El Consejo General del Poder Judicial salido de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy ha batido un nuevo récord y ha nombrado a su tercer presidente durante un mismo mandato. Después de la dimisión de Carlos Lesmes y de la jubilación de Rafael Mozo llega al sillón central del órgano de gobierno de los jueces el conservador Vicente Guilarte. Catedrático elegido en 2013 a propuesta del Partido Popular, Guilarte se pone al frente de un CGPJ sin capacidad para hacer nombramientos y con una parte levantada en armas contra el ejecutivo de coalición. Un abogado considerado un verso suelto del sector conservador pero con claros vínculos con el expresidente Rajoy: fue abogado de su hermano y es considerado cercano a su familia.
Su primer movimiento llegó este martes en el primer pleno celebrado bajo su mandato. Un cambio profundo en todas las comisiones y, en especial, en la comisión permanente que toma todas las decisiones de calado en el día a día del tribunal. Mantiene la misma proporción de progresistas y conservadores, y dentro de este segundo grupo mantiene la presencia de cuatro miembros del grupo que llegó a bloquear la renovación parcial del Constitucional durante meses.
Un movimiento que algunos en el organismo interpretan como la posibilidad de introducir en la comisión clave a vocales de su confianza con los que tiene más relación y quitar a algunos que han protagonizado los mayores choques del último año. Tener, en definitiva, un mejor control de la comisión cuyos miembros cobran más de 130.000 euros al año, más que el resto de vocales. Es esta comisión, por ejemplo, la que interviene en procesos de nombramientos, comisiones de servicio y asuntos como la compatibilidad de los jueces con otros trabajos y actividades.
El décimo hombre que ocupa el sillón de presidente del Consejo desde su creación en 1980 es una excepción en varios aspectos. Vicente Guilarte (Bilbao, 1953) es el segundo abogado de profesión que ha sido puesto al frente del órgano de gobierno de los jueces, junto con Antonio Hernández Gil (1985-1990), los únicos que no eran jueces de carrera. También es el primero que accede al cargo por jubilación de su predecesor. Y es el tercer presidente que tiene el CGPJ en su actual mandato, un récord en cuatro décadas de historia en los números pares de la calle Marqués de la Ensenada.
Muchas de estas particularidades no son culpa de Guilarte, catedrático de derecho civil en las universidades de Burgos y Valladolid desde hace varias décadas y abogado en ejercicio. Están relacionadas con la situación de excepción que vive el CGPJ desde hace cinco años debido al bloqueo perpetrado por el Partido Popular para no renovar este organismo. Guilarte asume la presidencia por sustitución tras la jubilación de Rafael Mozo y el carácter sobrevenido del nombramiento implica que, a la carrera, ha tenido que renunciar a su profesión de abogado y catedrático.
Guilarte es de perfil claramente conservador y se ha estrenado con un golpe en la mesa al cambiar todas las comisiones, aunque no ha formado parte del grupo de siete vocales que en el último año han actuado como una prolongación de la oposición del PP trasladada al seno del Consejo, llegando a bloquear durante meses la renovación parcial del Tribunal Constitucional. No entró, por ejemplo, en las escaramuzas para poner en duda los nombramientos de los dos últimos fiscales generales, ni en las maniobras para involucrar a la Comisión Europea en el proceso de renovación ni, finalmente, en las reuniones con responsables comunitarios a espaldas del Consejo para criticar la ley del 'solo sí es sí'.
Conservador y hasta este terremoto organizativo también era considerado de perfil bajo, porque tampoco se ha integrado de manera especialmente activa en el bloque conservador, ni siquiera en sus reuniones habituales. Se le considera cercano a la familia del expresidente Rajoy y durante su primer lustro en el CGPJ también lo fue al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pero sus vínculos con el presidente que le aupó al Consejo son varios y abarcan también lo profesional.
El abogado de los registradores
En el currículo de Vicente Guilarte figura el haber sido letrado del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Un letrado, por tanto, sin dedicación exclusiva que ha participado en pleitos con poder de decisión sobre los ascensos o sanciones de los jueces y que ha sido ponente del informe del Consejo sobre la ley de jurisdicción voluntaria que afecta, entre otros colectivos, a los registradores de la propiedad para los que ha trabajado como abogado.
