Unidas Podemos quiere extender al resto de los partidos políticos el sistema con el que financia sus campañas electorales y para ello ha registrado este martes una proposición de ley que contempla prohibir de forma expresa que las fuerzas puedan financiarse en estos periodos a través de créditos bancarios. El objetivo, aseguran fuentes del grupo parlamentario, es evitar la “injerencia” de ese sector en los “procedimientos electorales”.
La proposición de ley que el grupo ha enviado al Congreso de los Diputados prevé que los partidos financien sus campañas electorales a través de recursos propios, con aportaciones de su militancia o mediante campañas de donativos o microcréditos sin interés. A cambio, Unidas Podemos propone compensar el impacto del eventual descenso de los ingresos por esa vía con un incremento del porcentaje de adelanto de las subvenciones que estas formaciones pueden recibir, para que pase del 30% actual al 50%.
Las formaciones que componen Unidas Podemos han criticado en los últimos días la influencia que tiene el sector bancario gracias a esta vía en las propuestas programáticas del resto de partidos. Podemos, por ejemplo, asoció recientemente en una campaña en redes sociales esa financiación bancaria con el hecho de que solo ellos hayan propuesto crear una banca pública o poner un tope a las cuotas de las hipotecas variables ante la subida de tipos de interés. “Quien paga manda y por eso a Podemos lo financia la gente”, escribieron.
“El sector bancario en España tiene un enorme poder político y mediático que limita de una manera muy marcada el desarrollo democrático del país”, sostiene Unidas Podemos en la proposición de ley a la que ha tenido acceso este diario. “España es uno de los países, no solo de la UE sino también de la OCDE, donde la banca pública está menos desarrollada. La potencia del sector financiero de nuestro país explica su enorme influencia sobre debates claves para el desarrollo de políticas públicas que beneficien a las mayorías sociales”, argumenta el grupo en el texto, que atribuye a la influencia del sector bancario en la política que se hayan postergado en el tiempo medidas como la regulación de la dación en pago en los préstamos hipotecarios, la limitación de los tipos de interés abusivos, la regulación del mercado inmobiliario, el freno a la externalización de servicios públicos o la recuperación del dinero público perdido en los rescates bancarios.
Para establecer esta prohibición, la proposición de ley plantea la inclusión de dos puntos nuevos en el artículo 128 de la ley de régimen electoral (LOREG): 2) “Queda igualmente prohibida la aportación a estas cuentas electorales de fondos procedentes de cualesquiera entidades de crédito, bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito o del Instituto de Crédito Oficial”. 3) “Queda igualmente prohibida la aportación a estas cuentas electorales de fondos derivados de préstamos provenientes de personas físicas y jurídicas, siempre que estos sean a título oneroso, y se haya pactado una contraprestación o interés. Esta prohibición no afectará a los préstamos a título gratuito”. Asimismo, plantea retirar del apartado de gastos electorales de los partidos los “intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral, devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspondiente”.
Fin al envío masivo de propaganda electoral
La propuesta de Unidas Podemos también incluye un apartado para eliminar el envío masivo de papeletas y propaganda electoral a los domicilios. El grupo confederal señala el “altísimo coste” que esta subvención entraña para las arcas públicas del Estado, ya que no está afectada por los límites de gasto de campaña genéricos y apunta a que se ha disparado “en la última década”, “igualando o, incluso en el caso de algunas formaciones políticas, superando la cuantía de la subvención electoral general”.
Lo que plantea a cambio Unidas Podemos es que la Administración efectúe un único envío con todas las candidaturas presentadas y proclamadas, aunque limita esta propuesta a las elecciones generales, autonómicas y europeas, por las “enormes dificultades” que argumentan entrañaría para la Administración “la remisión a tiempo de papeletas de la infinidad de candidaturas que se presentan”, y debido también a “la menor financiación pública que tienen las formaciones políticas que se presentan a estos comicios”.
El texto del grupo confederal señala los datos de un reciente informe del Tribunal de Cuentas al respecto, que documenta que en las últimas generales “se subvencionaron 150.013.844 envíos electorales por un importe total de 25.313.719”, un importe superior por primera vez “al de la suma del resto de subvenciones para campaña electoral a todas las formaciones políticas”, que ascendió a 23.621.353,08 euros.