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Sin público ni periodistas en la sala, dos policías con mascarilla se han sentado esta semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Madrid. La vista no ha dejado episodios de alto voltaje jurídico ni momentos de tensión. Y sin embargo, las cinco jornadas han retratado la perversión que sufrió la Policía entre 2012 a 2016 hasta protagonizar una guerra sucia sin muertos contra la oposición democrática. El juicio por intentar adulterar el caso Pujol, contra el director operativo del Cuerpo entonces, Eugenio Pino, y el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, ha quedado visto para sentencia.
Sobre el caso pendrive pesa una enrevesada explicación que le resta popularidad y que se resumiría de la siguiente forma: en pleno auge del desafío soberanista, una serie de descubrimientos policiales provocaron a principios de 2013 la apertura de una causa en la Audiencia Nacional por la fortuna en el extranjero de la familia Pujol, con el consiguiente terremeto político en Catalunya. El caso ha sufrido continuos vaivenes y siete años después no se adivina su final. En abril de 2016, los investigadores policiales pensaron que tenían en su poder la llave para darle un impulso, un pendrive con documentos informáticos del principal investigado, Jordi Pujol Ferrusola.
Pero la confusa explicación que los policías presentaron al juez sobre el origen de la memoria informática provocó que José de la Mata sospechara que podía haber sido obtenida de forma ilícita. El magistrado apartó la documentación para que no contaminara el resto de la causa y abrió una investigación. El resultado confirmó sus sopechas: los policías estaban utilizando documentos de origen dudoso, posiblemente robados. Al pedirles explicaciones en sede judicial, los mandos mintieron. De la Mata envió entonces al juzgado competente los hechos que han acabado con Pino y Díez Sevillano en el banquillo.
Los antecedentes: un caso con trasfondo político. El episodio juzgado estos días se produjo en el marco de la única causa relevante que ha prosperado en los juzgados fruto de la denominada Operación Catalunya. Las sospechas de corrupción en torno a la familia Pujol venían de lejos, pero la llegada al Gobierno del Partido Popular en pleno apogeo del procés convirtió a la familia símbolo del soberanismo en una prioridad absoluta del Ministerio del Interior. Así arrancó una investigación prospectiva que incluyó los mensajes del jefe de gabinete de Rajoy a su vieja amiga Victoria Álvarez, expareja del Pujol Ferrusola, para que contara lo que supiera. La mujer acabó declarando en la UDEF de la mano de un abogado, socio del comisario Villarejo y ahora acusado, como éste, por liderar una organización criminal. El juez Pablo Ruz no apreció indicios suficientes, pero un recurso de la Fiscalía aceptado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le obligó a arrancar la instrucción.
Llegaron después las cuentas de los Pujol en Andorra. Los dos acusados en el juicio del pendrive y otro comisario más están investigados en ese país porque los dueños del banco les denunciaron por coacciones y chantaje. Y en la primavera de 2016 llegó el intento de utilización del pendrive de Pujol Jr., toda su “vida informática” desde 1997 a 2002.
La brigada política que alumbró el Gobierno de Rajoy. Ninguna de las maniobras, primero en Catalunya, y contra Podemos después, hubieran sido posibles sin la policía política que diseñó y dirigió el comisario Eugenio Pino. Jefe de los antidisturbios con Aznar, el mando fue el elegido por el nuevo Ejecutivo para dirigir la Policía, solo por debajo del político Ignacio Cosidó.
Temperamental, con una concepción militar del Cuerpo y obsesionado con la unidad de España, Pino alojó en su Dirección Adjunta Operativa un grupo de mandos dedicados casi en exclusiva a rastrear información comprometedora para los líderes del procés, sin control judicial y a golpe de fondos reservados, como desveló eldiario.es en noviembre de 2014. Bonifacio Díez Sevillano, el otro juzgado por el pendrive de Pujol Jr había sido policía de enlace en Andorra y Pino lo trajo a Madrid. Le ubicó unos meses en Asuntos Internos y de ahí pasó a la Dirección Adjunta Operativa.
