La negociación presupuestaria en el seno de la coalición se encamina a la recta final. Los equipos esperan que en los próximos días se lleven a cabo las reuniones definitivas que sirvan para desbloquear las medidas que ahora están sobre la mesa y que aún se mantienen encalladas por falta de acuerdo entre los socios. En algunas se han producido avances significativos, como es el caso del aumento de la fiscalidad a las grandes fortunas, una antigua reivindicación de Unidas Podemos que ahora desde el PSOE sí ven factible. Pero el debate en torno a una profunda reforma fiscal va mucho más allá entre los socios del Ejecutivo.
Según ha podido saber este periódico, los negociadores de Unidas Podemos vienen poniendo encima de la mesa desde que comenzaron las conversaciones en torno a los Presupuestos Generales del Estado una amplia batería de medidas impositivas con un mismo fin: incrementar la aportación que realizan a la financiación del Estado del Bienestar las personas que tienen más renta y patrimonio. Algo que, en mitad del cambalache fiscal de algunas autonomías estas últimas semanas, se traduce en medidas concretas para frenar en seco las prácticas de ‘dumping’ que, a juicio de los morados, están llevando a cabo en el PP.
En concreto, Unidas Podemos urge al PSOE a imponer por ley una armonización fiscal que impida la competencia desleal entre territorios mermando, además, la recaudación sobre la que se sustentan derechos básicos como el acceso a la sanidad, la educación o la prestación de ayudas sociales. Se trataría de establecer mínimos no bonificables que limiten el margen de actuación de los gobiernos autonómicos sobre impuestos como el de Patrimonio, que afectan fundamentalmente a los contribuyentes de mayores recursos económicos, siguiendo además la recomendación del Libro Blanco para la reforma tributaria.
En las negociaciones con la Moncloa, Unidas Podemos también está planteando ponerle freno a la ingeniería fiscal de las grandes fortunas subiendo el tipo por el que tributan las rentas del capital dentro del IRPF, un mecanismo clásico de ahorro de impuestos para las rentas más elevadas. Y le ponen cifras a la propuesta que ahora el ministerio de Hacienda anuncia que llevará a cabo para que paguen más impuestos los ricos. En concreto, afectaría a las grandes fortunas superiores a los 10 millones de euros y los tipos impositivos variarían desde el 3,6% hasta el 5% para patrimonios que estén por encima de los 150 millones de euros. Sobre la mesa también está una rebaja del IVA a los productos específicos para personas celíacas que, según cálculos de la vicepresidencia segunda, suponen unos gastos adicionales a las familias de casi 1.000 millones de euros al año.
Propuestas sociales
En la negociación presupuestaria que se lleva a cabo en el seno del Gobierno también se discuten los términos de algunas propuestas de Unidas Podemos en el capítulo de la protección social. El enfoque general de los morados es, en primer lugar, que todas las rentas que dependen del Estado mantengan su poder adquisitivo y suban al mismo ritmo que la inflación (pensiones, prestaciones, ingreso mínimo, subida del IPREM un 15%), pero también que se lleve a cabo la ampliación de ayudas específicas a determinados sectores de población.
Se propone, por ejemplo, una ayuda directa de 100 euros al mes para la crianza familiar por nacimiento o adopción hasta los tres años, así como un refuerzo de las políticas de conciliación y de lucha contra la violencia machista. Para este último apartado la propuesta es elevar la dotación en 71 millones de euros, una cifra que se eleva hasta los 600 millones en el caso de la ayuda a la dependencia.
También piden los negociadores de Unidas Podemos que la batería de ayudas aprobadas para hacer frente a la consecuencias económicas de la guerra de Ucrania se prolonguen durante todo el año 2023. En concreto piden que se extiendan las bonificaciones a abonos transporte que a día de hoy caducan el 31 de diciembre.