La exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón se ha negado hoy a declarar en calidad de imputada ante el juez que investiga, dentro del caso Imelsa, la supuesta adjudicación de contratos irregulares y el cobro de “mordidas” desde el departamento municipal que dirigía.
Alcón ha entrado y salido esta mañana por una puerta lateral de la Ciudad de la Justicia, esquivando así a los medios de comunicación.
La exedil del PP estaba hoy llamada a declarar como investigada (imputada) junto al exgerente de Imelsa Marcos Benavent y los empresarios José Adolfo Vedri, responsable de la firma Engloba, y Carlos Turró.
En el caso Imelsa se investiga una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales y blanqueo de capitales que tenía su origen en la adjudicación supuestamente irregular de contratos desde varias administraciones públicas controladas por el PP.
Las declaraciones de hoy se enmarcan en la pieza separada E, en la que se investigan los delitos de prevaricación y cohecho con el supuesto cobro de “mordidas” en los contratos de mantenimiento de La Lonja, limpieza de las Torres de Quart, conservación de los puentes históricos de Serrano y Trinidad, y explotación y gestión del centro cultural La Rambleta.
Según han dejado patente los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de los informes que constan en el sumario del caso, Marcos Benavent, uno de los principales investigados del caso Imelsa, podría haber recaudado al menos 83.000 euros en comisiones ilegales de contratos supuestamente amañados por la exconcejala de Cultura.
Los investigadores achacan a Benavent el doble papel de “intermediario” y “recaudador”, mientras que Alcón “hacía valer su posición privilegiada” para “influir” en la adjudicación a determinadas empresas, según sus conclusiones.