Unidas Podemos ha anunciado este viernes a última hora que presentará una querella contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, por prevaricación, ante su decisión de suspender como parlamentario a Alberto Rodríguez por su condena por haber pegado a un policía en 2014.
El grupo confederal considera que “Meritxell Batet ha tomado la decisión de retirarle el escaño a Alberto Rodríguez de manera unilateral, contra el criterio de los letrados de la Cámara y de la Mesa del Congreso que se reunió el pasado martes y ayer”.
“La presidenta del Congreso conoce la sentencia y sabe que la inhabilitación de Alberto Rodríguez era para ser elegido en unas próximas elecciones durante 45 días, lo que en ningún caso implica perder el escaño”, han explicado fuentes de Unidas Podemos.
Por todo ello, la formación presentará la querella. “La decisión que ha tomado cediendo ante la vergonzosa presión del Supremo y la extrema derecha hace un daño enorme a la democracia y a nuestro país”, zanjan las fuentes de Unidas Podemos.
El PSOE, por su parte, ha querido este viernes reiterar su postura de “respeto absoluto a la independencia judicial que se plasma siempre en el acatamiento y cumplimiento de las sentencias que dictan los tribunales en el ejercicio de sus funciones”. Fuentes socialistas han remarcado que Batet “se ha limitado en todo momento a dar cumplimiento a la ley y a las sentencias emanadas de los tribunales y así lo ha hecho hoy de nuevo, una vez despejadas las dudas sobre su aplicación”. “Las sentencias se pueden recurrir pero no se pueden incumplir. Por todo ello, el Partido Socialista respalda la actuación a la Presidenta del Congreso en el cumplimiento escrupuloso de su deber”, han apuntado desde Ferraz.
La máxima responsable de la Cámara Baja había tomado la decisión de suspender la condición de diputado del exsecretario de Organización de Podemos esta misma tarde después del escrito enviado este viernes por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, recordándole que Rodríguez ha sido condenado a pena de cárcel e inhabilitación de sufragio pasivo.
Según han explicado fuentes de la Presidencia del Congreso en un comunicado, Batet “ha comunicado al diputado D. Alberto Rodríguez el oficio del presidente del Tribunal Supremo por el que se da traslado de la sentencia de la Sala Segunda, que comporta la pérdida de su condición de diputado, y del auto por el que se dispone su ejecución. Asimismo, se ha dado traslado de la misma a la Junta Electoral Central, a los efectos de su sustitución, y a la Secretaría General del Congreso”.
Asimismo, Batet también ha remitido oficio al Tribunal Supremo trasladando copia de estas comunicaciones y se ha puesto en contacto personalmente con el diputado para trasladarle la notificación del Tribunal Supremo.
Marchena escribió a Batet después de que el jueves, en una tensa reunión de la Mesa de la Cámara Baja, la mayoría que suman PSOE y Unidas Podemos acordara solicitar al Supremo una aclaración sobre si Rodríguez debía ser suspendido, ante la confusión generada por las discrepancias entre los letrados del Congreso, que emitieron un informe asegurando que el diputado podía mantener su acta, y la visión tanto de las derechas de PP y Vox como del propio Supremo.
Los servicios jurídicos del Congreso argumentaron en el texto que ahora esgrime Unidas Podemos para justificar su querella que, según la sentencia del Supremo, el aún diputado no podría presentarse a unas elecciones pero sí seguir en el Congreso, ya que su actual condición de parlamentario la adquirió en diciembre de 2019 y, por tanto, dos años antes de la condena.
En la sala segunda del Supremo, que el miércoles dirigió un escrito a Batet reclamándole la suspensión del diputado de Unidas Podemos, hicieron una interpretación contraria en función del principio de “inelegibilidad sobrevenida”, según el cual Rodríguez ya no cumplía las condiciones que se exigen para ser elegido parlamentario, por lo que debía dejar el acta de forma inmediata, como finalmente Batet le ha forzado a realizar.
La inhabilitación “es obligada”, según Marchena
Después de explicar que el Supremo no puede aclarar sus sentencias si no es a petición de las partes, este viernes Marchena le dijo a Batet que la condena de 45 días de cárcel de Rodríguez ha sido sustituida por una multa pero solo a efectos de su ejecución.
“La pena de prisión es es el desenlace punitivo asociado a la conducta que se declara probada, sin perjuicio de que a efectos de su sustitución –y sólo a estos exclusivos efectos– se haya acordado su sustitución por una pena de multa”, dice el escrito remitido al Congreso a través de la presidencia del Supremo. La condena de inhabilitación, además, “es obligada”.
El parlamentario de Unidas Podemos fue condenado a pagar una multa de 540 euros e indemnizar a un agente de Policía Nacional por darle una patada en una manifestación en La Laguna en 2014. Su condena era de mes y medio de prisión pero el Código Penal obliga a sustituir automáticamente en sentencia esas condenas por una multa. Lo que no quedó sustituida fue su condena de inhabilitación de sufragio pasivo, es decir, el derecho a presentarse a unas elecciones.