La otra vez que el PP bloqueó la renovación del Poder Judicial: un año y diez meses con la mayoría caducada de Aznar en los gobiernos de Zapatero

“El Partido Popular no será cómplice en la ocupación de la Justicia por parte del PSOE y de los nacionalistas más radicales”. La frase la pronunció Ángel Acebes en septiembre de 2007, pero podría pasar por actual si se incluyera a Podemos en la ecuación. Entonces era Mariano Rajoy el que bloqueaba la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y pugnaba por mantener en ese órgano una mayoría de vocales afines que no tenía nada que ver con la realidad parlamentaria que habían dibujado las urnas en 2004. El PP había perdido la mayoría en el Congreso pero se resistía a hacerlo en una de las instituciones clave del Estado, la que decide qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura. La historia se repite más de una década después. 

El mandato de ese Consejo, elegido en 2001 cuando José María Aznar gobernaba con mayoría absoluta, concluyó en noviembre de 2006 y no fue renovado hasta septiembre de 2008. Un año y diez meses en funciones en los que siguió siendo una de las principales plataformas de oposición a las políticas socialistas. Durante su mandato ordinario, el Consejo, a pesar de ser el órgano que garantiza la independencia del Poder Judicial, no escatimó en pronunciamientos políticos e incluso elaboró dictámenes no solicitados contrarios a iniciativas del Gobierno socialista, como el Estatut o el matrimonio igualitario. La Comisión de Estudios llegó incluso a aprobar un documento en el que se comparaban las bodas entre personas del mismo sexo con las uniones entre hombres y animales. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que las Cortes Generales son las encargadas de designar, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces. El Consejo que Rajoy se negaba a renovar estaba formado por una mayoría de diez vocales conservadores a los que había que sumar al presidente, Francisco José Hernando. El Pleno lo completaban siete vocales a propuesta del PSOE, uno de CiU, otro de IU y otro fruto de una propuesta de consenso entre PP y PSOE que otorgó la plaza al juez no asociado que más avales consiguió entre sus compañeros. Este reparto contó en 2001 con el respaldo de los socialistas. 

Hernando, fallecido en 2013, fue un presidente controvertido. Eran habituales sus comentarios públicos sobre asuntos de actualidad política, que a menudo coincidían con los postulados del PP. En 2006 se negó a comparecer en la Cámara baja para explicar el cambio de criterio en la aplicación de las penas por la doctrina Parot y también respaldó la propuesta de referéndum contra el Estatut para la que el PP recogió miles de firmas. En otra ocasión se mostró contrario a que el catalán fuera requisito para ejercer de juez en Catalunya y equiparó el aprendizaje de esa lengua con quien va a Andalucía y aprende sevillanas. 

29 nombramientos en funciones 

Como está haciendo el actual Consejo —que está en funciones desde noviembre de 2018 por la negativa del PP a renovarlo— la institución no se limitó al despacho de asuntos ordinarios y siguió ejerciendo sus competencias en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Renovó casi una treintena de puestos de alto nivel en los principales tribunales. Entre ellos, once en el Supremo, el órgano superior en todos los órdenes jurisdiccionales salvo en materia de garantías y derechos constitucionales, y donde los nombramientos son vitalicios. También acordó la renovación de ocho puestos en los tribunales superiores autonómicos y otros diez en audiencias provinciales.

Durante ese período entraron en la Sala Segunda del Alto Tribunal, por la que pasan todos los casos de corrupción, el progresista Luciano Varela y el conservador Manuel Marchena. Años después ambos formaron parte del tribunal que juzgó el procés. Marchena fue el nombre de consenso que pactaron PP y PSOE en el último intento de renovación del actual Consejo que saltó por los aires en noviembre de 2018 tras filtrarse un mensaje en el que el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, aseguraba que con su nombramiento se controlaría “por detrás” la Sala Segunda del Supremo, la más importante de todos los tribunales españoles. 

Este mismo lunes, el actual presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, defendió en su discurso en el solemne acto de apertura de tribunales presidido por el rey que el órgano de gobierno de los jueces siga haciendo nombramientos en la cúpula judicial pese a estar en funciones. “Lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental”, señaló. Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar, reiteró su petición a los partidos de renovar la institución para acabar con la “seria anomalía” que supone esta situación interina. 

“Minoría de bloqueo”

En aquel mandato, la crisis institucional se prolongó durante un año y diez meses porque las formaciones que apoyaban al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso no alcanzaban los tres quintos necesarios para elegir nuevos vocales. Además, en el Senado el PP era la fuerza más representada. Los conservadores pidieron entonces para sentarse a negociar mantener “la minoría de bloqueo” con nueve de los veinte miembros para hacer imposible sin su acuerdo la elección de magistrados, pues la ley establece que es necesaria una mayoría de 13 votos de los veinte vocales, a los que se suma el presidente. 

Finalmente, el acuerdo llegó en septiembre de 2008, pasadas otras elecciones generales en las que Zapatero revalidó su puesto en la Moncloa. Fue el primer gran pacto de Estado entre PP y PSOE en cinco años, con la excepción de varios estatutos de autonomía. Al final, se quedaron nueve vocales para cada uno y dieron otro a CiU y otro al PNV. IU, que en aquel momento tenía dos escaños en el Congreso, se quedó fuera. Los dos grandes partidos se aseguraron un número suficiente de vocales como para bloquear decisiones de calado, como las relativas a los nombramientos o las cuestiones disciplinarias. 

El pacto dejó un órgano muy politizado, del que formaba parte, por ejemplo, la actual ministra de Defensa, Margarita Robles; la jueza Gema Gallego, que promovió una polémica investigación que sirvió para amplificar la teoría de la conspiración que trataba de vincular a ETA con los atentados del 11-M; o Concepción Espejel, actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y que fue apartada de los juicios de Gürtel por su proximidad al PP. La división ideológica de la institución no era una novedad. Del Consejo saliente, el que estuvo en funciones 22 meses, formaban parte dos hombres que pueden ser clave en la renovación de la actual cúpula del Poder Judicial: el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y el actual secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López.