El excomisario José Villarejo ha escrito una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que amenaza con revelar, para defenderse, los motivos por los que, según él, está siendo presentado ante la opinión pública como “el enemigo público número uno del país” en una de las campañas “más feroces”.
“Señor presidente en mi defensa no tendré más remedio de forma inminente (...) que explicar por qué se ha permitido que se amenace a determinados jueces de la Audiencia Nacional con datos de su intimidad para que dejen de investigar temas que afecten al CNI”, advierte el excomisario en su misiva dirigida a Sánchez.
También anuncia que, dada su situación de “desesperación”, se verá obligado a relatar por qué se ha permitido que el director del CNI, Félix Sánz Roldán, “trabaje en contra de los intereses nacionales y a favor de potencias extranjeras como Venezuela”, o por qué se ha permitido “que se filtren datos contra nuestros monarcas”.
Denuncia además una presunta conexión y “tutela” del responsable del CNI con la Fiscalía Anticorrupción, que ejerce la acusación contra el excomisario en el caso Tándem, así como una supuesta protección a “magnates mediáticos independentistas”, y que los servicios secretos han dejado de informar en Catalunya sobre movimientos bancarios en el extranjero de políticos separatistas.
Villarejo achaca todos sus males a Sanz Roldán, y explica la “sinrazón de ese odio” hacia él “por sentirse traicionado al no haber cumplido el trabajo que en su momento me encomendó: recuperar todos los documentos en poder de la princesa Corinna”.
El archivo Jano
Entre esos documentos, Villarejo cita en su carta el “archivo Jano” o Control Integral Central (CIC) “que en su día llegó a contener casi un millón de fichas individuales con datos personales y privados de vicios y virtudes de las personalidades más relevantes de España” y adelanta que uno de los archivos está nominado como “Control de Togas”.
Recuerda que desde 1972, prácticamente cuando ingresó en la Policía, participó en los “servicios secretos” hasta que en 1993 el Ministerio del Interior le propuso oficializar su situación como “agente secreto”, puesto desde el que se infiltró en operaciones contra ETA, traficantes de armas o de drogas.
“Señor presidente no pretendo mejorar mi imagen ante usted, porque en alguna ocasión se ha pronunciado sobre los hechos que se investigan en mi caso fijando por anticipado (...) una sentencia condenatoria”, lamenta.
Así que para demostrar su inocencia asegura que presentará “batalla judicial” “hasta destapar la verdad” y desvelará “aquella que, incluso los actores con intenciones aviesas y planes irresponsables que propiciaron en origen esta temeraria causa, saben en su fuero interno que deberían permanecer siempre en la penumbra”.
En diciembre del año pasado el excomisario ya intentó, sin éxito, pactar su libertad con la Fiscalía de Anticorrupción a cambio de no revelar informaciones comprometederas. La oferta, que fue llevada a cabo a través del abogado de su mujer, Javier Iglesias, fue rechazada de plano por el organismo público.