El sistema electoral a nivel nacional, dividido en circunscripciones, beneficia a los partidos mayoritarios y perjudica, tradicionalmente, al resto, principalmente, en las provincias que reparten pocos escaños. Esto explica que en Soria, Guadalajara y Cuenca, por ejemplo, el 40%, el 36,7% y el 30,7% de los electores, respectivamente, votara por un partido que no sacó diputado en esa provincia. O que más de un millón de votos a Vox y Unidas Podemos no sirvieran para conseguir un escaño por la provincia por la que se presentaban.
El 26 de mayo estos partidos tienen la posibilidad de que los votos que no les han servido para tener más representantes en el Congreso sí les sean útiles en los parlamentos autonómicos. Es una cuestión de aritmética. En las provincias que eligen pocos diputados en las generales (y, por lo tanto, menos partidos pueden conseguir uno) se eligen más para sus propios parlamentos. A más escaños, más posibilidades de entrar.
Por ejemplo, si La Rioja aporta cuatro diputados al Congreso, para su parlamento elige 33. Con una circunscripción electoral única y el mismo sistema d'Hondt, si los electores mantuvieran su voto en las autonómicas, obtendrían representación los cinco grandes partidos (PSOE, PP, Cs, UP y Vox), mientras que para las generales solo lo lograron PP, PSOE y Ciudadanos.
En las elecciones andaluzas de diciembre, Vox tuvo 395.978 votos, que se tradujeron en 12 de los 109 escaños que tiene la Junta. Son el 10,97% de los votos y el 11,01% de los asientos: redondeando, el 11% en los dos casos. Para las generales, en Andalucía apoyaron a este partido 611.220 personas. De los 61 diputados que aporta la Comunidad, 6 fueron de Vox. Son el 13,38% de los votos y el 9,83% de los diputados. Es decir, más votos, menos representación: 3,5 puntos de diferencia.
“En las diferentes elecciones autonómicas, básicamente, los distritos son mayores y lo que sería el problema de la proporcionalidad en circunscripciones pequeñas desaparece casi absolutamente”, explica el profesor de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona Josep María Reniu. Por eso, el ejemplo de La Rioja puede extrapolarse a todas las autonomías que no enviaron diputados de estos cinco partidos al Congreso.
Por parlamentos autonómicos, en Canaria entraría Vox, que en las generales se quedó fuera; en Cantabria, Vox y UP; en Navarra UP, Vox, Bildu y Gbai; y en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, UP. “A quienes les ha costado más ahora, en unas autonómicas tienen más facilidad para acceder, pero por una cuestión de magnitud. Cuantos más diputados se repartan, manteniendo los mismos resultados o, incluso, reduciéndolos, puede ser más fácil obtener representación”, añade. “En las comunidades autónomas, la proporción entre votos y población es más ajustada, se pierden menos votos que en el Estado”, apunta la jurista y doctora en Derecho Julia Sevilla.
Exigir el 3 o el 5%, cuestión de “voluntad política”
Las comunidades tienen sus propias leyes electorales aunque la mayoría adaptan la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) a su propia idiosincrasia. Esto es, cuántos diputados se eligen y cómo se reparten por provincia o circunscripción. Pero todas utilizan el sistema d'Hondt para repartir sus escaños. En lo que se diferencian unas de otras es en el porcentaje de votos válidos emitidos que necesitan los partidos para acceder al reparto.
De las que tienen elecciones este mes, Aragón, Asturias, las dos Castillas, Navarra y Murcia, piden el 3% en cada circunscripción (como los que se necesitan en una elecciones generales); Cantabria, Madrid, Extremadura y La Rioja, exigen tener el 5%. Destaca el caso de las Islas Canarias, donde solo se tienen en cuenta las listas que hubieran obtenido, al menos, el 15% de los votos válidos emitidos en su circunscripción insular o el 4% del total, sumando todas aquellas en las que se hubiera presentado. Este mes, cada ciudadano de las islas votará por dos circunscripciones: por la isla en la que viva (cada una reparte un número de diputados) y por la Comunidad (que reparte nueve). En total, son 70.