De esa misma policía política salieron también la investigación contra la supuesta financiación irregular de Podemos, que Audiencia Nacional y Tribunal Supremo tumbaron, y el espionaje a Luis Bárcenas cuando éste se convirtió en la principal amenaza para el PP. El caso Villarejo acoge ésta última como una pieza separada donde están investigados todos los miembros de la primera línea de la brigada política, incluidos Pino y Díez Sevillano. El juez del caso y la Fiscalía Anticorrupción no han acogido por ahora el intento del partido de Pablo Iglesias de que la guerra sucia contra ellos cuando había posibilidad de formar Gobierno con el PSOE en 2016 sea investigada en el marco del mismo caso.
La excusa de algo llamado “inteligencia policial”. A día de hoy, Eugenio Pino sigue defendiendo aquella labor y su aportación a frenar el independentismo catalán. Su argumento es que la Policía puede realizar tareas de inteligencia, aunque esa función no esté recogida en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo censure ese tipo de prácticas policiales.
En el juicio ha reaparecido esta tesis. Los policías de la UDEF le dijeron al juez que la información del pendrive, encontrada según ellos en el registro judicial a la agencia de detectives Método 3, se había incorporado a una base de datos de “inteligencia policial”. El juez De la Mata consultó al juzgado de Barcelona y demostró que eso era falso. Pero es que además, la incorporación de información de la que no se puede acreditar la procedencia y que es propiedad de un ciudadano no se puede incorporar a archivo policial alguno. “Ni sabemos a estas alturas de dónde salió el pendrive ni nos importa. La clave es que su contenido es material que no puede ser utilizado por la Policía, ni incluido en una base de datos y mucho menos presentado como indicio ante un juez”, dicen fuentes de la acusación.
Jordi Pujol Ferrusola, que ejerce la acusación particular, pide dos años y seis meses para cada mando policial por un delito de revelación de secretos. La acusación popular, que ejerce Podemos, eleva su petición de condena a seis años y medio por falso testimonio, revelación de secretos e intento de fraude procesal a Eugenio Pino, y cinco por tentativa de fraude procesal y revelación de secretos a Díez Sevillano. La Fiscalía ha continuado con el criterio fijado en el caso durante el Gobierno del PP y ha elevado a definitiva su petición de absolución para los acusados bajo el argumento de que ninguno de los dos conocía el contenido del pendrive que entregaron a la UDEF y, por tanto, no se les puede condenar por haber intentado introducir en un proceso judicial información robada.
La Unidad de Asuntos Internos, perversión de la Policía. Uno de los testigos estrella del juicio ha sido Marcelino Martín-Blas, el que fuera jefe de Asuntos Internos en la época de la brigada política. Por la opacidad de su naturaleza —se desconoce incluso el número de efectivos con los que cuenta-, la unidad fue elegida para hacer el trabajo sobre el terreno de la Operación Catalunya. Con la excusa de que podía haber policías implicados se coló en distintas investigaciones que, en realidad, no tenían por objeto perseguir los delitos cometidos por otros agentes sino boicotear el proceso soberanista.
Su jefe en aquel entonces, Marcelino Martín-Blas, llegó al puesto con un historial de extremismo ideológico y colaboración con el PP cuando estaba en la oposición. Pero su enfrentamiento con Villarejo le hizo caer en desgracia. Pino y el propio Villarejo dicen que fue él quien les llevó el pendrive de Pujol Jr, algo que Martín-Blas niega, insistiendo en la tesis de que salió del registro judicial a Método 3. La acusación particular había intentado que también se sentara en el banquillo.
La UDEF, un instrumento para blanquear a la brigada política. Cuando el PP llegó al Gobierno, la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) era conocida por los casos Malaya, Astapa y, sobre todo, Gürtel. Una popularidad a la que el expresident Pujol había contribuido involuntariamente con aquella frase, “¿Qué coño es la UDEF?”. Durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, la unidad se convirtió en un cooperador necesario de la brigada política.
