La huelga de médicos especialistas continúa, al menos de momento. La Comunidad de Madrid ha ofrecido este martes la estabilización de 9.577 plazas para todas las categorías del Servicio Madrileños de Salud (Sermas), de las que solo 1.600 corresponden a médicos. La propuesta se ha hecho en la Mesa de Sectorial de Sanidad, donde están presentes los sindicatos UGT, CCOO, Satse, Amyts y CSIT Unión Profesional, pero no ante el comité de huelga, con quien todavía no se han sentado a negociar. Precisamente, el paro indefinido ha sido convocado por Amyts, que está presente en la mesa y es el único que se ha desmarcado del comunicado emitido por el resto de organizaciones sindicales.
El rechazo a la propuesta se debe a que de esas más de 9.500 plazas que la Consejería quiere ahora estabilizar según la ley 20/2021, solo 1.212 plazas de concurso son para médicos hospitalarios. Es decir, los que han convocado la huelga. El resto corresponden a otras categorías que no han sido llamadas al paro. “Desde el Comité de Huelga tachamos dicho acuerdo de insuficiente e instamos a la Consejería de Sanidad a reunirse con nosotros para negociar”, han dicho en un comunicado en el que aseguran que la oferta de Sanidad “no cubre a los miles de facultativos temporales”.
La huelga ha sido convocada por Amyts, la Plataforma Médicos y FEA No Fijos de Madrid-MUD, SomosUrgencias SomosUNO para denunciar la alta temporalidad en el Sermas. El 53% de los facultativos que trabajan en los hospitales, según datos de la Consejería de Sanidad, tienen contratos temporales. Algunos de ellos, durante décadas. En concreto, son 6.215 profesionales, por lo que estas 1.200 plazas que la Consejería ofrece por méritos, en lugar de por oposición, les parecen pocas. La Comunidad ya ofreció la semana pasada en una reunión con el Colegio de Médicos estabilizar a un millar de estos trabajadores, por lo que la nueva oferta solo supondría 200 más, según estas mismas fuentes.
“La Consejería de Sanidad sigue sin dejar claro cuántos facultativos están en situación de temporalidad desde antes de 2016. Nuestras estimaciones son muy superiores a la insuficiente solución que ofrece la Consejería”, indican en el comunicado. La nueva ley 20/2021 manda estabilizar a los trabajadores con contratos temporales que lleven en puestos estructurales desde antes de 2016 por un concurso de méritos y desde 2016 a 2020, por concurso-oposición con un examen no eliminatorio, como reclaman los convocantes.
Según la Consejería de Sanidad, la estabilización de estas 9.577 plazas supone “el mayor número posible de plazas en este proceso extraordinario que permite la Ley 20/2021” y junto a las 23.049 plazas ya convocadas y en distintas fases de ejecución supondrían una reducción de la temporalidad del SERMAS en un 40%, alcanzando “el objetivo de fijeza de un 83%” en todo el servicio.
Escribe David Noriega.
El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Alberto Saiz, ha pedido que se deje de “zarandear” al CNI y espera que la nueva directora que ha sido designada este mismo martes por el Gobierno, Esperanza Casteleiro, “ponga orden y ponga inteligencia en todo su mandato”, tras la destitución de Paz Esteban.
Así se ha pronunciado Saiz en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si el CNI estaba actuando como moneda de cambio para contentar a los líderes independentistas. En este sentido, Sainz ha señalado que “lo que le pasa al CNI, en general, es que se le está dando demasiado movimiento”. “Hay que dejarle respirar un poquito”, ha sentenciado.
Asimismo, sobre la sustitución de Paz Esteban que ha anunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado que “los problemas reaparecen y las soluciones siempre tienen el mismo parecido”, al tiempo que ha opinado que en estos casos “las personas que tienen que tomar decisiones sustituyen, por no hablar de cesados, a la persona señalada sin atribuir ningún tipo de responsabilidad y, después, a otra cosa”.
Informa Europa Press.
