El caso de los ERE de Andalucía afronta esta semana el último capítulo de su trayectoria judicial. El pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto estudiar y sentenciar los primeros recursos de políticos andaluces condenados a cárcel e inhabilitación por el sistema de ayudas de la Junta de Andalucía que, según los jueces, repartió sin control cientos de millones de euros de las arcas públicas durante los gobiernos de los socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Esas condenas por prevaricación y malversación llegan cuestionadas no solo por los recursos de los condenados: la Fiscalía también pone en duda parte de las condenas, dos magistradas del Supremo discrepan sobre que se malversara dinero público y el borrador de sentencia que estudiará el tribunal de garantías propone estimar, al menos en parte, las alegaciones de los exdirigentes de la Junta.
El Tribunal Supremo sentenció en firme que en Andalucía existió durante más de una década un sistema de ayudas que, en la práctica, desembocó en un descontrol total en la adjudicación de casi 700 millones de euros. El dinero tendría que haber ido a empresas y trabajadores, pero fue repartido de forma arbitraria. Las condenas variaron entre la inhabilitación del delito de prevaricación y la cárcel de la malversación: el expresidente andaluz José Antonio Griñán, entre otros, fue condenado a seis años de prisión y el también exmandatario Manuel Chaves fue inhabilitado por nueve años.
Los hechos probados describen una madeja de anteproyectos, proyectos y partidas presupuestarias, acuerdos de consejerías y del Gobierno andaluz, transferencias de financiación y subvenciones que, hasta la fecha, se han traducido en dos delitos: prevaricación y malversación. El primero por aprobar, poner en marcha y mantener todo el armazón normativo que sostuvo durante años el sistema descontrolado de ayudas. El segundo porque, según la Justicia, millones de euros de ayudas públicas andaluzas terminaron en bolsillos de quien no tenía derecho a ellas.
El pleno empieza sus deliberaciones este martes y su objetivo es anunciar una decisión esta misma semana. No lo hace con todos los recursos encima de la mesa, sino con los de dos condenados: la exministra y exconsejera de Economía, Magdalena Álvarez, y el exconsejero de Empleo, José Antonio Viera. La primera, condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación. El segundo, a siete años de cárcel también por malversación. Y estos dos casos no abarcan todos los supuestos de los ERE, pero sí pueden marcar el camino de otros recursos.
El caso de los ERE describe un sistema de ayudas que estuvo más de una década en vigor y las condenas se adaptan a las distintas fases que atravesó, también en función de la responsabilidad que ostentaba cada acusado. Desde los anteproyectos presupuestarios donde estaban las partidas gestionadas de forma ilegal hasta su efectiva adjudicación. De consejeros y viceconsejeros hasta los presidentes de la Junta pasando por directores, interventores y secretarios generales. La primera parada será en la prevaricación con el caso de Magdalena Álvarez.
Magdalena Álvarez: prevaricación prelegislativa
La consejera en la Junta de Andalucía hasta 2004 y después ministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero hasta 2009, Magdalena Álvarez, fue condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Su caso servirá para que el pleno aborde el pilar maestro de muchas condenas de inhabilitación por ese mismo delito: si todas las tramitaciones prelegislativas de las ayudas pueden considerarse una resolución susceptible de llegar a ser delictiva por ese artículo del Código Penal. Pero serán un caso distinto las decisiones tomadas posteriormente, o modificando los presupuestos ya aprobados.
En su caso, como consejera de Economía, su papel delictivo según el Supremo y la Audiencia de Sevilla pasa por haber participado en los anteproyectos y proyectos de presupuestos que contenían las partidas presupuestarias y que fueron posteriormente aprobadas por el Parlamento de Andalucía. Una fase previa, entiende su recurso de amparo, que no es equiparable a quien por ejemplo gestionaba de forma directa el gasto, y que no debe ser considerada como una resolución a efectos penales.
Es una consideración transversal a varios recursos de amparo presentados ante el Constitucional. También que la reacción penal ante posibles irregularidades en estas fases previas al proceso de concesión de ayudas no es algo previsible.
El mencionado es un argumento similar al desplegado por la Fiscalía, que apoyó de forma parcial varios recursos al considerar que los presupuestos andaluces y la fase previa no podía ser considerada un delito de prevaricación. Firmar esa condena, según explicó el Ministerio Público en sus informes, “presupondría introducir un control de la jurisdicción penal” de una iniciativa legislativa, algo que otras jurisdicciones “han rechazado ejercer”. Sí entiende que podría ser un delito de prevaricación las modificaciones posteriores a la aprobación de los presupuestos, pero no los presupuestos en sí mismos.
Fuentes del caso explican que esta semana el debate, en torno a la prevaricación, girará en torno a ese aspecto de la causa con la ponencia apuntando en esa misma dirección: si las acciones anteriores a existir una ley de presupuestos puede ser considerado un delito. Y si se puede prevaricar aplicando una ley que no ha sido siquiera impugnada ante los tribunales. En cuanto a la malversación, que forma parte de la condena del exconsejero Viera, la duda tiene que ver con si es un delito que se pueda cometer por acción o también por omisión y si existe la posibilidad de devolver parte de la causa a los tribunales andaluces, dado que no se juzgó el destino de muchos de esos casi 700 millones de euros cuestionados.
La Fiscalía entiende que las condenas por malversación, el delito más grave que acarrea condenas de cárcel, deben ser confirmadas. Pero aquí los recursos de amparo se apoyan en el voto particular de dos magistradas del Supremo, Ana Ferrer y Susana Polo, que entendieron que las condenas por ese delito suponían un “arriesgado salto en el vacío”. Para estas dos juezas de la Sala de lo Penal, la Audiencia de Sevilla condenó al expresidente Griñán, entre otros, con un “importante déficit argumentativo” y basándose en “meras especulaciones”.
Todos los condenados a penas de prisión en la causa de los ERE de Andalucía ya entraron a la cárcel a cumplir su pena, a excepción de José Antonio Griñán, enfermo de cáncer. “Aquí está Magdalena”, dijo Pedro Sánchez en un acto de campaña en Benalmádena, poniendo a la exministra como ejemplo del “vil ataque de la derecha durante muchos años”. Esta semana, el Constitucional decidirá el futuro de su condena de inhabilitación por uno de los casos judiciales con más incidencia e implicación política de la última década.