De ser una de las asignaturas pendientes del Gobierno de coalición a convertirse en apenas siete días y en plena recta final hacia la campaña en la gran apuesta estratégica del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde que los grupos parlamentarios de ERC y EH Bildu confirmaran su apoyo el pasado viernes a una ley empantanada durante año y medio por falta de acuerdo, la política de vivienda ha pasado a estar en el centro del debate político a las puertas del ciclo electoral que comenzará con los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo y que concluirá en diciembre con las elecciones generales.
En menos de 72 horas, las que pasaron desde la Convención Municipal del PSOE en Valencia hasta la comparecencia de este miércoles en el Congreso, el presidente comprometió casi 100.000 viviendas públicas para alquileres asequibles. Y la oposición contraatacó proponiendo más suelo para construir. Dos modelos antagónicos y enfrentados desde el punto de vista económico pero que responden a una misma demanda política de cara a la cita con las urnas: el enorme problema social en el que se ha convertido ya el acceso a la vivienda o el pago de alquileres e hipotecas para una inmensa mayoría de los ciudadanos.
Tras años de discusión y negociaciones en el seno de la coalición a cuenta de medidas como el control de precios, hace unas semanas saltaron las alarmas en la Moncloa. El barómetro del CIS del mes de marzo apuntó una escalada del acceso a la vivienda como preocupación ciudadana que la situaba en el octavo lugar y con cuatro veces más menciones que tan solo un año antes. Una tendencia que en el equipo del presidente confirmaron con la encuesta de unos días después de 40db. En ese sondeo publicado por El País y la Cadena Ser, la tendencia de la preocupación por la vivienda ascendía hasta situarla en la cuarta posición de los principales problemas. Y el Gobierno decidió actuar.
“Creemos que el punto de inflexión tiene que ver con la subida del Euríbor”, razonan en el PSOE sobre el motivo de que el problema de la vivienda trascienda ya a las dificultades de la población joven o sectores vulnerables para acceder a inmuebles de alquiler y sea visto también como una preocupación de primera magnitud para las clases medias que hacen frente a una hipoteca. “Lo que están diciendo las encuestas es que es un problema ya de todo el mundo”, añaden.
Incluso en el ala socialista del Ejecutivo admiten que durante la legislatura ha sido el ministerio de Economía de Nadia Calviño quien ha intentado generalmente ir con pies de plomo y temporizar, cuando no directamente frenar, medidas ambiciosas como la regulación directa de los precios del alquiler. Pero la encuesta de Simple Lógica del mes de noviembre para elDiario.es ya señaló que la política de vivienda y la limitación de los precios eran reclamados por el 66% de la población y el 77,9% de los votantes del PSOE.
El Gobierno acabó impulsando ese tope de precios al alquiler como parte del escudo social desplegado a cuenta de la pandemia y de la guerra (con límites del 2% anual) y ahora se ha acabado estableciendo como política estructural en la nueva ley que, previsiblemente, será aprobada en el Congreso la semana que viene (el límite para 2024 será del 3% y en adelante se fijará un nuevo índice alternativo al IPC).
En la Moncloa sostienen que no se trata de una medida electoralista, tal y como critican tanto la oposición como los aliados del PSOE, aunque admiten que, a un mes de las elecciones del 28 de mayo, se trata de una política “de mucho calado municipal y autonómico” y que, además, encaja como anillo al dedo para confrontar modelos de gestión con el PP. “Estos debates nos vienen muy bien y Feijóo lo va a tener complicado”, sostienen en el Ejecutivo, donde descalifican la propuesta de los populares como “la receta del pelotazo” e incluso como “tres folios mal escritos”. “Los ciudadanos quieren soluciones y el Gobierno trabaja para aportarlas”, añaden.
Podemos defiende su influencia en vivienda
En Podemos sorprendieron los anuncios de Sánchez de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler accesible (una medida reclamada desde hace mucho tiempo por la izquierda) y también de este miércoles de otras 43.000 viviendas financiadas y lamentan que el presidente no les hubiera avisado. La ministra de Derechos Sociales y secretaria general del partido, Ione Belarra, celebró en cualquier caso la noticia poco después y la atribuyó a la “influencia” que su espacio ha ejercido en el Gobierno en materia de vivienda desde el inicio de la legislatura.