Luis de Guindos, vicepresidente del BCE y exministro de Economía, ha advertido este viernes de los riesgos que sobrevuelan para la estabilidad del sector financiero por los problemas para las empresas debido a la alta inflación. “Todo lo que vemos va a tener un impacto intenso sobre los márgenes empresariales”, ha señalado Guindos en un foro organizado por el IESE. Esta pérdida de márgenes la achaca al aumento de los costes energéticos, logísticos y de materias primas. “Va a ser bastante evidente de que el estrechamiento de los márgenes va a tener un impacto sobre la solvencia de las empresas”, ha apuntado.
El vicepresidente del BCE ha reconocido que los “modelos de proyección” del organismo han fallado al no haber previsto el elevado nivel de inflación. Por ello, asegura que la política de normalización de la política monetaria “ha comenzado”. Ha avanzado, sin dar una fecha concreta, que el final de las compras de activos será “más pronto que tarde”.
Escribe Diego Larrouy.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha avisado este martes al Gobierno de que “no basta” con destituir a la hasta ahora directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, para superar la crisis del espionaje político. “Hay que llegar hasta el final y tienen que rodar cabezas”, ha sentenciado.
En declaraciones en el Congreso, Errejón ha admitido que el cese de Esteban era “necesario” porque “alguien no ha hecho bien su trabajo” cuando se ha espiado a miembros del Gobierno, pero ha insistido en que el Gobierno siempre ha actuado “tarde” en esta materia y debe dar explicaciones sobre el espionaje que también han sufrido políticos independentistas, no para “tranquilizar” a sus socios, sino a todos los españoles.
Desde su punto de vista, el cese de Esteban “sólo revela que el caso es grave”, que esto es sólo “punta del iceberg” y que es necesario “saber quién espiaba, para qué” y garantizar que no se vuelva a repetir.
“España no puede ser una novela de espías, hay que garantizar que no hay servicios de inteligencia funcionando sin control sean nacionales o sean extranjeros, conocerlo todo y depurar responsabilidades”, ha remarcado el líder de Más País.
Informa Europa Press.
Podemos ha pedido al juez del caso mascarillas que el Ayuntamiento de Madrid informe si existía en 2020 una dirección de correo electrónico general para la recepción de ofertas sobre contratos de material sanitario y, en caso afirmativo, que aporte los correos electrónicos y sus respectivos archivos adjuntos que enviaron a esa casilla los comisionistas Aberto Luceño y Luis Medina Abascal.
En un escrito presentado esta mañana en el Juzgado nº47 de Madrid, Podemos pide al Consistorio que informe sobre “si existía en el año 2020 un correo electrónico general destinado a recibir las proposiciones de aportación de material sanitario” y, de ser así, “se aporten al procedimiento los correos remitidos a dicha dirección desde los correos electrónicos de los investigados lmedina@showmethat.es y alberto@iprojects.es con los archivos adjuntos que se hubieren adjuntado a dichos correos”.
La formación morada, que se presenta como querellante en la causa, busca con esta petición “corroborar si realmente los comisionistas se pusieron en contacto con el Ayuntamiento mediante un email genérico para la aportación de material sanitario”, según ha afirmado Alejandra Jacinto, portavoz del partido, que cree que este extremo quedó en entredicho tras la declaración este lunes de María Díaz de la Cebosa, antigua profesora de Luis Medina, que dijo que actuó de intermediara entre el comisionista y el primo del alcalde, Carlos Martínez Almeida, por vía telefónica.
Por otro lado, Podemos ha pedido en ese mismo escrito que la Policía recabe los archivos adjuntos de los correos electrónicos que ambos enviaron a las entidades bancarias Deutchbank y Caixabank, para esclarecer, según Jacinto, “si los contratos de los comisionistas con la empresa de Malasia han sido creados ad hoc una vez requeridos por los bancos”.
Este lunes declararon también ante el juez dos empleados de esas entidades bancarias. En el caso de la oficina de Luis Medina, la directora de la sucursal contradijo la versión del investigado y ha afirmó que justificó con documentación el ingreso del dinero tras advertirle el banco de que debía informar sobre su origen, informa Europa Press. Ante el juez, Luis Medina había manifestado que cuando recibió la comisión de la empresa malaya Leno entregó la documentación “por anticipado” sin que el banco le tuviera que dar el aviso.
Escribe Alberto Ortiz.
