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El comisario Villarejo y sus socios ponían precio a la colaboración del exjuez Baltasar Garzón para reventar un caso

El exjuez Baltasar Garzón.

Pedro Águeda

El archivo sonoro del comisario Villarejo sigue arrojando sospechas sobre las connivencias del poder político, empresarial y judicial con el policía encarcelado. El reciente levantamiento del secreto sobre la investigación del proyecto PIT dirige el foco a los posibles vínculos de Villarejo en la Audiencia Nacional y, principalmente, con el que fuera juez de instrucción de ese tribunal Baltasar Garzón. El hoy abogado, expulsado de la carrera judicial por una condena del Tribunal Supremo, es mencionado decenas de veces en las conversaciones que el comisario jubilado tuvo con sus socios para obtener 10 millones de euros de un naviero español que pretendía evitar su extradición a Guatemala. Según comentan entre ellos y también a su cliente, Garzón reclamaba hasta tres millones de euros para participar en la operación.

En casi todas esas menciones, Garzón es “el Mago”, si bien la Unidad de Asuntos Internos de la Policía escribe ya en uno de sus primeros oficios al juez que se trata del exmagistrado “sin ningún género de dudas”. En anotaciones manuscritas incautadas a Villarejo, también incorporadas a la pieza, el policía se refiere también a Garzón como “Balta” o “BG”. El despacho de Baltasar Garzón dice que ni siquiera conoce al supuesto cliente, Ángel Pérez Maura, y que no ha hecho “ninguna gestión” por él. También niega “acuerdo contractual, ni profesional, ni de ningún otro orden” con Villarejo.

En la pieza PIT del caso Villarejo fueron detenidas cinco personas el pasado 9 de mayo. Hace dos semanas, el juez tomó declaración a otros nuevos imputados. La posible declaración de Garzón, ya fuera como testigo o investigado, no ha sido aún abordada en la Audiencia Nacional, señalan fuentes jurídicas a eldiario.es.

Los detenidos fueron Ángel Pérez Maura y su hermano Álvaro, por una parte. Por otra, quienes habrían cobrado de ambos. Además de Villarejo, en prisión, fue arrestado el empresario Adrián de la Joya, que emerge en el sumario del caso como histórico socio del policía que siempre ha conseguido mantenerse en la sombra. De la Joya ya fue detenido en el caso Lezo por participar en el trasiego de los fondos de una comisión de OHL a Ignacio González. En el marco de la pieza PIT también ha sido arrestado Enrique Maestre Cavanna, un abogado que pone el caso del naviero en manos de Villarejo y De la Joya y que además se enriquece presuntamente con la operación.

En una extensa conversación grabada por Villarejo e incorporada a su archivo, Maestre explica a Villarejo y a su socio la posibilidad de negocio con Pérez Maura. Este es reclamado por Guatemala por haber obtenido presuntamente la adjudicación de un puerto a través de un soborno millonario. Pérez Maura quiere evitar la detención en España a efectos de extradición y Maestre le habla de Villarejo.

Después, el abogado Maestre se lo cuenta al comisario y a Adrián de la Joya: “Yo le he dicho [a Pérez Maura]: 'Mira, Pepe Villarejo es tío de tribu, es un tío de clan. Es un tío pues que si ve que tu causa es justa, pues te va a..., evidentemente cobrando sus honorarios profesionales, que para eso tiene su empresa impecablemente legal e impecablemente tal, pues te puede, evidentemente, no apoyar mucho sino apoyar todo, pues claro, este es un tema de la Audiencia Nacional. ¿Entiendes lo que te quiero decir?”.

Esa primera conversación se produce el 20 de abril de 2016. Según van pasando las semanas y los meses se producen reuniones de estos tres imputados, más algún colaborador, con los hermanos Pérez Maura. Ahí va surgiendo la figura de Garzón, al que presentan como una herramienta indispensable en dos vertientes: su ascendente en la Audiencia Nacional y en el mundo judicial latinoamericano. La banda de Villarejo oculta a su cliente la dificultad de que España extradite a un nacional y ponen por delante que el organismo anticorrupción de Guatemala está en realidad controlado por los estadounidenses, a los que el tribunal español no suele negar nada, según le trasladan.

El 6 de febrero de 2017 se produce la única conversación en la que los investigadores pueden escuchar a Garzón. El exjuez telefonea a Villarejo, que graba. Garzón le traslada: “He llamado a Ernesto Díaz-Bastién para que se informe objetivamente de cómo están tus cosas”. Díaz-Bastién es una persona muy próxima a Villarejo que además lleva tres décadas ejerciendo de abogado para el policía. En el momento de esa conversación quedaban nueve meses para que Villarejo fuera detenido, pero la investigación contra él ya había arrancado. Además, el policía estaba imputado en dos causas: el apuñalamiento de la doctora Pinto y por grabar presuntamente una conversación entre agentes del CNI y policías que investigaban al Pequeño Nicolás.

