipo paguen la responsabilidad política del caso mascarillas. “¿De verdad es Elena Collado la que tenía todo el peso de estos contratos y la que tomaba las decisiones?”, se ha preguntado.

Cuestionada sobre las afirmaciones de Almeida, que ha dicho que la oposición fue negligente por apoyar los contratos, Espinar ha declarado que “es mentira” y ha añadido que el alcalde “tiene que serenarse”. “Tiene que dar la cara y pedir perdón y luego ya dar las explicaciones sin contradecirse”, ha expresado, para subrayar que en su partido tienen “todas las actas” que demuestran que la oposición “no conocía todos esos contratos”.

Espinar ha terminado mostrándose “convencida” de que Almeida y su equipo tienen responsabilidad política. Así, ha repetido que “lo que estamos viendo cada día” es que hay una “familiaridad” entre los comisionistas y el Ayuntamiento y que el alcalde “no da la cara”. “¿Qué está ocultando para no salir y dar las explicaciones claras? Si no tiene nada que ocultar, que dé la cara”, ha remachado. “No me queda más remedio que pensar que aquí hay responsabilidades políticas, y muchas”, ha terminado.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha confirmado este jueves que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, todavía no ha designado a la persona que negociará con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato va camino de sumar su cuarto año caducado. Pese a que Feijóo se comprometió hace 15 días con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a retomar las conversaciones para poner fin a la anomalía constitucional, el 'número tres' del partido ha señalado hoy que aún les llevará “unos días” decidir quién será el interlocutor del Ejecutivo.

“En los próximos días, el presidente Feijóo al presidente del Gobierno le comunicará quién es la persona que hará de interlocutor para hablar de esta cuestión, que también creemos que es importante que se produzca”, ha manifestado en una entrevista en la cadena Cope recogida por Europa Press. En las filas del PP apuntan a que ese papel podría recaer en el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, o en la secretaria general, Cuca Gamarra.

Bendodo se ha escusado en que “lo más importante” es la situación económica que atraviesa España. Pero en la reunión en la Moncloa de hace dos semanas Feijóo no llevó una propuesta económica concreta, tal y como reconoció. De hecho, 15 días después apenas la ha esbozado sin detallar cifras ni consecuencias para la recaudación del Estado.

A lo que sí se comprometieron ambos fue a reanudar las conversaciones para renovar el CGPJ y, de paso, permitir la sustitución de los magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato se extingue el próximo mes de junio. El interlocutor del Gobierno está claro: el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El del PP todavía no está elegido, lo que retrasará el inicio de la negociación, cuyo límite será precisamente esa fecha del 12 de junio cuando se debería renovar el Alto Tribunal.

Escribe Aitor Riveiro.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha pedido una “rotura de las relaciones” del Govern con el Ejecutivo español por el presunto espionaje a líderes independentistas que suponga un punto de inflexión.

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4 este jueves, ha pedido al independentismo “pasar a la siguiente fase” como, a su juicio, contemplaba el acuerdo de Govern entre ERC y Junts ante un posible fracaso de la mesa de diálogo. “¿Cómo puedes dialogar con quien te espía? Quien te espía es evidente que no quiere dialogar, porque espiar es todo lo contrario”.

Borràs ha descrito la mesa de diálogo como “una trampa, un producto muy pensado en su momento para conseguir la investidura” del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha considerado que no ha dado resultados.

Asimismo, ha equiparado el posicionamiento de los gobiernos de PP y del PSOE ante el independentismo, ante lo que ha pedido unidad: “Los gobiernos españoles, sean del PP o sean del PSOE, se comporten exactamente igual en la lucha contra el independentismo catalán”.

A través de Europa Press.

“Han tardado más de tres semanas en enviarnos esta propuesta cuando al Gobierno nos exigían de un día para otro”. Así ha comenzado su respuesta la portavoz, Isabel Rodríguez, a la pregunta de qué le parece al Ejecutivo el plan de bajada de impuestos sin concreción que presentó Alberto Núñez Feijóo este miércoles. “Va en contra de la dirección y del planteamiento del FMI. Estas propuestas no paliarían el problema de la inflación. Va en contra de la indicación del Banco de España”, ha proseguido en una entrevista en TVE antes de zanjar: “Son respuestas del pasado”. 

