Los últimos defensores de Juan Carlos I: exministros, presidentes autonómicos y embajadores reivindican su legado en medio del escándalo

Lo que se sabe. La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga si cometió blanqueo de capitales y delito fiscal al mover capitales desde Suiza de su patrimonio oculto tras dejar el trono en 2014. Ante la Justicia de aquel país uno de los gestores del patrimonio real, Arturo Fasana, quien también manejaba los dineros de Gürtel, contó que en 2010 cuando todavía era jefe del Estado llevó personalmente una maleta a Ginebra repleta de billetes para ingresar 1,7 millones de dólares que le había entregado el sultán de Baréin.

Está más que contado que fruto de otro regalo, Juan Carlos I también recibió en una sucursal de Ginebra 65 millones de euros provenientes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí y las sospechas del fiscal suizo Yves Bertossa es que se trata de una comisión ilegal fruto de la intervención del monarca para lograr que las empresas españolas hiciesen una sustanciosa rebaja en la obra del Ave a La Meca. Directivos de la banca Mirabaud admitieron a los investigadores suizos que después de que estallase el escándalo de la caza de elefantes en Botsuana la entidad invitó al monarca a retirar de allí ese patrimonio.

Todos esos millones acabaron en una cuenta de su entonces amante Corinna Larsen quien ha declarado que fue una donación por lo bien que había cuidado al rey. En una entrevista que publica este viernes la BBC, la empresaria especula con que el rey emérito tiene “cientos de cuentas en otras jurisdicciones” y califica de “extraordinario” que “40 años del modus operandi de una empresa familiar”, en referencia a la Casa Real, se hayan acabado centrando en ella. La expareja del rey también sostiene que es el CNI español quien está detrás de la campaña para enfocar en ella las informaciones sobre el emérito.

También se han publicado, sin que nadie lo haya desmentido, informaciones basadas en extractos de su cuenta suiza en la que aparecen retiradas de dinero de 100.000 euros mensuales entre 2008 y 2012 mientras recibía una asignación anual como sueldo de 300.000 euros de los Presupuestos Generales del Estado.

El escándalo ha llegado al punto de que Felipe VI ha decidido renunciar a la herencia, tras ocultar durante un año la información que le hizo llegar Corina Larsen a la Casa Real sobre la donación saudí, y tras conocerse que el actual rey era beneficiario segundo en una de las sociedades creadas para recibir el dinero.

Todos esos millones estuvieron ocultos al fisco español durante más de una década. Pero al rey emérito solo se le podría investigar por lo que hizo tras abandonar la jefatura del Estado. Las últimas revelaciones le han llevado a abandonar el país. Un comunicado de la Casa Real anunció el 3 de agosto que había abandonado el Palacio de Zarzuela, donde llevaba residiendo 58 años para instalarse en el extranjero. Catorce días después, otra nota de la Casa del Rey comunicó el destino: Emiratos Árabes Unidos.

Pese a la larga lista de escándalos que amenazan la credibilidad del país, aquí en casa el rey sigue teniendo quien le escriba. Mientras las desventuras de Juan Carlos I ocupan páginas y más páginas en los medios extranjeros, exdirigentes de PP y PSOE que han desempeñado importantes responsabilidades políticas salen en su defensa con un comunicado que apela a la presunción de inocencia y se quejan de un trato injusto al anterior monarca.

El día que se conoció su marcha, Le Monde tituló: “Juan Carlos, exmonarca español sospechoso de corrupción, se exilia”. La BBC también dio cobertura a la noticia: “El exrey español abandona el país”. El Corriere della Sera también habló de exilio, empujado por la corrupción y La Repúbblica fue todavía más contundente: “Arrollado por los escándalos, el rey Juan Carlos abandona el país”.

En esa operación de desagravio que representa el manifiesto figuran las firmas de más de setenta exministros, ex presidentes autonómicos, embajadores y otros antiguos altos cargos ligados principalmente al PP y al PSOE, pero también a la desaparecida UCD. “Nunca se podrá borrar la labor del rey Juan Carlos en beneficio de la democracia y de la Nación, so pena de una ingratitud social que nada bueno presagiaría del conjunto de la sociedad española”, dice el texto. 

Entre los antiguos altos cargos que suscriben esta y otras afirmaciones sobre la defensa de la Corona o la presunción de inocencia del monarca hay exvicepresidentes del Gobierno como el socialista Alfonso Guerra, que este miércoles dijo en una entrevista en la Cadena Ser que no comparte la “manera de obligar” al rey Felipe VI a quitar capacidades a su padre. “Creo que esto [la salida del rey emérito] no se ha hecho bien (...). Que un hijo repudie a su padre no es visto como generador de confianza”, aseguró. 