“Es evidente que esto tiene que ver con las exigencias y propuestas que nunca se habrían cumplido si no es por la influencia y el esfuerzo de Podemos por poner el derecho a la vivienda como una de las condiciones sine qua non para que una legislatura se pueda llamar progresista”, dijo Belarra en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.
Belarra insiste desde el acuerdo alcanzado el pasado viernes que la ley de vivienda ha salido gracias a la presencia de Podemos en el Gobierno y gracias al empuje conjunto con la mayoría plurinacional y progresista, esto es, con Esquerra Republicana y EH Bildu, que fueron las formaciones que negociaron los pormenores del texto con el PSOE en los últimos meses de reuniones. “Yo creo que todo el mundo ha visto lo que ha ocurrido en estos años de legislatura, donde Podemos ha desplegado toda su capacidad e influencia política para que hoy tengamos la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia”, reiteró este miércoles la líder del partido.
Feijóo hace suya la política de Ayuso
El PP también se lanzó a presentar su plan de vivienda estatal a rebufo del cierre de la negociación de la ley de vivienda y de los anuncios de Sánchez. El partido de Feijóo ha llegado a presentar su propuesta en tres veces, para ocupar más espacio con unas medidas que, en buena parte, beben de lo que ya hacen sus comunidades autónomas. No en vano, la consejera de Vivienda de Madrid, Paloma Martín, es la responsable de esta cartera en la dirección nacional del PP.
Martín acompañó el martes a Feijóo en la presentación del plan de vivienda ante los jóvenes del PP en una de las terrazas de moda en el centro de Madrid. La consejera apuntó la idea central del plan: convertir suelo dotacional previsto para servicios públicos en suelo urbanizable, y cederlo a las constructoras para que levanten pisos que serían supuestamente más baratos al no repercutir en el precio final el coste del terreno.
La impronta de la política de Isabel Díaz Ayuso está también en el discurso. “Intervencionismo o libertad”, resumió este miércoles el viceconsejero de Economía, Juan Bravo, en una rueda de prensa en la que amplió la información sobre un plan que tiene como objetivo primordial “ampliar la oferta”, y que ataca la ley del Gobierno, así como los “anuncios electoralistas” de los que acusan a Pedro Sánchez.
La vivienda, incluso en el foco de Ciudadanos y Vox
Desde Ciudadanos la apuesta pasa por combinar “la colaboración público-privada”, aunque una de las medidas que más ha llamado la atención ha sido la del adelanto a los jóvenes menores de 35 años de una parte de su pensión –-el 10%— para que puedan usarla como entrada en la compra de un piso, con la condición de que hayan cotizado al menos cinco años. “Adelanta tu pensión, crea tu hogar”, es el eslogan con el que lo han lanzado. También plantean abrir una línea de avales municipales a través de una línea de créditos ICO para jóvenes menores de 35 años o/y hasta 45 años con hijos.
Por su parte, Vox también ha ido desgranando sus medidas “de sentido común” en materia de Vivienda que incluirán en su programa electoral. Muchas de ellas están dirigidas a castigar con dureza la “ocupación ilegal’ de inmuebles, una de sus obsesiones. Así, plantean ”impedir el empadronamiento de inmigrantes ilegales en cualquier municipio“, la reforma del Código Penal para ”agravar las penas a los delitos de usurpación de inmuebles“ y que este delito se recoja también en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. O que ”el inmueble ocupado ilegítimamente pueda ser desalojado en 48 horas“. En cuanto a las medidas para agilizar el mercado, los de Abascal piden la liberalización total del suelo.
Respecto a la votación de la ley de vivienda, prevista para el 27 de abril en el Congreso, el PP ya ha confirmado su voto en contra. Su plan, como comenzó a hacer Madrid y ahora imitan otra regiones gobernadas por la derecha, pasa por avalar la compra de vivienda y el alquiler para ayudar a los “jóvenes” por debajo de 35 años a acceder a su primera vivienda, en lugar de intentar bajar los precios, como plantea el Gobierno de coalición. Dos planteamientos diferentes que se dirimirán en las urnas. Primero el 28 de mayo y después, en diciembre.