Unidas Podemos ve urgente un giro a la izquierda en la acción del Gobierno después de una semana compleja en la que se han evidenciado algunas de las discrepancias más profundas dentro del Ejecutivo de coalición. El grupo confederal fía ahora ese viraje que se contempla por Moncloa a recuperar una política migratoria basada en los derechos humanos tras la estupefacción que generaron en el socio minoritario la masacre de Melilla del pasado 24 de junio y la reacción de la parte socialista del Gobierno ante la muerte de decenas de personas. Pero, además, confía en que se pueda atajar la inflación desde el Consejo de Ministros, aprobando impuestos y medidas de intervención que permitan controlar los precios del sector energético, uno de los que más está influyendo en el alza de precios.
Pese a rechazarla, el grupo confederal quiso mantener un perfil bajo ante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid por “respeto” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Públicamente no han escenificado las diferencias, y la propia Irene Montero, en la reunion posterior al Consejo de Ministros, evitó referirse al asunto cuando fue preguntada por los periodistas, después de que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, advirtiese de que sobre la reunión de la Alianza Atlántica respondería ella.
Pero, una vez concluida la cumbre, los principales dirigentes de Unidas Podemos evidencian su malestar con su socio, principalmente por no haber sido informados de forma prioritaria de los compromisos que adquirió Sánchez con los aliados y, en concreto, ante el aumento del gasto militar prometido por el presidente para llegar al suelo del 2% de inversión en Defensa para 2019 y que debería aprobarse en los próximos Presupuestos que ya está negociando la coalición. Unidas Podemos no comparte ese objetivo y se queja de las formas. “Se informó antes al PP que a nosotros”, se quejan fuentes de esa fuerza política.
A ello hay que sumarle el enfado y la indignación del grupo que integra a Podemos, IU y los 'comuns' por la actitud mantenida por Sánchez y los ministros de Interior, Defensa y Exteriores ante la masacre de Melilla del pasado día 24 de junio. Fallecieron 23 personas, según las autoridades, una cifra que se eleva a 37 con los cálculos realizados por distintas ONG. La principal inquietud en Unidas Podemos es por la falta de explicaciones del Gobierno, pero también por el hecho de que el ala socialista del Ejecutivo comience a emplear términos como “inmigración ordenada”, similares a los que utiliza la extrema derecha, para abordar un fenómeno ante el que el grupo confederal insiste en que prioriza la defensa de los derechos humanos.
El socio minoritario está acostumbrado a convivir en la discrepancia con el PSOE ante algunos asuntos de profunda carga ideológica como la pertenencia a la OTAN o la inmigración, pero también el modelo territorial del Estado y la monarquía. Ahora, en cambio, considera que la única forma de que la ciudadanía no castigue en las urnas a toda la izquierda por esas diferencias internas y que se pueda reeditar un Gobierno progresista es utilizando el Boletín Oficial del Estado para legislar con “políticas valientes”, que den un giro más de izquierdas a la labor del Ejecutivo en el final de la legislatura.
En Unidas Podemos se confiesan satisfechos con el resultado de la negociación del decreto anticrisis que, la semana pasada, incorporó varias de sus medidas, como el cheque de ayuda a los más vulnerables –aunque el grupo confederal pedía que fuera de 300 euros y finalmente será de 200– o la subvención de parte del abono del transporte público. Pero las fuentes de la más alta responsabilidad consultadas por este diario consideran que es “la hora de hacer más” para contentar al electorado de izquierdas y que este no se quede en casa en las próximas generales. Sobre todo, tras los batacazos registrados por los partidos del Gobierno en Castilla y León y Andalucía. También por el desgaste que puede suponer para la izquierda la disparada inflación, que esta semana se situó por encima del 10%, una cifra inédita en 37 años.
Díaz: “La patronal tiene que asumir su responsabilidad”
La idea es que el Ejecutivo se centre en paliar las consecuencias de la inflación en los ciudadanos más vulnerables. El jueves, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que el próximo viernes inicia 'Sumar', su proceso de escucha para decidir si se presenta a las generales –del que este viernes desveló el logo e hizo público el primer vídeo–, reclamó un mayor esfuerzo a las grandes empresas para que garanticen el poder adquisitivo de sus trabajadores. En un hilo de Twitter, la también coordinadora de Unidas Podemos en el Ejecutivo quiso remarcar que “los salarios no son los culpables sino las víctimas de la inflación”, por lo que, a su juicio, “las nóminas no deben soportar la crisis” generada por el aumento de los precios.
“La inflación es hoy el principal problema de nuestro país. La gente está sufriendo la subida general de los precios, se están empobreciendo cada día”, señaló. Para Díaz, “no se puede consentir que una minoría esté aprovechando la crisis para aumentar sus beneficios a cuenta de la mayoría”. Y, además, sostuvo que “tampoco es de recibo que el enorme esfuerzo público del gobierno para proteger a la gente acabe enriqueciendo a unos pocos”.