Rodríguez ha recordado que el plan de choque aprobado por el Gobierno y que tendrá que avalar el Congreso la próxima semana “va en la dirección de nuestros tiempos, no de siglos pasados” al incluir medidas como ayudas directas o bonificaciones al combustible y también ha defendido que es la “línea” que están aplicando otros países europeos. La portavoz de la coalición ha reprochado que Feijóo haga mención a exidirigentes del PP como artífices del “milagro económico español” que ha recordado que “algunos terminaron en la cárcel”. Rodríguez ha pedido “responsabilidad” al PP para que apoye el decreto ley en el Congreso: “Deseo que para que se perciba ese cambio espero que el PP esté del lado de la mayoría de españoles”.

Escribe Irene Castro.

Feijóo plantea una rebaja masiva de impuestos sin detallar cifras ni cómo afectaría a los ingresos del Estado

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha respondido que “conviene no frivolizar con esto que es la estabilidad del país” al ser preguntada en TVE por la amenaza de ERC de retirar el apoyo a la coalición ante la revelación de que unas 65 personas fueron espiadas a través del sistema Pegasus, un software que solo está disponible para gobiernos. No obstante, Rodríguez ha puesto “en valor el esfuerzo que el presidente de la Generalitat ha hecho, como lo ha hecho el Gobierno para devolver tranquilidad, recuperar normalidad y encauzar un conflicto político” cuando el presentador le ha dicho si estaba acusando a ERC de “frivolizar” con esa amenaza.

Rodríguez ha reiterado que “el Gobierno no tiene nada que ocultar” y que en España solo se intervienen las comunicaciones cuando hay una resolución judicial. También ha insistido en que “no se puede poner en cuestión” la “voluntad” del Gobierno por resolver por la vía política el conflicto en Catalunya.

En cuanto a la comisión de investigación que han impulsado varios aliados parlamentarios del Gobierno, entre ellos ERC, PNV y Bildu, y que Unidas Podemos pretende apoyar, la portavoz ha dicho que los grupos pueden hacer un “legítimo ejercicio de la potestad en ese ámbito del Parlamento”, pero ha dicho que la “posición del Gobierno es trabajar la vía más adecuada y ajustada a la ley”.

Informa Irene Castro.

El hackeo a los independentistas usó mensajes falsos de ONG, instituciones públicas y medios de comunicación

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha evitado dar por rota la legislatura con Sánchez tras el presunto espionaje a los líderes del procés, pero ha pedido reunirse “cuanto antes” con él. En esa línea se ha pronunciado en declaraciones al Hoy por Hoy de la SER, en las que ha admitido que se ha comunicado con el presidente del Gobierno por mensaje y que, aunque de ellos se desprende “un cierto compromiso a solucionar la situación”, este caso “no se soluciona con palabras” ya que “es grave”. “Necesitamos garantías de que no está pasando ahora y no va a pasar en el futuro”, ha expresado.

A preguntas sobre si dejarían de apoyar al actual gobierno, Aragonès ha afirmado que “la pelota” no está en el tejado de ERC, “sino en el de el Gobierno del Estado”. “No somos los espías, somos los espiados”, ha subrayado, para añadir que al presidente del Gobierno le “exige” “explicaciones y transparencia”. “Después ya se evaluarán las responsabilidades”, ha respondido a la cuestión sobre si el líder del Ejecutivo debe o no dimitir, como ha pedido Laura Borrás, o si, como ha dicho Echenique, tienen que rodar cabezas por este asunto.

Sobre las explicaciones del Gobierno, Aragonès ha insistido en repetidas ocasiones en que son “insuficientes” y, concretamente, las de la ministra de Defensa, Margarita Robles, “contraproducentes para recuperar un mínimo de confianza”. El president de la Generalitat ha repetido que se ha producido una “infiltración masiva” con un software que solo tienen los Estados y ha subrayado que hay que “aclarar” si el CNI ha estado detrás o ha habido una decisión judicial. “¿Pensar diferente del marco constitucional vigente es delito?”, se ha preguntado, “¿es un indicio suficiente para que invadan tu privacidad? Queremos saber quién es este alguien, por orden de quién actuó y qué datos ha obtenido”, ha remachado.

Aunque Aragonès ha expresado que “no está diciendo” que el Estado esté detrás de los espionajes, ha afirmado que “esto apunta a España”, porque “¿qué Estado puede estar interesado en espiar a personas vinculadas con el independentismo?”. “Sabemos que el CNI adquirió este software”, ha recordado. “A partir de aquí es imprescindible que haya todas las explicaciones, transparencia y asunción de responsabilidades. Cuando sepamos, será el momento de tomar decisiones”, ha repetido.

El caso del espionaje en Catalunya expone las carencias en el control del CNI