La ofensiva del Gobierno contra Quim Torra no tiene por ahora sobre la mesa la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Catalunya. Con un escueto “no” ha contestado la vicepresidenta, Carmen Calvo, a su llegada a la sesión de control en el Senado cuando los periodistas le han preguntado por si está estudiándose ahora mismo su activación, como en octubre de 2017.
Calvo ya descartó este lunes que la intervención de la Generalitat fuera una de las medidas legales con las que el Gobierno iba a responder al fin de semana de cortes en las carreteras por parte de los CDR, así como a la vía eslovena que ha aireado el president para alcanzar la independencia de Catalunya, que ha sentado mal al Ejecutivo de Sánchez por ser una forma de “insurrección”. Para Calvo, el 155 es el último escalón y una medida excepcional.
Por ahora la respuesta del Ejecutivo ha sido el envío de tres cartas a los consellers involucrados en los desórdenes del fin de semana, además de la propia vicepresidenta, que se dirigió a Pere Aragonès. La más dura era la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que amenazaba con el envío de policías y guardias civiles a Catalunya si el Govern no garantiza el orden público.
El ministro de Fomento, que también remitió una misiva a su homólogo, ha ido un paso más allá este martes al asegurar que si el Govern “no hace un uso responsable de sus obligaciones competenciales, las asumirá el Gobierno”. En esa misma línea, Marlaska ha apuntado en una entrevista esta mañana a que el Ejecutivo “adecuará su actuación a los hechos que vayan aconteciendo para garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía”. “Queremos ser previsores y tener los instrumentos al alcance”, ha avisado el titular de Interior.
El Gobierno no descarta tomar el control de los Mossos d'Escuadra para garantizar el orden público y la seguridad apenas dos semanas antes de que el Consejo de Ministras se reúna en Barcelona. José Luis Ábalos ha expresado sus dudas ante la amenaza de los CDR de movilizaciones el 21 de diciembre en coincidencia con la presencia de Pedro Sánchez y su gabinete. Moncloa le ha desautorizado de inmediato al asegurar que “por supuesto” que la reunión se mantiene en la ciudad condal.
Por ahora el Govern ha intentado rebajar la tensión y ha pedido a Moncloa retomar la vía del diálogo. No obstante, los socialistas han virado en su estrategia tras el hundimiento en Andalucía y marcan distancias con los independentistas.
PP y Ciudadanos cargan igualmente contra el Ejecutivo por haber llegado a través del apoyo de ERC y PDeCAT y se lo han echado en cara a la vicepresidenta también en la sesión de control de este martes. “Los andaluces han puesto fin a 40 años de PSOE en Andalucía y han dejado claro a Pedro Sánchez que no aprueban su política de cesiones en Catalunya”, ha dicho la senadora de Ciudadanos Lorena Roldán, que ha emplazado a Calvo a convocar elecciones generales: “Nos han vendido al independentismo y lo que no han perdido es el miedo y por eso no convocan elecciones”. En términos similares se ha pronunciado la senadora del PP Cristina Ayala, que ha incluido a Bildu y Unidos Podemos entre los “socios” del Gobierno contrarios a la Constitución, según ha dicho la parlamentaria.
La vicepresidenta ha seguido en su respuesta el guión de atacar a PP y Ciudadanos por buscar una alianza con Vox en Andalucía: “No se acerquen a la ultraderecha, no se acerquen a las ideas que significan peligro”. “La diferencia entre lo que van a hacer ustedes y lo que hicimos nosotros es que nunca hemos comprado el independentismo; ustedes entienden y abrazan las ideas de Vox”, le ha dicho al PP en la línea mantenida en las últimas semanas por el PSOE de que llegó a Moncloa sin ningún acuerdo negociado con los independentistas. “Son la incoherencia viviente”, le ha dicho Calvo a la senadora del PP monstrándole una portada de 2013 en la que el dirigente del PP Javier Maroto defendía pactar con Bildu como alcalde de Vitoria.