El juez Diego de Egea tiene previsto solicitar al Consejo de Ministros la autorización pertinente para que varios acusados en el caso Villarejo puedan revelar ante él secretos oficiales, informan fuentes jurídicas. Al menos unos de ellos, el comisario Enrique García Castaño, asegura que debe hablar de material clasificado para poder defenderse, según adelantó eldiario.es.
García Castaño, imputado por vender datos confidenciales a su compañero José Manuel Villarejo, ha alegado ante el juez que necesita aludir a identidades secretas, operaciones encubiertas y manejo de fondos reservados para defenderse de la acusación por organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales que pesa sobre él en el marco de la Operación Tándem.
La tesis de la defensa de García Castaño es que toda la acusación de la Fiscalía Anticorrupción se basa en las grabaciones que Villarejo realizó sin su permiso de conversaciones mantenidas entre ambos. Esas conversaciones, alega el comisario, se produjeron en el marco de investigaciones policiales y no de los hechos delictivos que se le atribuyen.
La ley que rige los secretos oficiales data de 1968. En su punto cuarto recoge que la calificación como tal corresponde “exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor”. Una ley de la época de Felipe González, la 11/1995 regula los fondos reservados, pero remite a la anterior, del régimen franquista, para determinar quién puede conceder o retirar la clasificación de secreto a esta materia. Un protocolo reservado, y redactado en Interior a raíz de la promulgación de esa ley, desarrolla el uso de los fondos reservados.
El comisario García Castaño, conocido en la Policía como ‘El Gordo’ y al que defiende el despacho de Baltasar Garzón, reiteró su petición para revelar secretos oficiales después de que aparecieran las primeras noticias que le vinculan con el pago de fondos reservados al chófer de los Bárcenas.
Fuentes del caso recelan de lo que consideran una maniobra para distraer los indicios contra él, pero la autorización de revelar secretos oficiales también se extenderá a otros implicados en el caso que sí podrían aportar información relevante para la causa.
La Fiscalía pide imputar a Pino
La fiscalía Anticorrupción ha solicitado varias diligencias al juez en la pieza secreta 7, que investiga la Operación Kitchen. Entre ellas está las declaraciones como imputados del chófer, hoy policía, Sergio Ríos Esgueva, y del que fuera número dos de la Policía, Eugenio Pino. Este comisario, artífice de la brigada política de la Policía en tiempos del PP, acaba de ser procesado por haber intentado colar presuntamente información robada en la causa contra los Pujol que investiga la Audiencia Nacional.
Otro juez, el del caso de la caja B, ya se ha dirigido a Interior solicitando material qu cuenta con la clasificación de secreto, referente a los pagos al chófer con los fondos reservados. Los pide porque investiga la financiación irregular del PP y, según informaciones periodísticas, Ríos habría sustraído información al respecto del domicilio de los Bárcenas para entregársela al comisario Villlarejo. En ese caso, el Gobierno también tendrá que decidir si levanta el secreto de la documentación que guarda Interior sobre los pagos.