Villarejo aprovecha la llamada y queda esa misma tarde con Garzón en el despacho de este. Los agentes de Asuntos Internos reconocen en su informe que desconocen si en la misma se abordó el proyecto PIT. Del contenido de la conversación se desprende una relación de proximidad entre el comisario y Baltasar Garzón. El exjuez da a entender que la llamada a su abogado ha sido porque se preocupa por él. “Como tú siempre dices que todo está bien y no nos quieres preocupar a los amigos”, dice Garzón. Y Villarejo, un poco más adelante, le contesta: “Tú y yo tenemos fuertes principios y convicciones y eso, los demás, esos mierdas, nuestros enemigos, como no los tienen, pues siempre ganaremos”.

Tras las detenciones de este mayo, y cuando la pieza aún estaba secreta, El Mundo publicó que De la Joya había declarado ante el juez que Villarejo utilizó el nombre de Garzón con el único fin de “inflar la factura” a los Pérez Maura. Sin embargo, de los posibles emolumentos del juez hablan en varias reuniones en las que los clientes no están presentes. Ocurre, por ejemplo, el 17 de febrero de 2017, once días después de la llamada y el encuentro entre Villarejo y Garzón.

En este audio, incorporado a la causa, aparecen Villarejo, uno de sus hijos, Enrique Maestre y Adrián de la Joya:

De la Joya: Ahora lo que hay que hacer es que paguen, claro, porque si ahorras un puntillo…. Es que al Mago hay que darle uno y medio. Y me falta medio

Villarejo: Pero hay que enseñarle… oye, toma tal y dentro de unos días, medio, luego tal…

Maestre: Claro, hay que decirle, toma, aquí tienes medio, lo que quiero decir es que cuando vaya teniendo algún resultado, toma tal…

De la Joya: Nosotros no le vamos a decir al Mago nada de cómo hemos cerrado en uno y medio, porque él quería medio en abril, y el otro día fue imposible cerrar eso con este tío.

Maestre: Yo creo que el Mago, cuando vea viruta, ya se engolosina.

Villarejo: Está muy acostumbrado a la viruta, eh.

Maestre: Hay viruta y hay virutón, y esto es virutón.

Villarejo: Este cabrón, la técnica siempre es que pide 10 en todos los temas. Si no lo coge… y pide un 25 por adelantado que tal no sé qué… O sea, así es como funciona el hijoputa… tiene montada una industria… una fundación no sé qué del quinto coño…

De la Joya: que dice que es para los derechos humanos

Villarejo: Para los derechos de su puta madre

El 23 de febrero, cinco días después de esta conversación, Pérez Maura ejecuta un pago de 1.210.000 euros, esto es, un millón de euros más IVA. Se trata de la cantidad que el empresario, por una parte, y Villarejo y sus socios, de otro lado, “justifican” con el fin de “asumir el coste de la presunta subcontratación de Baltasar Garzón, alias Mago”, recoge el informe de Asuntos Internos.

Comida con BG y la actual ministra de Justicia

Al ingente archivo sonoro incautado a Villarejo hay que sumar un diario y una agenda manuscritos, repartido en varios cuadernos, que encontraron en los registros los investigadores, como reveló eldiario.es. En ellos, aparecen anotadas varias citas con Garzón. El 8 de mayo de 2017, “BG vernos mañana”. El 23 de ese mismo mes: “comida mañana con BG, Lola y Andreu”. El 16 de junio, “BG, dar toque mañana”. El 28 de junio: “Comida el lunes con Balta. En su defecto con Oli y Charly”.

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, sería “Lola”. Fiscal antiterrorista entonces de la Audiencia Nacional y persona próxima a Garzón, ha reconocido conocer al policía, pero ha negado ningún encuentro profesional o haber mediado en favor de alguno de sus proyectos. La Fiscalía Anticorrupción ha hecho públicos dos comunicados en los últimos meses asegurando que no ha encontrado ningún indicio de relevancia penal en la actuación de Delgado. Villarejo dice a sus socios en las grabaciones del sumario que ella es “muy tronca, muy amiga mía”. El despacho de Garzón ha trasladado a eldiario.es que “es falso que existiera tal amistad”, entre comisario y fiscal y que “las ocasiones en que hayan podido coincidir han sido debidas exclusivamente” a que ella acompañó a Garzón en esos encuentros.

Al grupo de amigos de Garzón y Delgado pertenece el magistrado Fernando Andreu, también mencionado, ahora juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y entonces titular del Juzgado de Instrucción número 4. “Oli” y “Charly” serían mandos policiales. El primero, José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF y al frente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en el momento de la anotación. Charly podría ser Carlos Salamanca, comisario detenido en la Operación Tándem y que sigue imputado.

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