La tramitación de la nueva Ley de Memoria Democrática tomó impulso este martes por la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de cerrar definitivamente el plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas al texto elaborado por el Ministerio de la Presidencia y Memoria Democrática, en manos del socialista Félix Bolaños. Se trata de la norma que amplía y mejora la ley de Memoria Histórica, vigente desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en aspectos como la localización de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura, y que ahora será debatida en comisión antes de la votación definitiva en Pleno, en las próximas semanas.
Pero el nuevo texto sigue sin lograr los apoyos necesarios para poder salir adelante. Existen incluso discrepancias dentro del propio Gobierno de coalición, ya que Unidas Podemos, que ha registrado más de 40 enmiendas al articulado, se ha sumado a distintos partidos nacionalistas e independentistas presionando al PSOE para que acepte incluir en la norma la supresión de dos puntos de la Ley de Amnistía de 1977 para poder perseguir los crímenes cometidos por el régimen franquista. Se trata de los preceptos “e” y “f” de la normativa de hace 44 años, que incluían dentro de la amnistía “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público” y “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”.
Aunque el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Héctor Gómez, eludió hablar este martes de esa discrepancia con su socio de coalición y se limitó a mostrar su “optimismo” respecto a la aprobación de la ley, desde Unidas Podemos, su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, insistió en la necesidad de que la norma “acabe con la impunidad del franquismo” con la modificación de esos dos aspectos de la Ley de Amnistía. Fuentes del grupo confederal apuntaron además que en este momento esa es la principal batalla que existe entre los socialistas y el resto de socios nacionalistas e independentistas en las negociaciones.
El lunes, un día antes de que finalizara el plazo para presentar enmiendas, EH Bildu, ERC, Junts, PDeCAT, la CUP y el BNG registraron un paquete conjunto de correcciones en el que incluyeron la derogación de esos dos puntos de la Ley de Amnistía. “Sin estas modificaciones se continúa perpetuando la impunidad sobre los crímenes del franquismo y los crímenes de lesa humanidad”, explicaron estos grupos, que denunciaban que “la preeminencia de la verdad y el derecho a que se haga justicia efectiva ha forzado a instituciones y familias a abrir procesos penales en otros países a tenor de la imposibilidad de hacerlo en territorio del Estado”.
Malestar de ERC por las conversaciones con Ciudadanos
Además, estos grupos que, como ERC, EH Bildu o PDeCAT, han sido socios del Gobierno en la investidura y que ahora negocian también los Presupuestos de 2022, presentaron una serie de iniciativas de difícil encaje para el PSOE, como “la supresión del título de Rey y los privilegios que del mismo se derivan habida cuenta que fue otorgado por un régimen ilegal”. Las formaciones independentistas remarcan que “la jefatura del Estado fue institucionalizada por Franco sin que se sometiera a referéndum para que los ciudadanos pudieran escoger la forma de Estado”.
Estas exigencias que por el momento no contemplan aceptar los socialistas han llevado al principal partido del Gobierno a sondear la posibilidad de lograr otros apoyos para poder sacar adelante la Ley de Memoria Democrática. El PSOE está en conversaciones con Ciudadanos, que se ha mostrado dispuesto a apoyar la nueva norma si, en respuesta, los socialistas respaldan en el Congreso su ley de víctimas del terrorismo que contempla prohibir los homenajes a los expresos de ETA o que exige colocar placas en recuerdo de los asesinados en los lugares de sus respectivas matanzas.
“Nuestra obligación es abrir el marco del diálogo, lo que no significa excluir a nadie, sino abrir el marco de interlocución”, sostenía este martes en rueda de prensa el portavoz del PSOE, negando que ese diálogo con Ciudadanos suponga dejar de lado las conversaciones con sus socios habituales.
Pero uno de ellos, ERC, ya ha manifestado su malestar con el hecho de que el PSOE esté hablando con el partido de Inés Arrimadas. El portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró que sus negociaciones con la parte socialista del Gobierno están “encalladas”, por lo que ERC sigue en el “no” a la nueva norma. “Sospechamos que quieren cerrarla con un partido de derechas como es Ciudadanos”, apuntó en rueda de prensa, subrayando que ERC no va “tragar con eso” y que Unidas Podemos, en su opinión, tampoco debería hacerlo.
El Gobierno considera “normal” el debate
ERC quiere que la nueva ley sea “lo más digna posible” y, según Rufián, sus enmiendas incorporan peticiones muy “sencillitas” como declarar “ilegal” el régimen franquista, en alusión a la derogación de esos dos puntos de la Ley de Amnistía, o que se reconozca la responsabilidad de haber colaborado con el régimen de la cúpula de la Iglesia Católica y de las empresas que se aprovecharon del “trabajo esclavo” de los republicanos. “Todo esto de momento no pasa y estamos en un no bastante claro”, ha insistido Rufián, para quien la nueva ley debería pactarse entre los “partidos históricos”, entre los que ha citado a PSOE, PNV, ERC y el PCE, y no con una formación “de derechas” como Ciudadanos.
Fuentes del Gobierno coinciden con el portavoz socialista, Héctor Gómez, e insisten en su “optimismo” para sacar adelante la nueva norma. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que la propuesta se aprobó por el Gobierno “con absoluto acuerdo” entre los dos socios, aunque consideraba que “es normal que las leyes se debatan” en el Parlamento. “Vamos a ver cómo termina el acuerdo con otros grupos”, zanjaba, informa Irene Castro.