Unidas Podemos y los socios de la investidura piden que el Congreso investigue los vuelos del rey emérito desde su abdicación

La Mesa del Congreso tendrá que volver a pronunciarse el martes que viene sobre una investigación parlamentaria sobre el nuevo escándalo financiero que afecta al rey emérito. Unidas Podemos, junto a ERC, PNV, JxCat, PDeCat, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP, han registrado este viernes una solicitud de creación de una comisión sobre “las irregularidades fiscales cometidas por D. Juan Carlos de Borbón en ocasión de la contratación y el abono a cargo de la Fundación Zagatka de vuelos privados posteriores a su abdicación”.

El grupo confederal y el resto de firmantes resaltan expresamente que el ámbito de actuación de la comisión se ceñirá al periodo posterior a la abdicación, para intentar evitar así el veto de PSOE, PP y Vox alegando que la figura del jefe del Estado es “inviolable”, según la Constitución. Este es uno de los motivos esgrimidos habitualmente por estos partidos para rechazar cualquier iniciativa parlamentaria sobre el padre del actual rey.

El prolijo y cuidado escrito (más de lo que es habitual en este tipo de peticiones) presentado al Congreso repasa los escándalos financieros surgidos alrededor de Juan Carlos de Borbón y de otros miembros de su familia y hace especial hincapié en las dos regularizaciones fiscales acometidas por el rey emérito en los últimos meses, así como en las diligencias abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo y que fueron comunicadas en su momento al propio investigado. El escrito señala que estas regularizaciones fiscales, “sobre todo las que traen causa de actuaciones posteriores a la abdicación, podrían implicar la confesión de delitos contra la Hacienda Pública que no están cubiertos por el privilegio de la inviolabilidad”.

“Las informaciones publicadas sobre el caso de los vuelos privados no descartan que los intentos de regularización 'voluntaria' se hayan producido, al igual que en el caso de las tarjetas opacas, porque el Rey emérito sabía que existía una investigación en marcha”, prosigue el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es. Y añade: “Las investigaciones abiertas en otras jurisdicciones, como la que lleva adelante la Fiscalía del Cantón de Ginebra, en Suiza, tampoco permiten asegurar que se trate de una regularización veraz y completa”. Para zanjar: “Tampoco están claro los orígenes del dinero utilizado para saldar los 4,4 millones adeudados al fisco en relación con los viajes privados realizados por el exrey”.

Además, los firmantes recuerdan que “el préstamo concedido para pagar la deuda con Hacienda podría vulnerar la normativa sobre regalos de la propia Casa Real y podría constituir nuevos delitos o graves irregularidades añadidas”, tal y como ha informado elDiario.es esta misma semana.

Los hechos son “suficientemente graves como para que las Cortes, en tanto máxima representación de la soberanía popular, tomen cartas en el asunto”, señala el documento.

Esquivar la Ley Tributaria

El escrito también se intenta anticipar a otro de los motivos alegados de forma habitual para impedir estas investigaciones: el secreto en los datos fiscales. Pero la propia Ley Tributaria recoge en su artículo 95 que dicha información sí podrá cederse a terceros, entre otros, en el marco de una comisión de investigación parlamentaria.

El escrito pone varios ejemplos de investigaciones parlamentarias que han roto ese secreto fiscal, como la que se produjo “sobre la actuación, evolución y gestión del patrimonio de Don M.R.J (Mariano Rubio), así como el posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias en operaciones privadas, durante el período en que ejerció cargos públicos de responsabilidad en el Banco de España (V Legislatura) o la Comisión de investigación sobre la gestión de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección General de la Guardia Civil, mientras fue Director General Don L.R (Luis Roldán), también en la V Legislatura”.

El escrito recuerda que el Congreso también ha investigado hechos que formaban parte de procedimientos judiciales contemporáneos, como fueron las investigaciones “sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, la Comisión sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago, o la relativa al vuelo JK 5022 de Spanair”.

Cinco puntos a investigar

Para intentar amarrar el informe favorable de los letrados del Congreso, algo que Unidas Podemos ya consiguió en otra propuesta de investigación al rey emérito, el escrito delimita a cinco los asuntos que podría sondear el Congreso.

Primero, si la fundación Zagatka “habría financiado a Don Juan Carlos de Borbón y sus amistades vuelos privados de placer, con posterioridad a su abdicación como Jefe del Estado”; segundo, “si a partir de su abdicación como jefe del Estado, omitió deliberadamente la obligación de declarar ante la Hacienda pública las cantidades percibidas o utilizadas para pagos de vuelos”; “si las cantidades utilizadas por el exrey para regularizar sus cuentas provienen de préstamos o de donaciones sujetas a obligaciones tributarias con posterioridad a junio de 2014”; “si el pago de dichos préstamos podría recaer sobre sus herederos, incluido el actual Jefe del Estado, Felipe VI”; y, por último, “si hacen falta cambios normativos que impidan que estos hechos puedan producirse en el futuro”.