La respuesta del Gobierno ante el caso Bárcenas se reduce a aparecer ante la opinión pública como si fueran un ciudadano más, indignado con una corrupción que les es ajena. La vicepresidenta se ha negado a dar cualquier tipo de información sobre los presuntos pagos en dinero negro que Luis Bárcenas hizo a dirigentes del PP y se ha escudado en todo momento en que es un asunto del partido. Así, se ha remitido a las declaraciones “muy claras” de María Dolores de Cospedal, en las que asegura que no le consta nada.
Aunque Saénz de Santamaría fue secretaria ejecutiva del PP entre 2004 y 2008, dice ahora que nunca tuvo mucho contacto con Bárcenas y que ni siquiera trabajó habitualmente con él: “No estaba al tanto de sus actividades habituales, no sé qué hacía”. Por no saber, la vicepresidenta ignora que el ex tesorero del PP sigue acudiendo a la sede, donde dispone de secretaria, despacho y coche oficial con su correpondiente plaza de parking reservada.
Sáenz de Santamaría se negó a poner la mano en el fuego por nadie y sólo fue contundente a la hora de desmentir que ella haya recibido alguno de esos sobres que Bárcenas repartía: “Ni vi ni escuché nada, y si lo hubiera visto, no me hubiera callado”. También fue enérgica a la hora de negar que el Gobierno haya aprobado expresamente una amnistía fiscal para favorecer a su ex tesorero, como dicen los socialistas, y que Cristóbal Montoro deba dimitir: “Rotundamente no, les recuerdo al PSOE que ellos también aprobaron una y que se hace por la necesidad de ampliar las bases fiscales”.
El empeño de la número dos del Ejecutivo en no entrar en asuntos que afectan al PP contrasta con las que sí hizo a raíz de las supuestas cuentas en el extranjero de la familia de Jordi Pujol. En esa ocasión no tuvo empacho en dar por buena la información que los acusaba de defraudar a Hacienda y recomendó que lo regularizaran.