“La patronal española y las grandes empresas, especialmente las energéticas, tienen que asumir su responsabilidad. Es el momento de redistribuir las cargas, que los que más tienen arrimen el hombro por su país. Tenemos que recortar los márgenes de beneficios por el bien común”, agregó la titular de Trabajo. En su opinión, “las familias no pueden soportar más esta situación” por lo que se debe “proteger a la gente para que puedan sacar su vida adelante”. “Hay margen para que los salarios suban”, les dijo a los empresarios. Pero Díaz también lanzó un mensaje al socio mayoritario del Gobierno, el PSOE, y al resto de fuerzas políticas, al asegurar que “la democracia se defiende con más derechos”.
Ese mismo día, el jueves, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ponía encima de la mesa otra propuesta relacionada con el giro a la izquierda que buscan dentro del Ejecutivo, pero también para atajar las consecuencias de la inflación. Coincidiendo con lo planteado por otros socios de izquierdas del Gobierno progresista, Echenique quiso dejar claro que sin una intervención directa del Estado en los precios de la energía, las grandes empresas podrán seguir aplicando tretas para ganar dinero a costa de una mayor carga en los precios que pagan los ciudadanos. Él lo explicó con las siguientes palabras: “Dado que las grandes eléctricas no son hermanitas de la caridad sino más bien bandoleros, jamás van a perder dinero si pueden ofrecer el precio que les dé la gana”.
Aplicar ya el impuesto a las eléctricas
Echenique quiso, además, recordar que en el acuerdo de gobierno suscrito por su grupo y el PSOE no pone “reducir” o “mitigar” los “beneficios caídos del cielo” de las grandes eléctricas, sino que “pone acabar con los beneficios caídos del cielo”. “Por eso, y habiendo comprobado ya que el sistema marginalista no es sagrado y se puede tocar, nosotros pensamos que el Gobierno debería trabajar seriamente para poner un tope efectivo más bajo que permita reducir aún más los beneficios caídos del cielo del oligopolio eléctrico”, añadió, considerando que la 'excepción ibérica' puesta en marcha hace dos semanas no ha sido suficiente.
Unidas Podemos también exige “desbloquear la tramitación del proyecto de ley de la minoración de los beneficios extra que están teniendo las eléctricas debido al alto precio del CO2”. “El único efecto que tendría la aprobación de esta norma es que las grandes eléctricas tengan menos beneficios y los consumidores paguen menos en su factura. Hemos conseguido contener la subida de la factura, pero sigue estando muy alta. Desbloqueemos este proyecto de ley para que pueda ser aprobado en julio. No es una solución estructural a la estafa de los beneficios caídos del cielo, pero ayuda”, remachó.
Por último, Echenique reclamó aplicar “un impuesto extraordinario a los beneficios de las grandes eléctricas y las grandes petroleras” al que se ha comprometido el Gobierno, si bien lo ha pospuesto para el año 2023. “Hay que hacerlo ya”, aseguró el jueves el portavoz de Unidas Podemos, porque “mientras la gente trabajadora y los pequeños negocios no pueden llegar a fin de mes, el oligopolio eléctrico y petrolero se está forrando”. “Hay que subirles los impuestos, hay que hacer que paguen y hay que hacerlo ya”, insistió.
Tras el silencio durante la cumbre de la OTAN, en cuanto concluyó, también el jueves, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, quiso también lanzar su propio mensaje al socio mayoritario. La inflación, dijo, no se reduce “con más armas”. Por eso consideró que “no es pertinente” el acuerdo alcanzado el martes entre Sánchez, y el presidente estadounidense, Joe Biden, para incrementar de cuatro a seis los destructores en Rota, y volvió a rechazar un aumento del gasto en Defensa de cara a los próximos Presupuestos, tal y como ha propuesto el jefe del Ejecutivo.
Belarra defiende “más médicos” y “no más armas”
“España necesita más una renta garantizada que una inversión en armas”, aseguró Belarra. “Aspiro a convencer a todos los socios, también al PSOE, de que lo que España necesita son rentas garantizadas, que a la gente le atiendan en atención primaria, que la gente tenga especialistas y que no necesitamos más armas”, recalcó. “Aspiro a convencer al socio que lo que necesita España son más médicos, más profesores, y no más armas y tanques”, añadió, dando a entender que Unidas Podemos no respaldará el aumento planteado por EEUU cuando la decisión llegue al Consejo de Ministros y, después, en el Congreso.
Sánchez sigue confiado en que, finalmente, podrá lograr un acuerdo con el socio minoritario para ese incremento del presupuesto militar que pretende que llegue al 2% en siete años. A la espera de ese entendimiento que, por el momento, parece complejo, el presidente sí ha logrado el apoyo de uno de los ministros de Unidas Podemos, el de Cultura, Joan Subirats, que este viernes vio “justificado” asumir más costes militares ante el aumento de las amenazas y riesgos internacionales que a su juicio conlleva la guerra de Ucrania.