Ese es otro nexo que une a Guilarte con la familia del expresidente Rajoy, esta vez desde el plano profesional. Tal y como reveló Hay Derecho, el registrador Enrique Rajoy Brey –hermano de Mariano Rajoy– envió a sus compañeros de profesión una carta donde agradecía el “impagable apoyo” de Guilarte en su defensa judicial en pleitos relacionados con sanciones a los registradores. Según esta fundación, ha participado en más de 200 procesos como abogado en representación de registradores. Poco después, era el partido del Rajoy presidente el que impulsaba su nombramiento como vocal del órgano de gobierno de los jueces, con un mandato que gracias al bloqueo del mismo PP se extiende a ya casi el doble de lo establecido por ley.
Su currículum como abogado y catedrático fue suficiente para que el PP propusiera su nombramiento como “jurista de reconocido prestigio”. La reforma impulsada en 2013 por el PP fue la que también permitió a Guilarte y a otros vocales que no estuvieran en la comisión permanente compatibilizar su sillón en el CGPJ con sus trabajos privados, en este caso como abogado.
Guilarte no es el único vocal del Consejo que ha compaginado su asiento en el organismo con la profesión de abogado. También lo ha hecho, por ejemplo, José María Macías, que llegó a dejar la comisión permanente para poder hacerlo. Pero Guilarte es el primero que accede a la presidencia después de años compaginando ambas actividades, lo que supuso un enfrentamiento con los vocales progresistas, que reclamaban que dejara inmediatamente su despacho para poder ser presidente.
Guilarte jugó estos últimos años un papel soterrado y mucho más relevante que el que se pueda apreciar a primera vista en algunos momentos clave. Sin ser especialmente cercano a Carlos Lesmes, ayudó al entonces presidente del CGPJ a apoyarse en el sector progresista, en algunos conservadores y sortear votaciones comprometidas, como las que avalaron por la mínima la idoneidad de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. Ni un ruido en casi diez años de un vocal nombrado a propuesta del PP en el Senado que se integró en la comisión disciplinaria sin opción a estar en la comisión permanente por su actividad como abogado.
Otra de las pocas veces en las que su nombre ha trascendido las actas del pleno del Consejo fue cuando su esposa, magistrada de enlace en Francia durante la segunda legislatura del ejecutivo de Rajoy, se presentó al puesto de jefa de relaciones internacionales del órgano de gobierno de los jueces. Guilarte se apartó de las votaciones y su esposa fue elegida por delante del resto de candidatos.
Un CGPJ en mínimos y bloqueado por el PP
Guilarte llega a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial después de casi cinco años de bloqueo del PP a su renovación, lo que el presidente saliente Rafael Mozo ha calificado como “uno de los episodios más tristes” de la democracia. Llega, por tanto, a un Consejo sin capacidad de hacer nombramientos, con el mandato caducado, con un sector del bloque conservador dispuesto a incumplir sus obligaciones constitucionales y con un Partido Popular cerrado en banda a negociar una renovación hasta tener una mayoría favorable y con la duda de si, en caso de llegar al Gobierno en algún momento, cumplirá su promesa de reformar el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial.
Una de las promesas electorales de Alberto Núñez Feijóo era devolver de forma inmediata al Consejo sus facultades para nombrar altos cargos judiciales incluso estando en funciones, lo que a día de hoy incluye más de 20 sillones vacíos en varias salas del Tribunal Supremo. El nuevo escenario tras las elecciones del domingo, que deja una posible investidura de Feijóo en el terreno de lo fallido, devuelve el foco al escenario de bloqueo.
Guilarte, del sector conservador, será el encargado de capitanear cualquier decisión en un pleno partido en varios trozos que, en los últimos dos años, se ha mostrado incapaz de alcanzar algo parecido a un consenso en torno a los asuntos relevantes que han pasado por su mesa.