La huelga de médicos especialistas continúa, al menos de momento. La Comunidad de Madrid ha ofrecido este martes la estabilización de 9.577 plazas para todas las categorías del Servicio Madrileños de Salud (Sermas), de las que solo 1.600 corresponden a médicos. La propuesta se ha hecho en la Mesa de Sectorial de Sanidad, donde están presentes los sindicatos UGT, CCOO, Satse, Amyts y CSIT Unión Profesional, pero no ante el comité de huelga, con quien todavía no se han sentado a negociar. Precisamente, el paro indefinido ha sido convocado por Amyts, que está presente en la mesa y es el único que se ha desmarcado del comunicado emitido por el resto de organizaciones sindicales.
El rechazo a la propuesta se debe a que de esas más de 9.500 plazas que la Consejería quiere ahora estabilizar según la ley 20/2021, solo 1.212 plazas de concurso son para médicos hospitalarios. Es decir, los que han convocado la huelga. El resto corresponden a otras categorías que no han sido llamadas al paro. “Desde el Comité de Huelga tachamos dicho acuerdo de insuficiente e instamos a la Consejería de Sanidad a reunirse con nosotros para negociar”, han dicho en un comunicado en el que aseguran que la oferta de Sanidad “no cubre a los miles de facultativos temporales”.
La huelga ha sido convocada por Amyts, la Plataforma Médicos y FEA No Fijos de Madrid-MUD, SomosUrgencias SomosUNO para denunciar la alta temporalidad en el Sermas. El 53% de los facultativos que trabajan en los hospitales, según datos de la Consejería de Sanidad, tienen contratos temporales. Algunos de ellos, durante décadas. En concreto, son 6.215 profesionales, por lo que estas 1.200 plazas que la Consejería ofrece por méritos, en lugar de por oposición, les parecen pocas. La Comunidad ya ofreció la semana pasada en una reunión con el Colegio de Médicos estabilizar a un millar de estos trabajadores, por lo que la nueva oferta solo supondría 200 más, según estas mismas fuentes.
“La Consejería de Sanidad sigue sin dejar claro cuántos facultativos están en situación de temporalidad desde antes de 2016. Nuestras estimaciones son muy superiores a la insuficiente solución que ofrece la Consejería”, indican en el comunicado. La nueva ley 20/2021 manda estabilizar a los trabajadores con contratos temporales que lleven en puestos estructurales desde antes de 2016 por un concurso de méritos y desde 2016 a 2020, por concurso-oposición con un examen no eliminatorio, como reclaman los convocantes.
Según la Consejería de Sanidad, la estabilización de estas 9.577 plazas supone “el mayor número posible de plazas en este proceso extraordinario que permite la Ley 20/2021” y junto a las 23.049 plazas ya convocadas y en distintas fases de ejecución supondrían una reducción de la temporalidad del SERMAS en un 40%, alcanzando “el objetivo de fijeza de un 83%” en todo el servicio.
Escribe David Noriega.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cuestionado este martes que, en el contexto actual, la “estabilidad política y económica” del país dependa de los partidos “menos fiables en la política española”.
Page se ha expresado así en referencia a las presiones de los partidos independentistas catalanes al Gobierno por la crisis del espionaje con Pegasus, y ha opinado que “los culpables no pueden pasar por víctimas”, en un mensaje que ha pronunciado antes de que el Ejecutivo anunciase en rueda de prensa la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban.
“Que sepan que lo dejaré claro y las cosas que pasan ahora en España no me harán cambiar de opinión. Tontos, tontos, no somos. Y no me estoy refiriendo al recibo de la luz”, ha señalado. “A ver si ahora resulta que los culpables van a terminar siendo los que pasen por víctimas. Hasta ahí podía llegar la cosa”, ha apostillado.
En este punto, ha afirmado que si la estabilidad de este país, de la economía y “de las medidas necesarias” tienen que pasar “por la gente menos fiable de la que hay en política española”, la alternativa es el entendimiento entre partidos constitucionalistas: “Habrá que pensarlo entre los que estamos en lo que estamos”.
Informa Alberto Ortiz.
