Este miércoles a las 10.30 horas, la ministra de Defensa ha comparecido ante la Comisión de Defensa de la Cámara Baja en su primera intervención tras la sesión de control de la semana pasada y después de conocerse que su teléfono y el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fueron espiados con Pegasus.
Margarita Robles afronta el interrogatorio de los grupos parlamentarios con las simpatías del PP y Ciudadanos, que la respaldan abiertamente, y con varios grupos del conocido como bloque de investidura pidiendo su cabeza. De hecho, el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, el resto de fuerzas a la izquierda del PSOE y los grupos nacionalistas e independentistas tratarán de acorralar a la ministra de Defensa durante su intervención en la Cámara Baja.
Mañana comparece la directora del CNI, Paz Esteban en la recién constituida comisión de secretos oficiales–comisión de gastos reservados–. La intervención será a puerta cerrada y todo lo que se diga en ella será secreto.
El juez que investiga el caso mascarillas ha decidido suspender la testifical de Elena Collado, alto cargo del Ayuntamiento de Madrid que ejerció de enlace con los empresarios Luceño y Medina para traer material sanitario.
Su declaración estaba programada para el próximo lunes en calidad de testigo pero una de las acusaciones populares, ejercida por el grupo mixto del Ayuntamiento de Madrid - los concejales de Recupera Madrid - ha solicitado que comparezca como imputada. El juez pregunta a las partes si debe comparecer como testigo o con un abogado.
Elena Collado, coordinadora de presupuestos del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, se hizo cargo de la gestión de la compra de productos sanitarios en las primeras semanas de la pandemia.
Fue ella quien recibió, según las distintas versiones ofrecidas en la causa, un correo electrónico de Luis Medina y después pasó a hablar a diario con Alberto Luceño para gestionar la llegada de mascarillas, test y guantes de nitrilo. Fue un primo del alcalde el que proporcionó el contacto a Medina.
En su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, Collado explicó que no recordaba exactamente cómo llegaron hasta ella los dos empresarios y afirmó que nunca supo que ellos fueran a cobrar comisiones millonarias por más de la mitad del precio de los contratos.
Escribe Alberto Pozas.
El dirigente del PP Ignacio González, que fue espiado por miembros de su propio partido a través de varias agencias de detectives cuando ocupaba la vicepresidencia del Gobierno regional en la etapa de Esperanza Aguirre, no ha dudado en calificar estos episodios en su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Ayuso como “prácticas mafiosas” y “deleznables”. “Yo me entero de que me espían por un vídeo que se publica en la prensa y entonces me voy al juzgado a formular una denuncia”, ha relatado, recordando que también figuraban en las anotaciones de la agenda del comisario Villarejo. “Si hay sospechas, hay que ir a los tribunales y no enredar”, ha sentenciado.
“Los espionajes no son aislados, son recurrentes y hay mucha más gente implicada. Han venido funcionando así con el consentimiento de alguna parte de la Justicia y este funcionamiento hace un daño tremendo al Estado de Derecho y no puede ser utilizado para tratar de destruir la reputación de muchas personas. No soy el único que los ha sufrido”, ha señalado González, que fue encarcelado por su implicación en el caso Lezo.
Al ser preguntado por la portavoz del PSOE, Mar Espinar, si cree que ahora Ayuso puede haber sido también víctima de espionaje por orden de alguien del PP, González ha afirmado que lo desconoce, pero que le parece al menos “curioso” que “habiendo miles de detectives aparezca [en su caso y en el de ahora] esa misma persona”, en referencia velada a Julio Gutiez. Luego ha sentenciado que este tipo de prácticas, las haga un partido u otro, siempre tienen como fin “acabar con algún compañero y adversario con vías absolutamente impresentables”.
Escribe Carmen Moraga.
El juez del caso mascarillas, Adolfo Carretero, ha rechazado imputar al gerente de la empresa municipal de servicios funerarios, como reclamaba la acusación de Más Madrid. De acuerdo con la Fiscalía, el magistrado concluye que los documentos enviados por éste y después por los servicios jurídicos del Ayuntamiento coinciden en “fecha, identidad de firmas y contenido”
El auto del juez señala además que no consta que las modificaciones entre ambos documentos “las haya hecho el gerente ni que se hiciesen con objeto de dificultar la investigación de la Fiscalía ni ocultar su contenido al Ayuntamiento, cuyos Grupos Políticos conocían las cartas de encargo de los contratos y su contenido, pues la aprobaron por unanimidad en el Consejo de la Funeraria”.
