El juez deja fuera del caso Villarejo los encargos de Interior al comisario en la época de la Operación Catalunya

El caso Villarejo se aleja de los encargos contra la oposición que el Ministerio del Interior realizó a la brigada política durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. El juez Manuel García-Castellón ha dictado un auto en el que levanta el secreto sobre la documentación incautada al comisario cuando fue detenido y de la que excluye una carpeta con las “supuestas funciones asignadas a José Manuel Villarejo en los años 2013 y 2014” con el argumento de que es información susceptible de “estar legalmente clasificada”.

En esos años, Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, a las órdenes directas del comisario Eugenio Pino, el artífice de la brigada política. Por su participación en la Operación Catalunya, Villarejo fue condecorado en marzo de 2014 con una medalla pensionada, como reveló eldiario.es un año después. La fotografía del acto de condecoración, incluida en aquella información y que encabeza ésta, supuso la primera imagen actualizada del policía, envuelto ya por entonces en distintas polémicas.

El auto de García-Castellón asegura que esa “funciones asignadas” que mantiene bajo secreto van acompañadas de otras atribuciones a Villarejo por parte del Ministerio que dirigía Jorge Fernández Díaz, “principalmente relacionadas con la captación de información de interés policial”, sin que el juez ahonde en qué tipo de trabajos se le requerían al policía liberado.

Tanto Villarejo como Pino han defendido la legalidad del rastreo de información comprometedora de políticos independentistas en esa época. Eran trabajos realizados de forma prospectiva y sin control judicial por tratarse de una función “de inteligencia”, según defienden, tarea ajena a la Policía Nacional que les sirve para justificar todos los excesos del periodo comprendido entre 2012 y 2016, ya fuera contra el soberanismo, Podemos o en el espionaje a Bárcenas.

En distintos formatos digitales, la carpeta que deja bajo secreto el juez incluye “gastos y recibos que documentan entregas de dinero a personas definidas como colaboradores” y otro que se llama “gastos reservados 6.5.2014, con imágenes de varios billetes de 500 euros”, según describe el auto del magistrado. Todo está incluido en el archivo Taja, una carpeta que al ser descubierta fue apartada inmediatamente de la investigación por incluir información sensible que pudiera afectar a la “defensa y seguridad del Estado”, según reveló este medio en marzo de 2019.

La existencia de ese archivo quedó reflejada por primera vez en un oficio de la Unidad de Asuntos Internos con fecha 29 de octubre de 2018 en el que se incluía ya la expresión “supuestas funciones asignadas a Villarejo como comisario en activo con destino en la Dirección Adjunta Operativa”. Aquello motivó un escrito de los fiscales Anticorrupción sobre la carpeta Taja: “Refleja asuntos, actos, actividades, documentos, informaciones, identificaciones personales y datos que vienen referidos a cuestiones que afectan a la seguridad y defensa del Estado”, al tiempo que advertían que era el tipo de material que está recogido en la Ley de Secretos Oficiales y en el Acuerdo del Consejo de Minsitros que regula el uso de los fondos reservados.

Además, Taja contiene “informaciones y datos relevantes” a las identidades secretas de las que dispuso Villarejo antes de jubilarse, tres de las cerca de 900 que aún mantiene en activo el Ministerio del Interior para todos sus investigadores. También aparecen sociedades que Villarejo abrió con esas identidades secretas y gastos vinculados a ellas.

Presuntos pagos a mossos con fondos reservados

La Operación Catalunya sobrevuela el caso Villarejo sin que sus investigadores hayan decidido incorporarla a las pesquisas. Cuando solicitaron información al Ministerio del Interior sobre otro encargo político, el espionaje a Bárcenas, el departamento de Fernando Grande-Marlaska remitió, previa desclasificación, varios documentos relacionados con fondos reservados: los pagos al chófer del extesorero (48.000 euros en dos años); el gasto para una pistola que se le entregó (700 euros); el de un portátil para que el secretario de Estado de Seguridad monitorizase presuntamente la operación Kitchen (1.200); y algo que los actuales responsables del Ministerio encontraron buscando todo aquello: varios recibos que alcanzaban hasta septiembre de 2015, mucho después de que finalizara el espionaje a Bárcenas. Uno de ellos, de 6.700 iba acompañado de la anotación “mossos”.

El documento alude al pago que se hacía a agentes autonómicos a cambio de información vinculada al proceso soberanista, pero el juez y los fiscales no dejaron a García Castaño extenderse en ello, durante una de sus declaraciones como investigado, por encontrarse el asunto fuera del objeto de la investigación y no ser pertinente.

Algo similar ocurre con la guerra sucia contra Podemos. La Unidad de Asuntos Internos recopiló las informaciones presentes en la causa relacionadas con el informe PISA en un DVD que la acusación popular, que ejerce Podemos, viene reclamando sin éxito. El informe PISA es un documento elaborado en la Dirección Adjunta Operativa de Villarejo y Pino en el que se intentaba demostrar una supuesta financiación irregular de Podemos. El documento fue publicado por varios medios cuando la formación morada abordaba un acuerdo de Gobierno con el PSOE, en 2016, pero los tribunales terminaron despreciando su contenido. García Castaño ha atrubuido la confección del informe PISA al comisario Andrés Gómez Gordo, también imputado.

La acusación popular, que ejerce Podemos en el caso Villarejo, ha intentado que la pieza 10, sobre el robo del móvil de una colaboradora de Pablo Iglesias, indagara en al menos tres maniobras de la brigada política para desacreditar a la formación política, pero juez y fiscales lo rechazaron por exceder los límites de esa pieza y considerarlo prospectivo. También rechazaron tomar declaración a los periodistas que publicaron el contenido de aquel móvil robado.

Así las cosas, los encargos a la brigada política y el caso Villarejo confluyen por ahora en la pieza 7, que investiga el espionaje a Bárcenas y su entorno con fondos reservados. Esta trama “parapolicial” no atacaba directamente a la oposición, como en la Operación Catalunya o el informe PISA, sino que trataba presuntamente de sabotear la investigación judicial de la caja B del partido. Todos los mandos de la primera línea de la brigada política continúan imputados, así como el número dos de Interior en esa época, Francisco Martínez.