El candidato a la presidencia del Gobierno de Unidad Popular-IU, Alberto Garzón, propone en su programa electoral 45 medidas para luchar contra la corrupción que implican tanto la reforma de la mayoría de las leyes actuales y el endurecimiento del Código Penal como el establecimiento de mecanismos de control para prevenirla.
El documento que propone IU, al que ha tenido acceso eldiario.es, se divide en nueve capítulos y será presentado este martes en rueda de prensa por Alberto Garzón. En él se desgranan propuestas muy concretas para perseguir los delitos de corrupción. Se da la circunstancia de que las 45 medidas, casi identicas, fueron presentadas hace justo un año por Cayo Lara en el Congreso para su debate a modo de proposición no de ley. En el documento que ahora recupera Garzón se plantean medidas de control de los procesos de contratación de las administraciones públicas; se propone regular las campañas electorales o introducir cambios en el funcionamiento de los partidos políticos. También se proponen medidas sobre prevención y lucha contra el fraude fiscal como fórmula para perseguir esta lacra.
Una de las principales propuestas del documento es la ampliación de los tipos penales y el endurecimiento de las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y para los corruptores públicos y privados y la ampliación hasta a 30 años de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público para aquellos que sean condenados por corrupción. También pide que se apruebe una ley expropiatoria de los bienes adquiridos mediante prácticas corruptas.
Además, la propuesta electoral anticorrupción de Garzón propone que los delitos económicos relacionados con la corrupción no tengan fecha de prescripción; potenciar el papel de las acusaciones populares y derogar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita el plazo de instrucción e investigación de estos casos.
Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal
Unidad Popular cree igualmente imprescindible endurecer las medidas contra el fraude fiscal para atajar “obscenas y detestables prácticas”, como el caso de las tarjetas 'black' y “la vergonzosa actuación de antiguos directivos de cajas de ahorros que, de una forma absolutamente contraria a la ética y a cualquier mínimo principio de decencia y honradez, han dilapidado millones de euros en gastos suntuarios de tipo personal, ajenos a la actividad que desempeñaban”.
Para ello, considera que hay que acometer el desarrollo de la Ley General Tributaria y del Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria; dar atribuciones a la Agencia Tributaria del Estado para investigar el fraude fiscal organizado y el blanqueo de capitales, y dotarla de medios financieros, materiales, tecnológicos y humanos suficientes para cumplir esa función.
Asimismo, propugna la creación de una Policía Fiscal y un registro de tenedores de billetes de 500 euros. En éste capitulo, IU ve necesario que haya un “establecimiento de responsabilidad económica subsidiaria” para las instituciones financieras cuya colaboración sea precisa para operaciones de blanqueo de capitales, ocultación de bienes y capitales en España o en el extranjero“. Propone además que se prohiba que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales.
Vigilar las contrataciones
Entre las medidas para el control de los procesos de contratación, la candidatura que lidera Garzón plantea la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público “para limitar las revisiones de los precios de la contratación, evitar las divisiones injustificadas de los contratos e incorporar las garantías y reformas establecidas por la Unión Europea”.
Pero también la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de la Ley de Gobierno local y de la Ley de financiación de las Haciendas Locales, “para que todos los alcaldes y concejales tengan la obligación de depositar su declaración de bienes e intereses en un registro público”.
IU cree necesario la creación de un Registro público de recalificaciones de suelo, y también la de un Cuerpo de Inspectores, ajenos a los Ayuntamientos, que vigilen la legalidad de los planeamientos urbanísticos.
En cuanto a los cargos públicos, IU quiere que los salarios de los representantes electos no pueden exceder al del funcionario de rango más alto de la administración en la que ejerce su labor; la eliminación de los planes de pensiones privados u otras prestaciones otorgadas por el hecho de ser cargo público y que sean pagados con cargos a los presupuestos de cualquier institución pública.
Los obsequios con valor superior a 200 euros deberán ser rechazados o entregados a la institución. Se propone crear un Registro Público de Obsequios e Invitaciones para cuantías inferiores a 200 euros.
Incompatibilidades y prohibición de las ‘puertas giratorias’
A todo ello se suma una regulación estricta de incompatibilidades para los cargos públicos “para evitar la simultaneidad con la participación en entidades privada”. En este sentido, IU deja claro que un paso que hay que dar es la reforma de la ley de incompatibilidades “para restringir las posibilidades del paso de cargos ejecutivos a la empresa privada del sector en el que se había ejercido el cargo”. Es decir, prohibir las llamadas 'puertas giratorias'.
Además, propugna la extensión del régimen de incompatibilidades a los diputados y senadores, así como la renuncia al aforo, “que se haría extensivo al presidente y a los miembros del Gobierno de forma que sólo quede restringido a hechos relacionados con las actuaciones en órganos de representación política y no a delitos relacionados con la actividad pública o privada”.
IU quiere que se incluya en la Constitución la posibilidad de “revocabilidad de los cargos públicos”. O que se limiten “drásticamente los gastos de las candidaturas presentadas por los Partidos Políticos y coaliciones en las campañas electorales”.
Partidos políticos y transfuguismo
Otra de las propuestas es la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos con el fin de prohibir las donaciones a los partidos, fundaciones y asociaciones ligadas a éstos, por parte de empresas contratadas, en el momento de la donación o con anterioridad, por las Administraciones Públicas, organismos y empresas públicas.
En este apartado el programa de Unidad Popular propone que todas las aportaciones económicas a los partidos sean públicas y de libre acceso a cualquier ciudadano. También que se prohíban las donaciones anónimas a partidos y sus fundaciones “con independencia de la cuantía económica”, así como “las donaciones por parte de personas jurídicas”.
Otro de los puntos que reclama es el establecimiento de un Código Ético del cargo público, que deben incluir los partidos en sus respectivos Estatutos, en el que se comprometan a “denunciar ante la fiscalía y a colaborar con la Justicia ante cualquier dato de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus responsabilidades como cargos públicos”, “asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción”, y a solicitar la dimisión cautelar o la separación provisional de la organización a los cargos que “tras su imputación por delitos vinculados a la corrupción estén inculpados o sean objeto de medidas judiciales cautelares”. En el caso de existir condena en firme “la separación será definitiva”. No obstante, se explica que “la dimisión cautelar no implica reconocimiento de responsabilidades penales, y tiene como objeto establecer un cordón sanitario entre la política y la peripecia judicial de los interesados”.
El documento se completa con un último apartado con medidas para castigar el transfuguismo, convirtiendo en ley el Pacto alcanzado en esta materia por los partidos políticos. Entre otras cosas, IU propone “no conformar gobiernos locales o autonómicos con aquellos que hubiesen desertado alguna de las formaciones políticas firmantes o se encontraran imputados o procesados en firme por los tribunales de Justicia, por delios relacionados con la corrupción política o urbanística”; “impedir que los tránsfugas puedan formar grupo propio o cobrar más de lo que percibían antes de abandonar su grupo”. Finalmente, propugna obligar a los diputados tránsfugas “a devolver su escaño a la candidatura en cuya representación fueron elegidos”.