Escribe Pedro Águeda.
El nuevo responsable de Justicia en el PP, Esteban González Pons, ha retomado los contactos con las asociaciones judiciales para reunirse con sus representantes en los próximos días a fin de reanudar el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato expiró hace más de tres años.
Fuentes que cita Europa Press han precisado que el primer encuentro tendrá lugar el jueves con la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria en la carrera judicial, al que seguirá una segunda reunión el viernes con la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. La cita con Juezas y Jueces para la Democracia está señalada para el 18 de mayo, mientras que el encuentro con Foro Judicial Independiente está aún pendiente de fecha.
Las mismas fuentes han apuntado que en principio el objeto de estas reuniones es intercambiar opiniones, si bien las asociaciones judiciales ya han dejado clara cuál es su postura en distintos foros.
Así, las cuatro coinciden en que la actual situación del CGPJ es insostenible, pero difieren sobre cómo proceder. Hasta ahora, el Partido Popular venía exigiendo al Gobierno dicha reforma legal, para que sean los jueces quienes designen a esos doce vocales, como requisito previo a pactar la renovación del CGPJ.
Con información de Europa Press.
El expresidente del Gobierno Felipe González ha restado importancia a los casos de espionaje a miembros del Gobierno al señalar que han ocurrido casos similares en 50 países, han sido afectados líderes europeos e incluso él mismo ha tenido conciencia de haber sido espiado: “Naturalmente, como todo el que esté atento”. Además, ha opinado que este asunto solo se puede aclarar “en vía judicial” y ha rechazado una comisión de investigación en el Congreso.
En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, ha subrayado que le preocupa que lo “inmediático” impida hablar de los problemas que enfrenta el país que son “importantes” y “serios”. González ha aclarado que también considera este asunto importante pero ha puesto en duda que sea “gravísimo” o “lo más grave que hemos vivido” como a su juicio están sosteniendo algunos, sin aportar más detalles.
El expresidente socialista ha señalado además que, a su juicio, este asunto solo se va a aclarar “por la vía judicial” en el nivel que corresponda y de acuerdo a los hechos que se vayan probando. Por tanto, ha rechazado que se lleve a cabo una comisión de investigación en el Congreso –que ya ha sido tumbada por PSOE y PP– porque en ese escenario no se podría revelar la información necesaria.
Sobre el cambio de posición de España respecto al Sáhara Occidental, González ha admitido que “se puede tener razón y si no se sabe bien por qué o no se explica bien, se pierde la razón”. A su juicio esto es aún peor que si no se tiene “ninguna razón” para tomar una decisión de este tipo y explica que lo hace porque “es lo que me interesa”.
A través de Europa Press
La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este miércoles que el Gobierno no conoce “el origen” del espionaje a dirigentes políticos pero ha considerado “urgente” depurar “responsabilidades políticas”, aunque ha evitado pedir directamente ninguna decisión. En declaraciones a la prensa en Mérida, Belarra ha asegurado que “el espionaje masivo a representantes públicos no es compatible con el Estado de derecho”.
“Lo que más me preocupa es que el Gobierno sea capaz de restablecer la confianza de la ciudadanía, y para eso nos tenemos que rearticular con urgencia y necesitamos que se asuman responsabilidades políticas”, ha señalado. En su opinión, “la situación es enormemente grave, lo que está en juego es la democracia y eso implica la asunción de responsabilidades políticas de forma urgente”. “No puede quedar sombra de duda sobre la actuación del Estado en esta situación”, ha zanjado.
Escribe Iñigo Aduriz.
El grupo cervecero Mahou San Miguel cerró 2021 con la mayor cifra de ventas de su historia, 1.472 millones de euros; un 17,5% más que en 2020, el año más afectado por la pandemia y el cierre de la hostelería.
Mientras, su beneficio alcanzó los 103 millones de euros, frente a los 2,3 millones del ejercicio previo. “El 2021 ha sido un año excelente, en el que hemos conseguido la facturación más alta de la compañía en un ejercicio muy complicado por la volatilidad y la incertidumbre”, ha asegurado el director general de Mahou San Miguel, Alberto Rodríguez-Toquero, durante la presentación de resultados.
La cervecera incrementó su volumen de ventas hasta los 18,7 millones de hectolitros, un 5,6% más que el año anterior, de los que 14,7 millones correspondieron a cerveza y 4 millones, a su negocio de agua, a través de la marca Solán de Cabras.
