“Creo que como mínimo debería haber una comisión de investigación”, ha respondido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a la pregunta de los periodistas sobre qué debería ofrecer el Gobierno para que sus trece diputados apoyen el plan de choque de respuesta a la guerra que se vota este jueves y que en este momento está en el aire después de que los republicanos y EH Bildu hayan dejado en el aire su apoyo y de que el PP mantenga la incógnita. “El único idioma que entiende el PSOE es tumbarle la agenda legislativa”, ha advertido Rufián tras su ‘cara a cara’ con Pedro Sánchez.
El Gobierno sostiene que en una comisión de investigación no se podrían dar demasiados detalles dado que lo prohíbe la ley que regula el CNI y por eso remite todas las explicaciones a la comisión de gastos reservados, que se reúne a puerta cerrada. Pero esa opción no convence a los aliados parlamentarios, ni siquiera al PNV, que además de reclamara la comisión de investigación ha pedido cambiar esa ley y desclasificar la documentación del ‘caso Pegasus’.
Informa Irene Castro.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha depositado este miércoles por la tarde en la sede del PP los avales necesarios para presentar su candidatura a presidir el partido en Madrid en el Congreso extraordinario regional que se celebrará los días 20 y 21 de mayo.
Ayuso ha presentado 150 avales, al margen de los que puedan llegar desde los diferentes puntos de la región hasta que finalice el periodo de recogida, han informado desde el PP en un comunicado. Según marcan los estatutos de la formación, para presentarse es necesaria la firma de, al menos, 90 afiliados al corriente de pago, que respalde la candidatura de quien quiera optar a la presidencia.
La presidenta, que presentará su candidatura en un acto este domingo, cuenta con el aval de diputados de la Asamblea de Madrid, concejales del Ayuntamiento de la capital, incluido el del alcalde, José Luis Martínez- Almeida, así como diputados nacionales y senadores por Madrid.
Por Europa Press.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado este miércoles que el Gobierno solicitará “esta misma semana” el segundo pago de los fondos europeos 'Next Generation EU', que supone el desembolso más elevado de recursos, con un total de 12.000 millones de euros, y que están ligados al cumplimiento de algunos de los hitos de mayor trascendencia del Plan de Recuperación, como es la aprobación de la reforma laboral.
“Esta misma semana vamos a pedir el segundo pago a la Comisión Europea”, ha avanzado la vicepresidenta primera en una entrevista en el programa 'Más Vale Tarde' de La Sexta, recogida por Europa Press.
Aunque el 'shock' causado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha golpeado a la economía europea, el Ejecutivo mantiene su voluntad de que el Plan de Recuperación alcance una “velocidad crucero” en su despliegue, para lo que ha previsto movilizar durante el primer semestre del año convocatorias por 24.000 millones de euros.
Informa Europa Press
El periodista que destapó el caso del espionaje a 66 dirigentes independentistas con la herramienta Pegasus, Ronan Farrow, ha contestado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien dijo este martes que no conocía The New Yorker, la revista en la que salió publicado el reportaje: “Aquí tiene más información”, le ha dicho Farrow.
A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el periodista ha respondido a las declaraciones de la titular de Defensa en el Senado. Robles insistió en que el Gobierno actúa “cumpliendo escrupulosamente la legalidad” y prefirió no opinar “sobre medios de comunicación” ni “sobre informes privados”. “Usted habla del New Yorker, yo no conozco ese medio de comunicación”, dijo en la sesión de control al Gobierno.
Pilar Llop, ministra de Justicia, ha firmado este miércoles el decreto de convocatoria de 245 becas, dotadas con 1,6 millones de euros en total, para opositores a la judicatura. La convocatoria, afirma Justicia, arrancará en el segundo trimestre del año.
Cada una de estas becas, según detalla el departamento de Justicia en un comunicado, está dotada con 6.611 euros al año y se reparten entre los que preparen oposiciones a las carreras judicial y fiscal (173), para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia (60) y para abogados del Estado (12).
Explica Justicia que se tendrá en cuenta como criterio principal para otorgar estas ayudas la renta familiar, así como también la condición de víctima de violencia de género o del terrorismo, al mismo tiempo que se reserva un 5% de las plazas para aspirantes con una discapacidad igual o superior al 33%. También será un requisito preparar la oposición bajo la dirección de jueces, fiscales, letrados o abogados del Estado y habrá que justificar trimestralmente el cumplimiento de la actividad.
