“La pelota está ahora en el tejado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”. Esta frase pronunciada este jueves por la portavoz de Lucía Delgado, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), justo en frente de la fachada del Congreso de los Diputados, resume el ejercicio de presión a la parte socialista del Ejecutivo realizado por nueve partidos políticos con representación parlamentaria que, en su mayoría, son habituales aliados del Gobierno de coalición. Todos han firmado una proposición de ley de Vivienda elaborada por decenas de organizaciones sociales, CCOO y UGT, que ha sido registrada a las 10.00 de la mañana en la Cámara Baja.
Pero a ellos se ha sumado también Unidas Podemos, una de las dos patas del Ejecutivo que lleva meses negociando con el PSOE un texto de Vivienda. Los socios siguen sin llegar a un acuerdo. El grupo confederal quiere exigir la regulación de los alquileres, algo que contempla la ley registrada hoy en el Congreso. Se trata de un aspecto al que se resiste la parte socialista del Gobierno, pese a que esa regulación se incluyó en el pacto de Gobierno con el grupo confederal y en algunos de los acuerdos suscritos con otras fuerzas políticas para lograr su apoyo a los Presupuestos de este año.
Lucía Delgado, de la PAH, ha asegurado este jueves que la registrada hoy “será la futura ley del derecho a la vivienda” después de que la calle y las protestas ciudadanas hayan sido la “punta de lanza” de la misma. Ella ha recordado que uno de los objetivos de la iniciativa es impedir los “79.000 desahucios” que podrían producirse “cuando caigan las medidas excepcionales” de la pandemia que prohibieron esos lanzamientos.
“Existe un clamor ciudadano para legislar medidas que garanticen el derecho a la vivienda y suministros para toda la población. Solo la negativa del PSOE impide que el derecho a la vivienda esté reconocido con todas las garantías. Exigimos al PSOE que se ponga del lado de la ciudadanía”, ha enfatizado, a las puertas del Congreso.
“El PSOE se tiene que posicionar”
En concreto, Delgado ha reclamado a los socialistas “agilizar” la tramitación de la iniciativa en la Mesa de la Cámara baja “y dar luz verde a su toma de consideración” porque se trata de una regulación que permite el “acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible”. “Es el momento definitivo en el que el PSOE se tiene que posicionar. Ha llegado la hora de ponerse del lado de las personas”, ha remachado.
Carme Carazo, del Sindicat de Llogaters, ha recordado que “hace un año que el Gobierno se comprometió a aprobar una ley de vivienda” y ha censurado que el PSOE trate ahora de desmarcarse de ese compromiso “sin aprobar la ley de vivienda a tiempo ni limitar alquileres”. “El estado español es un estado fallido en materia de vivienda”, ha insistido, tras recordar los desahucios y que “en este país vivir de alquiler te hace vulnerable”. A la parte socialista del Gobierno, le ha preguntado: “¿Piensa seguir defendiendo intereses de fondos buitres frente a la ciudadanía?”
El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, ha asegurado este jueves que su grupo no se siente “en absoluto” presionado por la proposición de ley de vivienda registrada. “Los grupos presentan las iniciativas que consideran positivas”, ha asegurado Gómez durante una comparecencia ante la prensa. Además, ha destacado que “hay una negociación muy avanzada” en materia de Vivienda en el seno del Ejecutivo, si bien ha reconocido que aún hay “puntos” que los aliados deben “perfilar” para elaborar “la mejor ley y la más completa posible” para la que, ha dicho, no existe aún “un calendario”.
Él no considera una “deslealtad” que Unidas Podemos se haya sumado a la proposición de ley de los colectivos de vivienda y ha querido desligar esta materia de la aprobación de los Presupuestos. Según ha afirmado, esas cuentas se van a aprobar “en tiempo récord”.
Una vivienda “digna, adecuada y asequible”
La proposición registrada, a la que ha tenido acceso elDiario.es, recoge “la consideración real y efectiva del derecho subjetivo que toda persona tiene a una vivienda digna, adecuada y asequible, poniendo prioritaria y necesariamente a disposición de los ciudadanos una primera vivienda, ya sea en régimen de propiedad, de alquiler, de cesión de uso, o de cualquier fórmula legal de tenencia temporal y, supletoria o subsidiariamente, la implementación de un adecuado sistema de ayudas y prestaciones económicas destinada al efecto”.
Por otro lado, la norma contempla “la delimitación conceptual, a efectos prácticos y no sólo teóricos, que comporta la función social del derecho a la propiedad de la vivienda, estableciendo para ello vías positivas de fomento y concertación, sancionando asimismo, en su caso, su falta de cumplimiento injustificado”. También plantea “medidas para evitar los desahucios de personas y unidades familiares o de convivencia en riesgo de exclusión residencial”.