El Consejo de Ministros ha decidido otorgar la nacionalidad española a Sayed Saber Sayeed, trabajador durante 15 años en la embajada española de Kabul y que fue, según el Ministerio de Justicia, “una persona esencial en el proceso de evacuación de Afganistán con la llegada del régimen talibán”.
La embajada española en Kabul fue evacuada en agosto del año pasado, un total de 1.900 cooperantes afganos y sus familias, españoles y ciudadanos de otros países además del personal de la embajada.
Ahora Justicia informa de la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a Sayed Saber Sayeed, uno de los trabajadores de la embajada. “Su dedicación como servidor público destaca especialmente, pues a pesar de haber tenido la oportunidad de ser evacuado en los primeros vuelos de repatriación junto con el resto de su familia, Saber Sayeed prefirió permanecer, poniendo en riesgo su vida, y ayudó al personal de la Embajada y a sus compatriotas hasta el último día en que se pudo permanecer allí”, explica Justicia en un comunicado.
Escribe Alberto Pozas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante el Pleno del Congreso de los Diputados el próximo 25 de mayo, según ha comunicado este martes el Ejecutivo al Parlamento.
La comparecencia fue solicitada por varios de los socios del Ejecutivo la semana pasada, ante el conocimiento de casos de espionaje a través del sistema Pegasus a los móviles del propio Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dirigentes independentistas, periodistas y abogados. La solicitud fue apoyada además por fuerzas de la derecha como PP y Ciudadanos.
Informa Iñigo Aduriz.
Los tres ediles carmenistas que capitanea en el Ayuntamiento de Madrid Marta Higueras, han anunciado este martes que emprenderán “acciones legales contra el Más Madrid de Rita Maestre por financiación ilegal y falsificación de firmas en documento público”. Esta decisión se produce horas después de saber que Más Madrid ha ganado el recurso contra la formación del Grupo Mixto. Una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Madrid número 30 ordena disolver dicho grupo y que sus concejales pasen a ser “no adscritos”. Los de Higueras califican de “provisional” esta resolución judicial y ya han adelantado que la recurrirán.
La denuncia por financiación ilegal la basan en el “cobro de cuotas ilegales a personas (personal eventual) no afiliadas al partido, exigencia de pagos a los vocales vecinos (con sentencia en firme ya ganada por parte de los vocales, siendo readmitidos tras expulsarles por no pagar las cuantías exigidas). Además, señalan que ”la situación del grupo de Rita Maestre afronta una gran deuda por la campaña de Íñigo Errejón“.
En cuanto a la denuncia por “falsificación de firmas” la sustentan en que “hubo firmas para la constitución del partido a posteriori”. “El cambio de Más Madrid a Más País se hace mediante falsificación de firmas cuyas pruebas ha terminado de recoger Recupera Madrid en fechas recientes y que procederá a denunciar ante la Justicia”, explican.
“Hay muchas cosas que hemos querido evitar por no dañar las opciones electorales de la izquierda, pero no podemos seguir en silencio dadas las falsas acusaciones de Rita Maestre”, ha señalado el portavoz adjunto del grupo, José Manuel Calvo.
Informa Carmen Moraga.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el primer tramo de 5.000 millones de euros de la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que empresas y autónomos puedan hacer frente al impacto económico causado por la guerra en Ucrania tras la invasión rusa.
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recordado que esta medida forma parte del plan de respuesta a la guerra aprobado por el Ejecutivo y convalidado en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno ha desplegado este primer tramo de la nueva línea de avales, que cuenta con un importe máximo de 10.000 millones, para garantizar el acceso a la liquidez de las empresas afectadas por el incremento de los costes energéticos o de las materias primas derivados de la guerra en Ucrania.
Para los importes avalados de hasta 400.000 euros, la garantía que se cubre a través del aval es de hasta el 80% del importe del crédito, con un plazo de financiación de hasta 10 años. En préstamos superiores a los 400.000 euros, se garantiza el 80% de nueva financiación a autónomos y pymes y hasta 70% al resto de empresas, con plazo de amortización de hasta 8 años.
Todas las empresas, indistintamente de cuál sea la garantía que soliciten, tendrán derecho a una carencia inicial de 12 meses, según ha explicado la portavoz del Gobierno.
Informa Europa Press.