Es una medida que anunció el ejecutivo central el año pasado. Tal y como reveló elDiario.es es un método generalizado que opositores a jueces y fiscales contacten con juristas en ejercicio para preparar su oposición y pagarles en negro, salvo los casos en los que previamente han pedido permiso al Consejo General del Poder Judicial para preparar alumnos. En algunos casos documentados por este periódico, algunos de estos preparadores han llegado a cobrar 4.000 euros al mes.
Escribe Alberto Pozas.
El Grupo Mixto en el que están integrados diputados de CUP, Navarra Suma, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro, PRC y Teruel Existe, “por decisión mayoritaria de sus miembros”, ha escogido al diputado de la CUP Albert Botràn como el candidato designado para representar al citado grupo en la comisión de secretos oficiales que tiene previsto constituirse este jueves, según han informado fuentes del grupo a elDiario.es.
Tras el desbloqueo de la comisión a raíz de la decisión de la presidenta, Meritxell Batet, de reducir la mayoría necesaria para escoger a los grupos con presencia en el citado órgano, este jueves un pleno extraordinario del Congreso votará y nombrará a todos los integrantes. Esa modificación permitirá la entrada de grupos vetados por las derechas, como ERC o EH Bildu.
Por Iñigo Aduriz.
El PP ha remitido una carta al Gobierno para poner sus condiciones ante la negociación in extremis abierta para convalidar el real decreto ley anticrisis que se debe votar este jueves en el Congreso. En la misiva, firmada por el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, y remitida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reclama el compromiso por escrito por parte del Ejecutivo para tramitar la norma como proposición de ley y que se incluyan sus recetas económicas, rechazadas por el Gobierno hasta esta misma mañana.
En la carta se plantea que este mismo miércoles se producirá “una conversación programada” entre ambos, aunque fuentes del PP aseguran que no se ha establecido una hora para dicha conversación, sino que Montero llamará “cuando quiera”, y si quiere.
“Lo más operativo es que autoricemos conjuntamente un documento que recoja cuatro compromisos que son imprescindibles para las familias y la economía”. Los puntos que reclama el PP que el Gobierno asuma por escrito son la deflactación del IPC en el Impuesto de la Renta, reducir el IVA del gas y la electricidad “al mínimo habilitado por la Comisión Europea (5%)”, medidas para agilizar la ejecución de los fondos europeos, y “medidas para racionalizar el gasto burocrático”.
El PP plantea que la tramitación como proposición de ley concluya “en este periodo de sesiones”, es decir, antes del verano.
Informa Aitor Riveiro.
El Tribunal Supremo ha decidido rechazar el recurso del periodista Alfonso Rojo contra su condena por insultar sistemáticamente al abogado Gonzalo Boye. Los jueces, según ha sabido elDiario.es, han desestimado tanto el recurso del informador como el del medio de comunicación que dirige, Periodista Digital, y debe por tanto indemnizar al letrado con 5.000 euros.
Boye decidió llevar a Rojo a los tribunales por referirse a él en su medio de comunicación e intervenciones públicas con calificativos como “etarra, terrorista o exetarra” e insultos como “abogado de cocomocho, facineroso, gentuza, marrullero, lenguaraz, sucio e inmoral carcelero, picapleitos o siniestro”, entre otros.
En un primer momento un juzgado de Madrid desestimó la demanda pero después la Audiencia Provincial aceptó que Rojo y Periodista Digital tuvieran que indemnizar a Boye. Esas expresiones que utilizaban para referirse a él, dijeron los jueces, “exceden de la libertad de información y de expresión de los demandados, aun estando referidas a noticias de cierta relevancia pública, y frente a ellas debe prevalecer el derecho al honor” de Boye. Suponían, por tanto, una intromisión en el honor y la imagen del letrado.
La sala de lo civil del Supremo ha rechazado el recurso de Rojo - “parece un simple esquema”, dicen los jueces - y eso otorga firmeza no sólo a la indemnización de 5.000 euros sino también a la manera de difundir su condena: Alfonso Rojo y Periodista Digital están obligados a publicar durante una semana en su portada y sus cuentas de Facebook y Twitter, tanto las del medio como las del periodista, el encabezamiento y la parte dispositiva de la sentencia.
Escribe Alberto Pozas.
