La formación foralista ha planteado esta propuesta en una enmienda a la reforma del Reglamento del Congreso que tramita actualmente la Cámara a instancias del PP para regular la actuación de los grupos de interés o 'lobbies' que tienen relación con la institución.
En concreto, UPN aprovecha para reclamar que se reforme el artículo 101.1 del Reglamento, que establece los casos “de disciplina parlamentaria” en los que el Pleno del Congreso puede acordar la suspensión temporal de la condición de diputado.
Y lo hace para añadir que puedan ser suspendidos temporalmente en sus funciones quienes incumplan el artículo 18 del Reglamento, que obliga a quienes obtienen escaño a “formular declaración de su bienes patrimoniales en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General”.
En la justificación de su enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, el partido navarro precisa que el objetivo es introducir un nuevo supuesto de sanción disciplinaria para quienes aporten “información inexacta, falseadas o engañosa” en la declaración que deben entregar a la Cámara.
OTROS CASOS DE SANCIÓN
Actualmente el Reglamento del Congreso recoge la posibilidad acordar la suspensión temporal de la condición de diputado a quien persista en su actitud tras ser sancionado por dejar de asistir a la reuniones del Pleno o las comisiones o revelar información secreta, así como a quienes se nieguen a abandonar el hemiciclo tras ser expulsados, porten armas dentro del recinto o utilice su condición de parlamentario para hacer negocios.
Pero los socios electorales del PP en Navarra también quieren que se sancionen las inexactitudes en las declaraciones patrimoniales que sus señorías entregan para su custodia en el Congreso cuando toman posesión del escaño y cuando lo dejan. Si su patrimonio varía durante el mandato, sus señorías pueden actualizar estos documentos sobre los que la Cámara no puede hacer comprobación alguna y que se limita a custodiar.
Además de consignar sus posesiones, sus señorías deben informar al Congreso de sus actividades privadas, para las que deben obtener autorización. En este caso, la Comisión del Estatuto del Diputado sí puede pedir aclaraciones a los parlamentarios antes de decidir si sus actividades son o no compatibles con el escaño.