Todo el poder pero también toda la responsabilidad. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asume la gestión de la intervención de la autonomía catalana mediante el artículo 155 de la Constitución que ha supuesto la destitución del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su Govern, además de la convocatoria de elecciones autonómicas. La número dos de Mariano Rajoy es la figura dentro del Gabinete a la que le toca un cometido que la mayoría de ministros asume como una “forma fácil de quemarse políticamente”.
Fuentes de Moncloa ya apuntaron el viernes la posibilidad de que la vicepresidenta adoptara la figura de coordinadora de la gestión de la Generalitat, una opción que el Boletín Oficial del Estado (BOE) descubría en uno de los decretos publicados en la madrugada del sábado: “El presidente del Gobierno de la Nación delega las funciones que se le atribuyen el artículo 3 de este Real Decreto en la vicepresidenta del Gobierno y ministra para las Administraciones Territoriales”.
Rajoy suelta lastre en la figura de su Ejecutivo que tenía encargado solucionar el contencioso catalán sin que llegara a los extremos que se viven en la actualidad. Fuentes del gabinete del presidente admiten que el presidente vivió con incredulidad las imágenes de cargas policiales y catalanes votando en el referéndum independentista del 1 de octubre. La información que había llegado de los servicios de inteligencia, del CNI, bajo el mandato de Sáenz de Santamaría era que no iba a haber urnas ni papeletas.
“La gestión del 1 de octubre fue un desastre, se confió en una información que era claramente errónea y se convirtió en un problema de orden público, que era la peor opción porque nunca se sabe cómo puede acabar. De todas maneras, ahora estamos en otra cosa, se ha respondido con firmeza al desafío de Puigdemont con las elecciones como solución democrática”, explica un diputado popular.
Voces discrepantes
El 1 de octubre no ha supuesto un desgaste importante para la vicepresidenta, según fuentes del PP, que sí admiten que en el futuro se puedan ver cambios en la dirección del CNI. Las mismas fuentes confiesan que se oyeron voces discrepantes dentro del Gobierno y de la formación conservadora por la forma que tuvo la vicepresidenta de llevar a cabo un acercamiento al vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, para negociar una salida que frenase el referéndum en lo que los independentistas calificaron como Operación Catalunya, aunque se culpe al independentismo del descarrilamiento de las negociaciones.
Ahora Sáenz de Santamaría se enfrenta a un reto que puede aparcar definitivamente su carrera política. En el PP se entiende que tiene que ser la ministra que asuma este desafío ya que es la que coordina a todo el Gobierno, tiene el mayor conocimiento de la situación catalana y tiene que responsabilizarse de que no finalizara con éxito la operación Catalunya y el freno del referéndum independentista del 1-O.
Al igual que es la ministra que mayor poder acumula en Moncloa, la vicepresidenta tendrá bajo su mandato la coordinación del trabajo de los ministerios en la gestión de las competencias de los departamentos de la Generalitat, además de la voz y la capacidad de comunicación de la Generalitat y sus relaciones con el exterior, la potestad normativa de la autonomía a través del Diari Oficial de la autonomía catalana, el control de los servicio de información catalanes y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, y hasta el patronato de la Montaña de Monserrat.
Las guerras internas por posicionarse de cara a una futura sucesión en el PP se mantienen, aunque la crisis catalana no ha servido, hasta el momento, como arma arrojadiza. Fuentes de Moncloa aseguran que “no ha habido grandes diferencias de criterio en el consejo de ministros sobre cómo afrontar la crisis catalana. Solo se planteó por algunos ministros la posibilidad de poner en marcha antes el artículo 155 de la Constitución, pero ya se sabe cómo es Rajoy. Para bien o para mal, prefiere esperar, pese a las presiones, hasta el momento que cree conveniente”.
En Moncloa son conscientes de que tratar de dirigir la Administración catalana desde Madrid, aunque no se duda de la lealtad de los funcionarios, es un objetivo lleno de riesgos, por lo que defienden la decisión de convocar elecciones el 21 de diciembre como la mejor forma de deshacer el nudo gordiano en el que se ha convertido la situación política catalana.
En aquella famosa entrevista en el Magazine del periódico El Mundo en 2009 cuando Sáenz de Santamaría era portavoz del PP en el Congreso aseguró: “Yo no quiero ser presidenta de nada; ni de mi comunidad de vecinos. Más que el poder por el poder, me gusta cambiar las cosas. ¿Idealista? Más bien realista en el análisis, pero realista en los objetivos”.
Hoy Sáenz de Santamaría es la vicepresidenta del Gobierno que asume las funciones propias del president de la Generalitat catalana. Su nuevo objetivo es mantener en funcionamiento la maquinaria funcionarial de la Generalitat para conseguir llegar a la meta de las elecciones autonómicas. La realidad se descubrirá el 21 de diciembre.