“Aumentar la barrera siempre es una forma de limitar la dispersión del voto”, explica Sevilla, para quien “por una parte va a favor de facilitar los acuerdos en la cámara pero, por otra, está claro que hay votos que se pierden”. En 2015, Izquierda Unida se quedó a 20.000 votos de alcanzar ese 5% en la Comunidad de Madrid. Tuvo el 4,14% de los apoyos, 67.084 votos que no tuvieron representación. La atomización de la izquierda en estos comicios podría volver a mostrar las consecuencias de la barrera.
Para Reniu, situar ese barrera mínima en el 3 o en el 5% responde a un interés político en el diseño de las leyes. “Se puede justificar como una forma de evitar la fragmentación, garantizar la formación de gobiernos con mayor solidez parlamentaria, etc., pero desde el punto de vista de los especialistas en gobiernos de coalición, esto reduce la fragmentación, la búsqueda de consensos, de opiniones políticas que puedan tener representación y, por tanto, la inclusión de más puntos de vista en el parlamento autonómico”.
En cuanto al reparto de diputados autonómicos, las comunidades formadas por varias provincias suelen contar con un mínimo por provincia y reparten el resto proporcionalmente entre todas. Por ejemplo, en Aragón (su parlamento tiene 67 asientos), Huesca, Teruel y Zaragoza tienen un mínimo de 13 y se reparten 28 entre las tres en función de sus habitantes. En el caso de Euskadi, que no tiene elecciones autonómicas este mes, cada provincia aporta 25 diputados. Esta cuestión responde, en palabras de Sevilla, a un intento por “favorecer la igualdad de la representación en perjuicio de una proporcionalidad estricta”.
En otras, como Castilla y León, el reparto es directamente proporcional a la población. Para estas elecciones, Ávila elige 7 representantes; Burgos, 11; León, 13; Palencia, 7; Salamanca, 10; Segovia, 6; Valladolid, 15; Zamora, 7; y Soria, 5. Precisamente, el caso de Soria, donde los escaños para las generales cuestan menos votos, es paradigmático, porque extrapolando el escrutinio del 28A a un hipotético resultado en clave autonómica, conseguirían representación 3 partidos, frente a los 2 de hace unos días. Mientras, en Valladolid, el que más aporta al total de esta región, entrarían los cinco.
En las comunidades autónomas uniprovinciales la circunscripción es única y corresponde a todo el territorio. Salvo Asturias, que divide centro, occidente y oriente; e Islas Baleares, que reparte escaños por isla.
También en los Ayuntamientos
A diferencia de las elecciones autonómicas, que se rigen por las leyes propias de cada comunidad, las municipales están reguladas por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Esto se debe a que los comicios autonómicos son competencia de las comunidades, mientras la organización de las locales corresponde al Estado.
Cada término municipal constituye una circunscripción única en la que se eligen más o menos concejales en función del número de residentes. Estos van de los 3 concejales en municipios con hasta 100 habitantes, hasta los 25 en los que tienen de 50.001 a 100.000. A partir de este número, se suma un concejal por cada 100.000 habitantes o fracción y se añade uno más si resultan pares.
Las elecciones locales arrojan “resultados más proporcionales”, explica Reniu. Sobre todo, en aquellas ciudades o pueblos que reparten 11 concejales o más (las que tienen de 2.001 residentes en adelante). Pone un ejemplo sencillo: si se repartieran 10 concejales y votara el 100% del censo, para obtener un concejal harían falta el 10% de los votos. La barrera que deben superar los partidos o formaciones que se presentan a unos comicios locales para acceder al reparto de concejales está situada en el 5%.
Hay que tener en cuenta que los resultados de las generales no son extrapolables al 100% a las autonómicas ni a las municipales. “Las dinámicas de participación son diferentes, básicamente, porque el ciudadano percibe diferentes niveles de significación de su voto”, señala Reniu.