Victoria Rosell denuncia “chantaje” de una empleada del hogar por exigirle 10.000 euros a cambio de no desvelar pagos en B que ella niega

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y exdiputada de Podemos Victoria Rosell denunció el pasado 18 de julio ante la Policía un “intento de chantaje” de la empleada del hogar que trabajó en su casa familiar de Las Palmas durante dos periodos entre febrero 2012 y junio de 2020. Rosell denunció haber conocido por una abogada amiga que la trabajadora Simona Chambi pretendía “obtener dinero, llegando a un acuerdo por no decir públicamente falsedades como que estaba contratada en negro, cosa que es totalmente incierta”. La jueza y exdiputada de Podemos sostiene que Vox está detrás de esta maniobra. 

Rosell es la pareja del periodista Carlos Sosa —director de Canarias Ahora, medio asociado a elDiario.es— quien realmente ejercía como empleador de Chambi. Sosa le comunicó el pasado junio la intención de acabar la relación laboral con ella, por lo que le trasladó una carta de desestimiento y le manifestó su intención de abonar la indemnización de 833,34 euros. Pero la trabajadora no estaba conforme con esa cantidad y presentó una demanda al considerar que la indemnización “está calculada incorrectamente, falta finiquito y le solicitaron hacer tareas que no estaba obligada durante el disfrute de sus vacaciones”. 

En concreto, reclama la cantidad de 11.797,16 euros por los siguientes conceptos: 1.587,16 euros por la indemnización de los cinco años, siete meses y 14 días que estuvo contratada de manera indefinida, 210 euros por vacaciones no disfrutadas y 10.000 euros por supuestamente obligarla a ir a la casa familiar durante sus vacaciones a regar las plantas y dar de comer a un conejo, lo que considera “denigrante” y un “atentado contra su dignidad” al ser ella una mujer inmigrante. 

Rosell, que no ha mantenido en ningún momento relación contractual con la trabajadora, considera “delirante” esa petición de 10.000 euros y sostiene que las apreciaciones sobre lo supuestamente “denigrante” que es dar de comer a un animal tienen como objetivo causarle un “daño” por la función que desempeña en la actualidad como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

En la demanda, la exempleada contratada por la pareja de Rosell asegura que en 2012, cuando fue entrevistada para hacer tareas de limpieza en la casa familiar, Rosell le propuso “inicialmente” la contratación en dinero negro o B, algo que niega de manera tajante el entorno de la ahora delegada del Gobierno, que entonces estaba fuera de la política y ejercía como jueza.

La empleada reconoce después en ese documento que tenía contrato indefinido y estaba dada de alta en la Seguridad Social tanto en ese período, que comprendió hasta noviembre de 2014, como en la segunda etapa en la que trabajó en la casa, entre noviembre de 2015 y junio de 2020. Rosell sostiene en su denuncia que fue precisamente su situación laboral lo que permitió a Chambi, de origen boliviano, regularizar su situación en España y obtener el DNI.

La actual delegada del Gobierno fue víctima de una conspiración promovida por el juez Salvador Alba —su sustituto en el juzgado de Las Palmas cuando dio el salto a la política— y en la que estaba en la sombra el exministro del PP José Manuel Soria. Esta situación la obligó a dejar la política en 2016, aunque finalmente el juez fue condenado a seis años y medio de prisión y a 18 de inhabilitación el pasado septiembre. En el juicio quedó acreditado que Alba maquinó contra ella con la intención de perjudicarla y quedó probado que cometió los delitos de prevaricación, falsedad y cohecho.