- El Supremo debe pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella de Soria, defendido por un íntimo amigo del juez que presidirá el tribunal
La diputada de Podemos Victoria Rosell ha acudido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para denunciar, por abuso de autoridad y revelaciones indebidas, al magistrado que la sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas cuando ella decidió dar el salto a la política. Rosell hace un relato de hechos que concede un lugar destacado al juez Salvador Alba en la estrategia del exministro José Manuel Soria contra la diputada en los tribunales, según fuentes conocedoras de la denuncia ante el Poder Judicial.
Rosell está a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la admisión a trámite de una querella de Soria por la actuación de la juez en un caso que instruía en el citado Juzgado de Las Palmas. La Fiscalía del Supremo no halló indicios para abrir una investigación, pero el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, insistió y ordenó varias diligencias antes de adoptar una decisión que se antoja inmediata, toda vez que han sido practicadas y su resultado ya está encima de la mesa del presidente del Supremo, explicaron fuentes jurídicas.
Soria se querelló en un primer momento contra Rosell por injurias y calumnias, pero luego amplió a cohecho, prevaricación y retraso indebido en la administración de justicia. Unas diligencias previas abiertas por la Fiscalía de Las Palmas fundamentadas en los mismos hechos que la querella de Soria fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La Fiscalía provincial insistió ante el CGPJ por si hubiera una infracción reglamentaria, pero el órgano de gobierno de los jueces lo rechazó.
A pesar de ello, el sustituto de la jueza en Las Palmas ha convertido la causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez en “una verdadera investigación inquisitorial” acerca de la instrucción de Rosell, según denuncia de la jueza ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, una suerte de fiscal para la labor de los magistrados.
El resultado de las actuaciones del juez Salvador Alba está ya en poder del Tribunal Supremo, por decisión del presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena. eldiario.es reveló el 18 de abril que Marchena es íntimo amigo de Eligio Hernández, abogado del exministro Soria en la querella.
El empresario investigado
Rosell imputó al empresario Miguel Ángel Ramírez en 2014 por delito fiscal y contra los derechos de los trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria. La magistrada solicitó la excedencia voluntaria el 15 de octubre de 2015 y el Poder Judicial se la concedió el 22 de ese mes. Seis días después de que dejara el Juzgado, su pareja sentimental firmó con Ramírez el acuerdo, por el que la Unión Deportiva Las Palmas paga 100.000 euros iniciales por una frecuencia radiofónica y un alquiler mensual de 1.500 euros durante ocho años.
La Fiscalía de Las Palmas denunció a Rosell ante Acción Disciplinaria del CGPJ por un retraso injustificado en la causa, que el órgano de gobierno de los jueces rechazó en febrero de 2015. Rosell culpa a su vez de la dilación a la fiscal y también la denunció ante la inspección fiscal.
La fiscal, enfrentada a la jueza, volvió poco después a la carga con otra denuncia ante el CGPJ, esta vez por incompatibilidad de Rosell en relación con los negocios de su pareja. Pero el Poder Judicial no halló indicios de irregularidad en que su pareja cerrara un acuerdo con el investigado después de que Rosell hubiera abandonado el juzgado.
En una entrevista con eldiario.es, la diputada de Podemos denunció el “intento de José Manuel Soria y del PP para neutralizar a un rival político usando la Fiscalía”. Esas declaraciones sirvieron a Soria para denunciar a la diputada por calumnias. Las actuaciones contra la jueza habían pasado de jugarse en Canarias al CGPJ y llegaban al Supremo, tribunal ante el que la diputada está hoy aforada.
Irrumpe el juez Alba
Entre tanto, el juez Salvador Alba se había presentado voluntario a suplir a Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8, a pesar de que debería compaginar ese trabajo con el de magistrado de la Audiencia Provincial. En seguida, Alba hizo del caso de Ramírez su principal ocupación, añade la denuncia de Rosell.
Una de sus primeras decisiones fue renunciar al juez de apoyo que el TSJC había aprobado para que ayudara a la titular. Desde ese momento, el magistrado Alba, de marcado perfil conservador, se hizo cargo en solitario del caso de Rosell y redactó un informe sobre el trabajo de su antecesora que fue utilizado por la fiscal para denunciar por segunda vez a Rosell ante el CGPJ y también por Soria para incorporarlo a su querella.
En cuanto al exministro, su abogado no se molestó en sustituir la expresión “este magistrado” por la de “este abogado” al copiar el informe. Soria no debería tener acceso al documento porque no es parte de la causa contra el empresario Ramírez y el textual del informe no ha sido publicado en medio de comunicación alguno. Rosell añade que dicho informe está repleto de “falsedades”.
El juez Alba citó al empresario Ramírez para declarar como investigado el pasado 23 de marzo. Para entonces, Pablo Iglesias ya había presentado a Rosell como su ministra de Justicia en un eventual gobierno de coalición con el PSOE. Durante una hora, el juez interrogó al presidente de Las Palmas por sus presuntos vínculos comerciales con la pareja de Rosell.
El contenido íntegro del interrogatorio fue publicado por un periódico local, por lo que es de dominio público. Rosell se pregunta cómo pudo versar un interrogatorio por delito fiscal -su sustituto retiró la imputación que ella mantenía por otro delito- sobre las relaciones de empresas de Ramírez con otras en las que trabajó Carlos Sosa, pareja de Rosell, entre 2003 y 2008, antes de que comenzaran su relación sentimental.
El empresario declaró al juez que el presidente de la UD Las Palmas que entre 2002 y 2011 financió, como “otros empresarios”, negocios de periodísticos dirigidos o participados por la actual pareja de la juez Rosell, mediante préstamos que, una vez vencidos y no de vueltos, se transformaban en acciones, informa Efe.
Carlos Sosa es en la actualidad director de Canarias Ahora, el medio asociado a eldiario.es en la comunidad autónoma. Su relación comercial con Ramírez consiste, a día de hoy, en el pago de 700 euros mensuales por el periodista a una empresa que limpia los locales de los medios de su grupo, según Rosell.
La denuncia de la jueza ante el CGPJ incide en que si alguien debe investigarla es el Tribunal Supremo, en su condición de aforada ante él, y en ningún caso el juez que la sustituyó en un juzgado de instrucción de Las Palmas. Aun así, el juez Alba ha enviado un nuevo informe a la sala de gobierno para que lo remita al CGPJ con los resultados de la última declaración de Ramírez.
En su escrito, la jueza también denuncia a Alba por revelaciones indebidas al apuntarle como única fuente posible de las informaciones que diversos medios están reproduciendo sobre la instrucción que desarrolla el juez. Tanto esta infracción disciplinaria como el abuso de autoridad pueden ser consideradas graves o muy graves.