El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, deberá responder sobre un presunto delito de desobediencia. Y lo hará desde el banquillo de los acusados, porque la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente el recurso de la Fiscalía que solicitaba su imputación. Según el Ministerio Público, León de la Riva, habría incumpllido reiteradamente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que afecta al edificio donde el tiene su vivienda habitual y que está en situación ilegal. Los hechos se remontan al año 2008, cuando el TSJCyL anuló las licencias de obras y primera ocupación del edificio y obligó a demoler los áticos, ya que estos se crearon a partir de un trasvase de edificabilidad y de unas carboneras que se convirtieron en viviendas. Además, la rehabilitación no respetó elementos protegidos y los porcentajes legales de viviendas.
A pesar de la “demoledora” sentencia del TSJCyL, el Ayuntamiento intentó esquivar el fallo que, no sólo le obligaba a derribar los áticos resultantes del trasvase de edificabilidad, también debía convertir oficinas en viviendas. Así, el Alto Tribunal instó a León de la Riva “bajo su directa y personal responsabilidad” a ejecutar la sentencia. Y lo hizo en sucesivos autos en junio de 2009, julio de 2010, marzo de 2011 y marzo de 2012.
La actitud “obstinada y recalcitrante” del alcalde a la hora de acatar el mandato judicial motivó que la Fiscalía denunciase al regidor. Sin embargo, el juzgado de Instrucción número 2, sobreseyó provisionalmente la causa el pasado mes de noviembre de 2013 al considerar que no se había acreditado la “concurrencia de conducta criminal”.
Según argumentó la Fiscalía en su recurso, León de la Riva, tras haber sido designado como responsable para asegurarse de que se cumplía la sentencia, no estuvo presente en las juntas de gobierno local cuando se iba a tratar la restitución de la legalidad del edificio a través de distintos proyectos (dos de ellos rechazados por el TSJ) para no participar en las votaciones. Sin embargo, la Fiscalía también recuerda que el alcalde no se abstuvo cuando se aprobaron las licencias de obras y primera ocupación a pesar de que en ese momento León de la Riva ya estaba en trámites para adquirir su vivienda, en el séptimo piso, justo debajo de los áticos ilegales. Según reveló el concejal socialista, Javier Izquierdo, León de la Riva obtuvo la hipoteca de su casa tan sólo unos días después de haber otorgado la licencia de primera ocupación.
En su auto, la Audiencia Provincial es contundente: “No nos encontramos ante una mera posibilidad o sospecha de que se haya podido cometer por parte del imputado un delito desobediencia, si no que su actuación (documentalmente acreditada), sí es probable de ser considerada como delictiva”,asegura. Sin embargo, la sala no estima la otra peticion de la Fiscalía, la de imputar al regidor un delito de prevaricación. Según el auto, si estimase la prevaricación y la desobediencia se vulneraría el principio de 'non bis in idem' (no dos veces por lo mismo).
Pero la Sala sí que entiende que el juez que instruyó la causa y que la archivó el pasado mes de noviembre, debe pronunciarse sobre los dos arquitectos que redactaron sendos proyectos de legalización rechazados por el TSJ, ya que ambos declararon en calidad de imputados. Uno es el arquitecto municipal, Luis A.A, también imputado por el caso de la manipulación del PGOU, mientras que al segundo se le contrató para la segunda intentona de legalizar el histórico edificio.