Por otro lado, el director general de Mahou San Miguel ha reconocido que la “inflación es incuestionable”, pero ha reiterado que “a día de hoy” la cervecera no tiene intención de elevar los precios de sus productos, como comentó en una entrevista con elDiario.es. “Estamos viviendo una volatilidad brutal en la que lo más prudente a fecha de hoy es no hacer nada y aguantar lo más que podamos”, ha apuntado este miércoles, al tiempo que ha precisado que es un tema que la compañía “revisa constantemente”.
Rodríguez-Toquero ha avanzado que las ventas de la cervecera están creciendo “bien” este año, a doble dígito, pero ha advertido de que los costes están superando ya a las ventas. “Las ventas van a crecer, pero la dinámica de incrementos es grande. Queremos mantener nuestro compromiso de ayudar a la hostelería, por lo que no preveo que los resultados de 2022 igualen a los de 2021 por la tensión de costes”.
Escribe Cristina G. Bolinches.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha salido al paso de las críticas de Unidas Podemos por la crisis del espionaje recordando al portavoz, Pablo Echenique, que el Gobierno es un “órgano colegiado” y que sus miembros pueden por ley acceder a los análisis e informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “Las 22 personas que lo integran tienen este acceso, pueden pedirlo e incluso hay una comisión de Inteligencia”, le ha recordado Robles a Echenique. “Todos tenemos que hablar con mucha responsabilidad, yo también se lo pido”, ha rematado después de que el portavoz de Unidas Podemos le haya reclamado le hubiera reclamado “responsabilidades políticas al máximo nivel”.
Escribe Irene Castro.
Daniel Hidalgo, director general de Comunicación en el Ayuntamiento de Madrid, ha afirmado este miércoles ante la comisión de investigación del supuesto espionaje a Ayuso que él se enteró de esa “trama” por la prensa, la víspera de que salieran las primeras informaciones en el diario El Mundo, el 17 de febrero. Y pese a haber sido contratado para el cargo por el propio alcalde, no fue informado del asunto ni por Almeida ni por su superiora, Inmaculada Sanz, el pasado mes de diciembre, cuando ambos se enteraron. Según ha afirmado, tampoco ningún periodista le llamó para alertarle de que iba a salir esa información.
Hidalgo también ha rechazado haber mantenido reuniones para hablar del supuesto espionaje con David Fernández, responsable de prensa de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), que dimitió nada más estallar el caso. Según ha dicho, no fue un nombramiento de su responsabilidad, como ningún otro del área de comunicación. En su opinión, el Consejo de Administración de esta empresa le debió nombrar “por considerarle idóneo para el cargo, por su trayectoria profesional”.
Al igual que los anteriores comparecientes –Inmaculada Sanz, y Andrea Levy–, el jefe de comunicación de Almeida ha afirmado que desconoce los motivos por los que dimitió Ángel Carromero, con el que tenía la relación normal por trabajar los dos en el Ayuntamiento, pero con el que “no despachaba”. “Hasta donde yo sé” -ha afirmado Hidalgo- Carromero no se va porque esté implicado en la trama, ni por “una prueba no publicada”, es decir, una información que iba a salir en breve en algún medio de comunicación que podría comprometerle, sino para defenderse y no implicar al Ayuntamiento, como justifico el excoordinador de la alcaldía.
Lo cuenta Carmen Moraga.
“La situación actual es insostenible”, ha advertido el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, durante la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que ha reclamado que asuma “responsabilidades políticas al máximo nivel” por el espionaje tanto a Pedro Sánchez y a sí misma como al independentismo catalán y vasco. “La gravedad de este espionaje es inédita y no puede ser minimizada”, ha dicho Echenique, que ve dos posibilidades que conducen a la depuración de responsabilidades.
“La primera hipótesis es que los autores hayan sido agentes de un estado extranjero o alguna célula descontrolada de los servicios secretos o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pensamos que la primera hipótesis revelaría una incapacidad inaceptable a la hora de proteger las comunicaciones del presidente (...) y la seguridad nacional”, ha avisado Echenique: “La segunda revelaría una flagrante incompetencia o dejación de funciones a la hora de limpiar las cloacas del Estado”. “Nos parece evidente que sea cual sea la autoría se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel”, ha dicho el portavoz parlamentario del socio minoritario de la coalición.
Lo cuenta Irene Castro.