El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha adelantado este miércoles que su grupo en este momento se encuentra en el “no” a la convalidación del real decreto de medidas económicas que se votará mañana en el Congreso.
Según Bal, si Sánchez quiere aprobar ese decreto con el apoyo de Ciudadanos “tiene que dejar fuera a ERC y a Bildu de la comisión de secretos oficiales”. A su juicio, la reforma que va a acometer el Congreso para dar cabida a representantes de todos los grupos en esta comisión, es una forma de “alterar las reglas del funcionamiento democrático”. “Como no les salen las cuentas, alteran las reglas para tener contentitos a sus socios separatistas”. “Eso es vender los servicios secretos a los independentistas y al separatismo”, ha zanjado Bal.
Otra de las condiciones que pone su partido para ese apoyo al decreto es “que el Gobierno alargue la vida útil de las centrales nucleares”, como ya le han hecho llegar al ministro de la presidencia, Félix Bolaños. De no aceptar esa condición “el sí de Ciudadanos es imposible”, ha dicho Bal, que ha reiterado la necesidad de que Sánchez rompan con sus socios de Podemos.
El portavoz adjunto de Ciudadanos ha sugerido al Gobierno que “si mañana no se aprueba el real decreto de medidas económicas, traiga otro decreto el próximo viernes con algunas de las cosas buenas que tiene”.
Informa Carmen Moraga.
La Comisión de Ética Judicial, organismo independiente del CGPJ, ha emitido un dictamen en el que afirma que todos aquellos mensajes de jueces en Twitter “que atenten de forma grave contra el Estado de Derecho” no están protegidos por la libertad de expresión de los magistrados.
El organismo ha emitido este dictamen después de una consulta sobre manifestaciones hechas por jueces en las redes sociales, dice, “invitando a incumplir las normas jurídicas o mostrando su apoyo público a políticos de una determinada ideología condenados por su participación en hechos que atentaron gravemente contra la soberanía nacional y la forma política del Estado”. No especifica la red social ni de qué juez se trata ni tampoco qué dijo exactamente.
En diversas ocasiones, esta Comisión ha pedido “mesura y prudencia” a las decena de jueces que tienen una cuenta en la red social Twitter y que se identifican como miembros de la judicatura. Sucedió, por ejemplo, en enero de 2021.
En esta ocasión se pronuncia específicamente sobre el caso - sin identificar - y explica que este tipo de manifestaciones no están amparadas “en ningún caso” por la libertad de expresión de los jueces. “Se trata de conductas que vulneran el compromiso moral y de lealtad que jueces y juezas asumen cuando prestan el juramento o promesa exigido por la Ley Orgánica del Poder Judicial para tomar posesión del cargo”, dice el dictamen.
Escribe Alberto Pozas.
La portavoz del Vox en la Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, ha denunciado este miércoles la “obstaculización” por parte del PP a la hora de facilitar a los grupos la documentación sobre los contratos que ha realizado el Ayuntamiento para adquirir material de emergencia.
A petición del partido de extrema derecha, este miércoles se reunía la Junta de Portavoces de dicha comisión y a la salida Cabello ha asegurado: “Nosotros no queremos hacer juicios paralelos ni vulnerar la presunción de inocencia, pero es verdad que hemos encontrado cierta obstaculización en este sentido por parte del PP”. “La representante del Grupo Popular parece ser que tiene dudas de interpretación a la hora de qué [contratos] podemos o no podemos revisar. Pero nosotros creemos que este es el foro adecuado”, ha añadido.
La portavoz del grupo de extrema derecha ha desvelado que hay algunos contratos que no están registrados, entre ellos los del escándalo de las mascarillas que se cerraron a través de Funeraria. “Los de Funeraria no están registrados. Yo no los he encontrado, no sé si mis compañeros los han encontrado, pero no están registrados”. En cambio, ha explicado, “algunos del área es Familia sí están registrados”. “Lo que no puede ser es que la Comisión de la Vigilancia de la Contratación tenga limitaciones a la hora de poder revisar contratos dentro de sus competencias”, entre las que se encuentran, ha dicho, los que ha realizado el Ayuntamiento de Madrid en la pandemia por la vía de emergencia.
Será la portavoz del PP, Blanca Pinedo, la que tras “consultar con el área de Hacienda” decidirá qué interpretación hace este departamento y qué contratos se les deja revisar.
Escribe Carmen Moraga.