Villar Mir niega que su empresa participara en el amaño del Metro que investiga el juez de Púnica
El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir ha negado ante el juez del caso Púnica su implicación o la de su empresa en un amaño de obras en el Metro de Madrid presuntamente orquestado junto a Francisco Granados y que ha desvelado el también investigado David Marjaliza. Según fuentes jurídicas, Villar Mir ha defendido la “transparencia” con la que siempre ha actuado, ha dicho, su constructora.
El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha citado como imputado al expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y al exconsejero de ese grupo empresarial, Javier López Madrid, por los amaños de las obras de Metro de Madrid con Francisco Granados al frente de la Consejería de Transportes. El juez les atribuye junto con el resto de investigados los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación y tráfico de influencias.
Esta vía de la investigación se abrió después de que David Marjaliza, exsocio de Granados, aportase en la Audiencia Nacional una serie de facturas que reflejaban el pago de comisiones por esos amaños, y en cuyo reparto incluía a López Madrid. En su declaración aseguró que el empresario había ayudado en el amaño.
Según el auto dictado por el juez, durante su etapa como consejero de Transportes, Granados desarrolló “tratos de corrupción, dirigidos a la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas, previo pago de comisiones”.
Así, señala García Castellón que Granados “abusando de su posición al frente de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de Madrid, garantizó un lote de adjudicaciones a favor de la empresa OBRUM, vinculada a David Marjaliza”. Esos lotes abarcaban las ampliaciones de Metro de Madrid y fueron adjudicados desde la empresa pública MINTRA, “con la indiciaria participación y conocimiento de su consejero delegado Jesús Trabada”.
El contrato “se acomodó” a los investigados
En dicho concierto “participaría también el investigado Javier López Madrid, quien aportó las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil ELSAN, del Grupo Villar Mir”. Según explicó Marjaliza, López Madrid vació esa empresa, especializada en construcción, para vendérsela a bajo precio y poder presentarse con ella al concurso. El juez añade que esa licitación “se acomodó” a favor de los investigados.
Terminado el amaño, Granados, Marjaliza y López Madrid se repartieron 3,6 millones de euros en comisiones. El juez añade que la investigación ha destapado nuevas evidencias de que López Madrid participó en más amaños de contratos.
Los emails que han interceptado los investigadores destapan que Marjaliza recibió las comisiones a través de su compañía Aruba Gestión. Las facturas demuestran que López Madrid lo hizo a través de su compañía Vancouver Gestión, un flujo de fondos que “se encubría mediante facturación falsa, que recogía irreales relaciones mercantiles” entre las empresas de Marjaliza y las de López Madrid.
Según el juez, la base de datos de la Agencia Tributaria “recoge el circuito de salidas de fondos en efectivo para el pago a Granados y terceros concertados”. Marjaliza explicó que el exconsejero exigió que su parte se le diese en metálico y en un sobre. En ese “acuerdo criminal” participó también al propietario de la sociedad Avintia, Antonio Martín Jiménez.
Donante de la caja B del PP
El juez también recuerda que la investigación de Púnica ha destapado que el Grupo Villar Mir ha resultado adjudicatario de varios contratos licitados por Arpegio, la empresa que gestionaba el suelo público de la Comunidad de Madrid.
Añade en este punto que se ha identificado a OHL como “presunto donante del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, en las menciones de la agenda intervenida al investigado Francisco Granados, hechos que se investigan en la línea de financiación irregular de dicha fuerza política”.
Así, García Castellón estima que ·el esclarecimiento del conocimiento y participación de Juan Miguel Villar Mir, como Presidente de OHL, aconseja que se le reciba declaración con el máximo de garantías que proporciona el status de investigado“.
El juez también ha citado para hoy para hoy a Trabada. García Castellón explica que las intervenciones telefónicas creó una empresa que “se habría capitalizado con dinero de procedencia ilícita”, aportado por el propio Trabada, López Madrid y Granados. Este último a través de quien fuera su jefe de Gabinete y “testaferro”, Ignacio Palacios.
El juez destaca que Granados y Trabada colaboraron también para que en las adjudicaciones de MINTRA se incluyese la obligación de que el adjudicatario de pagar las inauguraciones y “primeras piedras” en la aperturas de las líneas. Aunque Granados abandonó Transportes, esos eventos “siguieron bajo su control” y el de Trabada, y beneficiaron entonces a Waiter Music, a quien giraron facturas por los eventos de las ampliaciones de Villaverde, Coslada y San Fernando.
En cuanto a Palacios, jugó un “rol de intermediación” dentro de “la organización criminal investigada”, según el auto. Lo concluye tras el análisis de unos correos que también recogen el papel jugado por López Madrid.
Además, García Castellón recuerda los correos remitidos en el mes de enero de 2011, entre Rafael Martín de Nicolás -al que también imputa-, ejecutivo de la empresa OHL, López Madrid y Palacios, consejero de Arpegio en la fecha de los hechos“, a los efectos de que la empresa Elsan, perteneciente al Grupo Villar Mir, resultase adjudicataria de los contratos licitados desde Arpegio”.
