Francisco Granados y Alejandro de Pedro, un empresario que actuaba de conseguidor en la trama Púnica según los investigadores, intentaron exportar a Costa Rica y Panamá el método desarrollado en España para ganarse el favor de políticos y hacerse con la adjudicación de contratos públicos. Es la sospecha que el juez Eloy Velasco relata en una resolución incorporada al sumario en la que pide la colaboración de ambos países para aclarar los hechos.
Según el escrito judicial, “se ha podido evidenciar la presencia física del senador Granados junto con De Pedro y Alonso Conesa en la visita a cargos públicos de Costa Rica y Panamá”. El juez se refiere al viaje que Granados realizó a ambos países en abril de 2013 y cuyos gastos abonó el conseguidor de la trama.
En un mail reenviado por De Pedro a Granados, uno de los colaboradores del primero detalla sus planes para entrar en el mercado político panameño fuera cual fuera el resultado de la pugna entre precandidatos: “Tanto si sale uno como el otro podemos colocar nuestros servicios”.
Según las pesquisas policiales, los miembros de la trama, con Granados al frente, asesoraron a la alcaldesa de Panama City, Roxana Méndez, y al precandidato a la presidencia de Costa Rica, Rodolfo Hernández Gómez. Los investigadores desconocen si la red llegó a facturar la prestación de esos servicios de “reputación online” que De Pedro vendió en España a varias administraciones gobernadas por el PP.
En referencia a la entonces alcaldesa de Panamá, la Guardia Civil relata el contenido de una conversación entre Granados y una mujer de su confianza llamada Cristiane. Durante esa conversación la interlocutora del expolítico comenta que “la mujer de Panamá ha perdido las elecciones”, a lo que Granados responde: “Estaba ya muy debilitada internamente y no ha hecho lo que le dijimos que tenía que hacer (...). No se ha aliado con el que nosotros queríamos (...) y ha palmao”.
Según el juez, “los indicios de la investigación apuntan a que el objeto del viaje fue visitar a determinados cargos públicos y políticos al objeto de obtener contratos y presentarse a adjudicaciones públicas”.
Costa Rica no colabora
El escrito elaborado por Eloy Velasco plantea la necesidad de completar la información a través de la colaboración de los países citados. Sin embargo, las autoridades de Costa Rica ya han comunicado que no tienen intención de colaborar con la justicia española.
La negativa impedirá conocer la existencia de empresas o cuentas corrientes a nombre de Francisco Granados en un país en donde se ubican varias de las sociedades desde las que operaba la trama. Tampoco se podrá saber si las gestiones políticas iniciadas en aquel viaje de 2013 fructificaron y si el expolítico de Valdemoro consiguió los contratos públicos que el juez de la Audiencia Nacional ha intentado vigilar.