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Unidas Podemos se desmarca de la reforma de la malversación pero no obstaculizará su aprobación

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en rueda de prensa

José Enrique Monrosi

12 de diciembre de 2022 11:12 h

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Unidas Podemos se desmarca de la reforma del delito de malversación que ultiman PSOE y ERC mediante la tramitación parlamentaria de la amplia reforma del Código Penal que, entre otras cosas, pondrá fin al delito de sedición para sustituirlo por el desórdenes públicos agravados. Fuentes parlamentarias del grupo confederal aseguran que se trata de “un acuerdo entre el PSOE y ERC” y subrayan: “Unidas Podemos no ha formado parte del acuerdo para reformar el delito de malversación”.

“Nosotros tenemos dudas sobre la futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces y por eso no vamos a firmar esa enmienda”, apuntan esas mismas fuentes, que no obstante aclaran que permitirán la tramitación de la ley con esa enmienda incluida porque “contiene elementos tan importantes como la derogación del delito de sedición o el desbloqueo del Tribunal Constitucional”.

El PSOE tiene previsto presentar este lunes en el Congreso una nueva propuesta de reforma del Código Penal que añade un tipo de malversación que penaliza con hasta 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública, lo que permitiría rebajar en dos años las penas con el actual Código Penal. Corrigiendo así la propuesta de ERC, cuyo texto habla de una pena de seis meses a tres años para el que destinara “a unos particulares y ajenos a la función pública” el dinero público.

El Gobierno considera que, con esta nueva propuesta, ningún supuesto de malversación quedaría despenalizado, ni el más leve, que sería el de nueva creación, hasta el más grave, e incluso otros comportamientos que ahora no están castigados, que también se incluirían, como el de enriquecimiento ilícito para aquellos cargos que obtengan un incremento patrimonial de más de 250.000 euros durante su mandato, que no puedan acreditar su origen, y que conllevaría hasta tres años de cárcel.

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