El comisario jubilado José Manuel Villarejo está recluido en la cárcel madrileña de Estremera desde hace cinco semanas. Allí lo envió la jueza Carmen Lamela acusado de liderar una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, entre otros delitos. Y desde allí, en una sala habilitada a los efectos, declarará el jueves a las 9 de la mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, en calidad de querellado.
El también comisario jubilado Marcelino Martín-Blas le acusa de un delito de injurias y calumnias. Junto a Martín-Blas, Villarejo encarna todavía la denominada “guerra de comisarios”, un enfrentamiento entre dos de los principales protagonistas de las maniobras policiales en Cataluña durante el periodo de Jorge Fernández-Díaz en el Ministerio del Interior. Fruto de aquel enfrentamiento afloraron las órdenes irregulares recibidas por un grupo de policías para atacar al proceso soberanista con investigaciones de corrupción que no tenían control judicial.
En la querella, Martín-Blas acusa a su antiguo compañero en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía de mentir sobre él en el contenido de varias notas informativas. En las mismas, Villarejo acusa a Martín-Blas de haber dificultado la investigación sobre las actividades presuntamente delictivas de la familia Pujol. El que fuera jefe de Asuntos Internos incluye en la querella a uno de los medios que publicó el contenido de esas notas, elindependiente.com, su empresa editora y dos de sus periodistas.
En una de esas notas, fechada en diciembre de 2014, Villarejo acusa a Martín-Blas de centrarse en los movimientos económicos de los Pujol en las cuentas del BPA a costa de ignorar las que las operaciones de la familia en el Andbank y añade que los indicios existentes apuntaban a que el dinero de la familia estaba en este segundo banco. El comisario jubilado incluye en sus acusaciones al entonces director general de la Policía y protector de Martín-Blas, Ignacio Cosidó.
El enfrentamiento entre Villarejo y Martín-Blas se remonta a los tiempos en que ambos eran personas de confianza de Eugenio Pino, el artífice de la policía política durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Como jefe de Asuntos Internos, la unidad de Martín-Blas vinculó a un hijo de Villarejo y al comisario Carlos Salamanca en una trama policial que beneficiaba a la mafia china de Gao Ping. El hijo de Villarejo nunca estuvo imputado y la causa contra Salamanca, amigo de Villarejo, decayó antes de llegar a juicio.
Sin embargo, el enfrentamiento había empezado y no acabaría ni con la destitución de Martín-Blas al frente de Asuntos Internos, ni con la jubilación de ambos comisarios, ni siquiera con el encarcelamiento del autodenominado “agente encubierto”.
Más allá de la inquina personal, el enfrentamiento entre ambos comisarios hizo que afloraran detalles desconocidos de la Operación Cataluña. El mismo término parte de una declaración en sede judicial de Villarejo, imputado por la grabación ilegal a Martín-Blas, otros policías y dos agentes del CNI que investigaban al Pequeño Nicolás.
La investigación que condujo a la imputación de Villarejo fue dirigida por el propio Martín-Blas al frente de una comisión judicial que ha sido disuelta por orden de la instructora, en un paso previo al previsible archivo de la causa.
En aquella declaración en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Villarejo habló del trabajo conjunto que Martín-Blas y él hicieron en Cataluña y que el primero niega. “Yo investigaba a la familia Pujol y él se encargaba de captar fuentes como el señor éste de las grabaciones del ministro”, le dijo al juez del caso.
Ese “señor de las grabaciones del ministro” es Daniel de Alfonso, exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya e interlocutor de Jorge Fernández Díaz en dos conversaciones que ambos mantienen en su despacho y que publico.es desveló a tres días de las elecciones generales de junio de 2016.
Con traficantes y agresores machistas
Villarejo está recluido desde la noche del domingo, 5 de noviembre, en un módulo especial de la cárcel de Estremera, junto a otros miembros de las Fuerzas de Seguridad, la mayoría condenados por tráfico de drogas o violencia machista. La prisión de Madrid VI-Estremera fue inagurada en julio de 2008, en un acto al que asistió el que después sería uno de sus más conocidos internos, Francisco Granados, por aquel entonces consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.
Granados y Villarejo son amigos y la excarcelación del político hizo que ambos no coincidieran bajo el mismo techo. Con todo, no se hubieran visto. El módulo de los policías está apartado del resto de la vida de la cárcel. El comisario jubilado tampoco ha compartido zonas comunes con Oriol Junqueras y el resto de exconsellers.
En ese módulo le acompaña Carlos Salamanca, jefe de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación (UCRIF Central), y detenido junto al comisario jubilado en la Operación Tándem. Salamanca fue detenido en su despacho de las dependencias de la Comisaría General de Extranjería en el centro de Madrid.
La prisión incondicional dictada contra ambos y el abogado Rafael Redondo por parte de la jueza Lamela, de guardia el día de sus declaraciones, ha sido confirmada hace tres semanas por el juez que se ha hecho cargo del caso, Diego de Egea, en funciones de apoyo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
Las defensas de los investigados han recurrido a la Sala de lo Penal y será la Sección Tercera, que preside el magistrado Alfonso Guevara, quien resuelva su situación personal. El magistrado De Egea mantiene secretas las actuaciones a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
La denuncia inicial, procedente de un anónimo, permitió abrir una investigación por un trabajo realizado por una de las empresas de Villarejo dedicada a la “inteligencia” sobre un miembro de la familia Obiang. Según publicó El País, se trataba de buscar trapos sucios de un hijo del dictador y difundirlos a través de medios de comunicación para desacreditarle y anularle en las luchas internas familiares. Fuentes próximas al caso señalan, sin embargo, que desde esa denuncia inicial el caso ha ido creciendo a través de distintas averiguaciones de Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.
Además de 180.000 euros en metálico en dos registros, los investigadores se han incautado de abundante material en distintos formatos, también audio y vídeo que está por analizar. En el lujoso chalet de Villarejo en Boadilla del Monte (Madrid), los investigadores encontraron una caja fuerte oculta tras una cómoda. El hallazgo previo de una llave en un maletín facilitó acceder al material que contenía cintas con un título que alude a una personalidad del Estado.
El agente encubierto, como le gustaba describirse, ha grabado continuamente a sus interlocutores, como un seguro ante posibles adversidades o buscando rentabilidad en el futuro. Y así ha quedado de manifiesto en los últimos años, siempre que el policía se ha visto envuelto en polémicas que le afectaban. Empresarios, políticos y miembros de la judicatura que han tenido una estrecha relación con él o que están detrás de encargos ejecutados por el policía permanecen en vilo ante la operación de la Fiscalía Anticorrupción.