El manifiesto lo firman también exministros del PSOE como Matilde Fernández, Cristina Alberdi, Celestino Corbacho, Julián García Vargas, César Antonio Molina, Javier Gómez Navarro, Jerónimo Saavedra, Gustavo Suárez Pertierra, Carlos Westendorp o Virgilio Zapatero. Salvo Corbacho —ahora en Ciudadanos— y Molina, que estuvieron en los gabinetes de José Luis Rodríguez Zapatero, el resto de exministros están ligados a los gobiernos de Felipe González, que públicamente ha defendido el “fantástico servicio” de Juan Carlos I como jefe del Estado y ha alertado de los peligros de dar por buena la información publicada sobre sus oscuros negocios. Entre las firmas también está la de José Enrique Serrano, que fue jefe de gabinete de González y repitió en el cargo con Zapatero. 

Han dado su respaldo a este texto de defensa del legado de Juan Carlos I también otros históricos cargos socialistas como los ex presidentes autonómicos Jaime Blanco (Cantabria), Constantino Nalda (Castilla y León), José Rodríguez de la Borbolla (Andalucía), Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Extremadura) o Antonio Trevín (Asturias). Algunos de ellos forman parte de la llamada 'vieja guardia' que tanto peso tuvo en el PSOE antes de la llegada de Pedro Sánchez y que tan crítica ha sido en ocasiones con el actual líder del partido. 

El texto lo suscriben, asimismo, destacados miembros de los Ejecutivos de José María Aznar y Mariano Rajoy. Es el caso de Jaime Mayor Oreja, Rafael Catalá, Esperanza Aguirre, Ana Pastor, Pío Cabanillas, Ana de Palacio, José Ignacio Wert, Margarita Mariscal de Gante o José Manuel Soria. También ex presidentes autonómicos del PP como Luisa Fernanda Rudi (Aragón) o Juan Vicente Herrera (Castilla y León).

Además de los citados, el manifiesto lo suscriben también exministros de la extinta UCD como Rodolfo Martín Villa, Soledad Becerril, Jaime Lamo de Espinosa, Marcelino Oreja, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, Salvador Sánchez Terán, Ignacio Bayón o Jesús Sancho Rof, así como embajadores y otros antiguos altos cargos. 

“Proliferación de condenas”

El texto defiende la presunción de inocencia del monarca y afea la “proliferación de condenas” que han surgido ante la publicación de “numerosas informaciones” sobre “determinadas actividades” del monarca. “Si sus acciones pudieran ser merecedoras de reprobación lo decidirán los tribunales de Justicia”, sostiene el manifiesto. 

Las críticas ante la falta de respeto a la presunción de inocencia también ha llegado en los últimos días desde la parte socialista del Gobierno. En concreto, de la ministra Margarita Robles, que criticó en una entrevista en Europa Press a quienes hacen “juicios de culpabilidad” y no respetan el derecho que tienen todos los ciudadanos a no ser culpables hasta que se demuestre lo contrario. A juicio de la titular de Defensa los que no respetan la presunción de inocencia del monarca cuestionan los “pilares básicos del Estado de derecho”.

El documento subraya a este respecto que “la monarquía parlamentaria, así como el conjunto de la Constitución de 1978, han propiciado una España moderna, con un sistema político, económico y social avanzado fraguado en la libertad, en la justicia y en la solidaridad”.

Defensa de la Corona  

Pero el texto no defiende únicamente el legado de Juan Carlos I. Los firmantes hacen una cerrada defensa de la Corona como institución precisamente cuando hay en el Gobierno por primera vez un partido que no solo se declara republicano sino que obra como tal. Unidas Podemos, el socio menor del Ejecutivo, se ha mostrado muy crítico con la gestión de la salida de España de Juan Carlos I, si bien el presidente Pedro Sánchez se ha esforzado por zanjar en público el debate sobre una hipotética consulta a la ciudadanía. 

“El Gobierno que yo presido considera plenamente vigente el pacto constitucional. Y el pacto constitucional es la monarquía parlamentaria”, aseguró un día después de que la Zarzuela hiciera público que Juan Carlos I se había marchado de España aunque su destino era todavía una incógnita. La Casa Real informó 14 días después de que el emérito había elegido Emiratos Árabes Unidos —un país autoritario y opaco— para refugiarse de las polémicas sobre el origen de parte de su fortuna. Sánchez había dicho semanas antes que las informaciones que se habían conocido sobre el monarca eran “perturbardoras” y su Gobierno presionó para que la Casa Real buscase una salida al rey emérito.

La decisión de Juan Carlos I de abandonar España abrió varios frentes en la política española e introdujo una grieta en el Gobierno de coalición, vistas las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos. La dirección del PP ha cerrado filas con el anterior monarca e incluso el entorno de Casado trata de hacer ver que la destitución de la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, con la que había un gran malestar en la formación conservadora, está relacionada con las críticas que la diputada vertió en El País sobre la marcha de Juan Carlos que calificó como un “error” después de advertir que el rey emérito “debió dar explicaciones”. Según publicó ABC, esas críticas al rey fueron el detonante definitivo para su destitución este lunes.