Las notas “de inteligencia” que salían de la DAO estaban destinadas a acabar siempre en las portadas de los mismos medios escritos o digitales coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista. Pero en ocasiones, como en el pendrive de Pujol, los mandos aspiraban a más. La UDEF era la policía que actúa a las órdenes del juez y el canal para blanquear aquellas informaciones conseguidas a golpe de fondos reservados. Ocurrió en el caso del pendrive.
Pino y Villarejo han declarado que el jefe de Asuntos Internos, Martín-Blas, consiguió el pendrive y que el DAO se lo dio a la UDEF sin mirar su contenido, en contra de lo que declarado anteriormente. Martín-Blas se enroca en negarlo. Pero el caso es que el jefe de la investigación en la UDEF escribió un oficio al juez en el que hablaba del registro de Método 3 y al tiempo de bases de datos de “inteligencia policial”. Ahí comenzaron los problemas para todos ellos.
Villarejo, la conexión con épocas pasadas. El juicio ha servido para constatar las luchas intestinas en el seno de la policía política. Pino y Martín-Blas eran “soldados” del PP cuando éste llegó al Gobierno. Villarejo, si acaso, un “soldado de fortuna”, millonario gracias a sus negocios parapoliciales, según la Audiencia Nacional, y dispuesto a hacer favores inconfesables a cualquier gobierno, fuera del signo que fuera.
Con este perfil, poco tardó Villarejo en convertirse en una pieza principal del engranaje de Pino en la Dirección Adjunta Operativa. En el juicio ha llamado inútiles a los colaboradores de éste; ha señalado, una vez más, a Martín-Blas; y no se ha olvidado de sus otros enemigos, el exdirector general Ignacio Cosidó, como protector del jefe de Asuntos Internos, y el CNI, al que acusa ahora de grabar los audios que se encontraron en su casa y de manipularlos.
Método 3, la coartada. La agencia de detectives de Paco Marco fue registrada por orden de un juzgado de Barcelona por la denuncia de la entonces líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, por la grabación de su comida en el restaurante La Camarga con la expareja de Pujol Ferrusola. La causa se archivó seis meses después y fuentes policiales aseguran que la verdadera intención de la Dirección del Cuerpo fue encontrar posible material que comprometiera a Fernández Díaz. Pero Asuntos Internos ya tenía una excusa para entrar en la investigación debido a la vinculación de algunos policías con la agencia de detectives.
Como han reconocido Martín-Blas y su segundo entonces, el inspector jefe Rubén Eladio Pérez, reconvertido ahora en alto cargo del Ministerio de Fomento, ambos tuvieron como confidentes a dos exdetectives de Método 3 a los que pagaban comidas y desplazamientos a Madrid. ¿Aportaban alguna información sobre policías corruptos? En ningún caso. Se trataba, de nuevo, de la familia Pujol. Ambos detectives, Antonio Tamarit y Julián Peribañez, han dicho al tribunal que del pendrive no saben nada.
“Patriotas” generosamente recompensados. Eugenio Pino disfruta de su jubilación y unas cuantas medallas que abultan la nómina. La última, la Medalla de Plata al mérito policial, se le concedió antes de jubilarse, con un 15% de asignación vitalicia. A sus chicos no les faltó de nada. Todos los investigados en la Operación Kitchen fueron condecorados con la medalla roja (un 10% adicional) durante su mandato. Un grupo de ellos, además, se convirtió en el club de los diezmileuristas, por el monto bruto de su nómina mensual en los destinos en embajadas de todo el mundo. Uno de ellos fue Díez Sevillano, que recaló en México. Para el abogado de Pujol Ferrusola, una curiosa trayectoria: Andorra, Madrid, México, país éste donde tenía negocios su representado.
La generosidad de Pino con los suyos, a cuenta de las arcas públicas, no tuvo límites. En el juicio ha declarado una de sus secretarias, quien ha asegurado que no recuerda haber hecho copia de ningún pendrive de Pujol Ferrusola. Pino la condecoró con una Medalla Roja, pensionada y que reconoce a aquellos que han puesto en peligro su vida en acto de servicio.