El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones Álvaro Cuesta, elegido a propuesta del PSOE, ha dirigido en la mañana de este domingo un escrito al presidente del órgano, el conservador Vicente Guilarte, en el que solicita la “desconvocatoria” del pleno extraordinario previsto para este lunes para debatir una dura declaración institucional contra una ley de amnistía de la que todavía no se conoce su contenido. Esa cita, que Cuesta considera “improcedente e ilegal”, fue convocada a petición de ocho vocales del núcleo duro del sector conservador.
En la noche de este domingo el CGPJ ha comunicado que el presidente rechaza su petición. En otro escrito, afirma que la convocatoria se ha realizado “de conformidad” con el artículo 35 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ, que establece la procedencia de celebrar sesiones extraordinarias siempre que lo pidan por escrito al menos cinco vocales y que se detalle el tema a tratar. Asimismo, Guilarte afirma que su decisión está “en concordancia” con “antecedentes registrados en supuestos análogos” en los que “siempre” se han atendido las solicitudes de convocatoria de plenos extraordinarios.
Por tanto, se mantiene la convocatoria en la que los vocales debatirá un texto que acusa al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de buscar una amnistía para conseguir un “beneficio personal y político” y afirma que la medida de gracia supone la “abolición del Estado de derecho”. El CGPJ está en funciones desde diciembre de 2018 por el bloqueo a la renovación impuesto por el PP. La consecuencia es que sigue funcionando una correlación de fuerzas de mayoría conservadora heredada de la época en la que Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta.
Cuesta, que fue diputado del PSOE entre 1982 y 2011, argumenta que la convocatoria es “improcedente e ilegal” por “no reunir todos los requisitos” que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y por “interferir en la autonomía del Parlamento” y el debate de investidura, lo que, a su juicio, lleva al CGPJ a “una desleal confrontación institucional con el presidente del Gobierno, los grupos parlamentarios y el Congreso de los Diputados”. “El CGPJ no tiene el monopolio de la defensa del Estado de Derecho ni puede convertirse en el poder preeminente frente al resto de poderes y órganos constitucionales”, sostiene el vocal, que anuncia que si no se desconvoca no asistirá a la reunión.
En este sentido, explica que la LOPJ establece en su artículo 600.2 que podrán celebrarse pleno extraordinarios si lo considera oportuno el presidente o si lo solicitan cinco vocales. Y siempre que el objetivo sea “el ejercicio” de “competencias” entre las que, según Cuesta, no está “ni informar eventuales o desconocidas proposiciones de ley, ni pactos políticos, ni otras iniciativas legislativas o parlamentarias de los grupos parlamentarios, ni intenciones o programas de Gobierno o de investidura, ni aprobar proclamas o declaraciones políticas partidarias”.
Además, la hipotética ley de amnistía tiene previsto registrarse como proposición de ley de los grupos parlamentarios, una modalidad que no requiere el control previo del CGPJ. En este sentido, Cuesta afirma que este tipo de iniciativas entran “dentro de la esfera del libre ejercicio de la función parlamentaria por parte de diputados y senadores, la cual en ningún caso debe ser obstaculizada ni interferida por un órgano constitucional, más allá de las previsiones (...) que deriven de la Constitución y las leyes”.
Respecto al contenido de la propuesta, el vocal considera “imprudente y arbitraria” la consideración que hacen los firmantes en cuanto a la inconstitucionalidad de “una proposición de ley de amnistía cuyos términos y alcance desconocen”. Además, defiende que “considerar que violenta la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica” supone arrogarse una “competencia y función de control de constitucionalidad y de conformidad con el derecho de la UE”, de la que carece el órgano de gobierno de los jueces.
Por otro lado, Cuesta defiende que la “pretendida resolución” podría “contribuir, fomentar, promover o incitar la crispación política, social o institucional”, y generar “alarma social, ataques a las instituciones democráticas o desórdenes públicos”, además de interferir en el debate de investidura y, en su caso, condicionar la independencia y actividad de los jueces y tribunales.
Por todas estas razones, el vocal pide la descovocatoria del pleno. Y, en caso de no atenderse su petición, comunica al presidente que no asistirá. “No seré yo quien contribuya a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por Las Cortes españolas en el año 2013, puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio del año 2023 , colocando sus nombres al lado de decisiones que sin duda mancillan el nombre de este Consejo General del Poder Judicial, una vez que está fuera de órbita competencial y temporal, al haber expirado su mandato, aunque siga en funciones después de diez años”, concluye en su escrito.