Agredir a una menor de edad que participaba en una manifestación contra la visita del papa Benedicto XVI en agosto de 2011 costará a un policía 300 euros.
El agente dio una bofetada a la joven, que también recibió golpes con las porras de los policías mientras era apartada de los antidisturbios. El funcionario, además, tendrá que pagar una multa de 400 euros por haber cometido un delito de lesiones al golpear a un fotógrafo ese mismo día. En este caso deberá indemnizarle, además, con 900 euros.
La agresión tuvo lugar el 18 de agosto de 2011 tras una manifestación en protesta por la visita del papa a España. La joven bajaba la calle Atocha cuando el agente le dio una bofetada. Mientras trataba de ser apartada, otros policías le dieron golpes con las porras. La sentencia condena al funcionario a una multa de 300 euros por una falta de “maltrato de obra”. Este concepto jurídico es un reproche penal que no llega a tipificarse como delito y que contempla agresiones leves pero con ánimo de hacer daño.
El juez considera probados los hechos gracias a la autenticidad del vídeo en el que quedaron registrados. Además, dice que “no es de recibo el intento de desacreditación por parte de la defensa” del agente, que señaló que existía “una presión mediática y política para tratar de buscar un chivo expiatorio a la vista de la grabación de las agresiones que ya se encontraba en las redes sociales y que se optó por elegir al denunciado en función de que su rostro ya era muy conocido por haber aparecido en los medios de comunicación”. Este vídeo fue uno de los primeros y más difundidos de cargas policiales contra manifestantes tras el 15M.
400 euros por agredir a un fotógrafo
Las imágenes también mostraron cómo la policía cargaba contra un fotógrafo que cubría la protesta. En este caso, la condena es por un delito de lesiones, ya que el reportero gráfico pudo acreditar los daños. Según su abogado, se “ensañaron” con él y tuvo que estar de baja un mes.
La sentencia obliga al policía a pagar una multa de 400 euros y a indemnizar al denunciante con 900 euros. Aunque el juez reconoce que fue agredido por otros agentes, estima que las lesiones que provocaron su tratamiento médico fueron provocadas por el condenado.
El abogado de los denunciantes se encuentra “satisfecho” por la decisión judicial, dado que es una de las pocas veces en que se ha llegado a una sentencia condenatoria. Además, recuerda que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid intentó archivar el caso argumentando que los hechos habían prescrito por tratarse de una falta. Los agredidos recurrieron el archivo y la Audiencia Provincial les dio la razón.