Concepción Sáez, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, presentó el pasado 13 de marzo su “renuncia” como miembro del órgano de gobierno de los jueces. La vocal trasladó su decisión al presidente, Rafael Mozo, a través de una carta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que justifica su dimisión por la “insostenible” situación de la institución. El mandato del CGPJ expiró en diciembre de 2018 y mantiene una correlación de fuerzas de mayoría conservadora que no responde a la actual realidad parlamentaria. Desde entonces, el Partido Popular ha impedido cualquier posibilidad de pacto con una batería de excusas cambiantes.
La vocal considera “inútil” su continuidad en lo que considera un escenario de “radical y puede que ya irreversible degradación de la institución”. Y explica que la “incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias” del órgano “al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones” [en alusión a la pretensión de algunos vocales de pedir la derogación de la ley que le impide nombrar jueces] han terminado por agotar su “paciencia”. La vocal se da de plazo hasta el final de marzo para cerrar su salida. El CGPJ informó en un comunicado en la noche del miércoles de que Mozo “está considerando la aceptación de la renuncia” tal y como establece la ley del Poder Judicial, que detalla que los vocales cesarán de sus cargos “por renuncia aceptada” del presidente.
Sáez es letrada de la administración de justicia y fue designada miembro de esta institución en 2013 a propuesta de Izquierda Unida, formación que entonces lideraba Cayo Lara. En su carta explica que viene meditando “desde hace tiempo” el sentido de seguir en este puesto y explica que, si no ha dimitido antes, es por su “excesivo y quizá equivocado sentido de la responsabilidad” y porque confiaba en que la renovación llegaría en algún momento de las sucesivas ocasiones en que parecía inminente.
Pero en este momento, sostiene, “resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá” lo que define como una “larga crisis” que “tanta deslegitimación” está “provocando” al sistema judicial. Los últimos movimientos del PP evidencian que sus dirigentes están dispuestos a alargar esta situación hasta el final de la legislatura tras dinamitar en el último momento el más reciente intento de acuerdo a finales del pasado octubre.
La vocal sopesó renunciar en 2018, cuando venció el plazo de su mandato, aunque desistió ante la falta de respaldo de otros vocales, especialmente del sector progresista. Tampoco ahora se espera que haya dimisiones en bloque, tal y como vienen reclamando de forma insistente asociaciones como la progresista Juezas y Jueces para la Democracia para facilitar la renovación de la institución.
La posibilidad de que los vocales renunciaran para forzar la renovación se abordó sin éxito en un pleno celebrado en diciembre de 2020, en plena bronca con los partidos que sustentan al Gobierno a propósito de la reforma que acabó quitando competencias al CGPJ cuando está en funciones. Entonces, el vocal progresista Álvaro Cuesta planteó una propuesta de resolución para que todos sus miembros anunciaran su “renuncia” a partir del 1 de enero, cuando ya se habían cumplido de largo dos años con el mandato caducado. Esa iniciativa, sin embargo, solo fue respaldada por otros cuatro vocales del sector progresista —Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y la propia Sáez— y nunca llegó a fraguarse en una iniciativa concreta.
Quien sí acabó dimitiendo un año y medio después y tras llevar casi cuatro en funciones fue el presidente, Carlos Lesmes. Renunció el pasado octubre repartiendo culpas por igual al Gobierno y al PP, a los que reprochó su “reiterada indiferencia” a sus llamamientos a atajar una situación que “debilita y erosiona a las principales instituciones de la Justicia y el Estado de Derecho”. Lo sustituyó el progresista Rafael Mozo tras un pacto entre los vocales de ambas sensibilidades. Una figura a la que, sin embargo, miembros de ambos bloques ahora ven con reticencias por su carácter “poco decidido”.
Plaza vacante
Previsiblemente, la plaza de Sáez ahora quedará vacante, lo que contribuirá a agrandar la mayoría conservadora del órgano. En marzo del año pasado, el Congreso rechazó sustituir a un vocal que se había jubilado, el conservador Rafael Fernández Valverde. La Cámara siguió el criterio marcado por los letrados, que consideraron que al estar en funciones no es de aplicación la regulación sobre el relevo de vocales. Tampoco fue sustituida la plaza de la progresista Victoria Cinto, que falleció el pasado junio. Antes sí fueron reemplazados los vocales Merce Pigem (2014) y Fernando Grande-Marlaska (2018) que dimitieron durante el mandato ordinario. Si no hay más dimisiones, el órgano quedará conformado con diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, y otro del PNV, al que se suele colocar en el sector progresista.
En todo caso, es una mayoría que tiene pocos efectos prácticos por la limitación de atribuciones a la que está sometido el órgano por su situación interina. Principalmente, su función esencial de realizar nombramientos en la cúpula judicial, lo que ha derivado en una amenaza de colapso en el Tribunal Supremo porque no se pueden cubrir vacantes. El órgano se dedica a despachar cuestiones administrativas de trámite y a preparar algunos informes de leyes que siguen pendientes. No obstante, algunos vocales del sector conservador no renuncian a utilizar el altavoz que les otorga su pertenencia a la más alta institución del tercer poder del Estado para tratar de desgastar al Gobierno. Lo han hecho, por ejemplo, a propósito de las polémicas rebajas de penas a agresores sexuales.
Sin dedicación exclusiva
Durante sus casi diez años como vocal, Sáez ha compatibilizado su actividad profesional dentro y fuera del órgano. Sólo tuvo dedicación exclusiva al CGPJ los cinco meses que fue miembro de la Comisión Permanente, el principal órgano de decisión, en 2018. Pero renunció para ejercer como gerente de la Mutualidad General Judicial, cargo para el que fue propuesta por la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia que entonces dirigía Dolores Delgado. Su destino actual está en la Audiencia Nacional.
En el CGPJ ha formado parte de la Comisión de Igualdad, encargada de asesorar al pleno en esta materia. Durante este tiempo ha roto la unanimidad del voto en varias ocasiones y se mostró especialmente crítica con el hecho de que el órgano siguiera haciendo nombramientos en la cúpula judicial con el mandato caducado. De forma reciente, ha mostrado su rechazo a la decisión de la Permanente de no tomar medidas ante el intercambio de mensajes entre el ex número dos de Interior Francisco Martínez y el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, en los que el primero trataba de obtener información sobre la causa abierta en el tribunal especial sobre el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con fondos reservados.
Con un presupuesto anual de 76 millones de euros, el CGPJ ofrece algunos de los sueldos más altos de la Administración. El presidente y los seis vocales con dedicación exclusiva cobran más de 120.000 euros anuales — a los que hay que sumar los trienios o el complemento de antigüedad— y tienen a su disposición un coche oficial y personal de secretaría. El resto de los vocales lo son solo a tiempo parcial, con un sueldo menor. Reciben dietas únicamente por asistir a los plenos o a las comisiones de las que forman parte, establecidas en 975 euros y 312 euros respectivamente.
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