El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) echa a andar con un objetivo prioritario: hallar una fórmula de consenso que blinde a la institución ante posibles bloqueos y luchas internas. Un propósito que parece casi una obligación dada la actual correlación de fuerzas del órgano, con once miembros progresistas (diez vocales más la presidenta) y diez conservadores. Además, las decisiones de más calado deben tomarse por una mayoría reforzada de 13 votos. Vocales de ambos sectores coinciden en que lo más inmediato es buscar un equilibrio para el reparto de los puestos clave.
La primera prueba de fuego tendrá lugar el próximo miércoles, cuando se celebrará el primer pleno ordinario tras la elección de la presidenta, Isabel Perelló. Los vocales lograron esa designación gracias a un acuerdo in extremis y después de más de un mes de intensa negociación. Está previsto que ese día se elija por unanimidad al juez del Tribunal Supremo Dimitry Berberoff, considerado conservador, como vicepresidente del Alto Tribunal. La previsión es también que se constituyan las comisiones legales, que son el esqueleto del CGPJ y cuya composición los vocales llevan días debatiendo. Ambos bloques han pactado que un grupo tenga la presidencia y otro la mayoría en cada una de esas comisiones que sirven para organizar el día a día del órgano.
La ley que regula el Poder Judicial establece que el vicepresidente del Supremo debe ser elegido en el primer pleno ordinario tras la elección de la presidencia. Perelló ha propuesto para este puesto a Berberoff, un magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que fue letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y es autor de numerosas publicaciones sobre el ámbito comunitario. Hasta el pasado martes, cuando dimitió tras hacerse pública su propuesta, era el ‘número dos’ de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenecen la mayoría de los vocales conservadores y que en los últimos tiempos se ha mostrado muy beligerante contra el Gobierno de coalición y medidas como la ley de amnistía.
De hecho, su nombre lo pusieron encima de la mesa los consejeros elegidos a propuesta del PP, que entienden que tras la elección de un perfil progresista para la presidencia, la APM debía tener también cierta cuota de poder dado su incuestionable predominio en la carrera judicial (tiene 1.355 afiliados de un total de 5.408 jueces y magistrados en activo). También defienden su “gran capacidad jurídica”. La figura de la vicepresidencia del Supremo está en vigor desde 2013. El entonces presidente del CGPJ, el conservador Carlos Lesmes, eligió también a un magistrado de distinta afinidad ideológica: el progresista Ángel Juanes.
Se espera que la elección de Berberoff se lleve a cabo por unanimidad, de acuerdo a las fuentes consultadas. En el bloque progresista, algunos vocales consideran que es un cargo “menor, que prácticamente no tiene funciones”, dado que es sólo vicepresidente del Supremo, no del CGPJ; y que era justo que fuera el otro grupo quien pusiera el nombre sobre la mesa. Otros vocales elegidos a iniciativa del PSOE, sin embargo, sostienen que el perfil de Berberoff es de “mucho peso”, dado que está muy bien relacionado y puede ejercer “gran influencia” sobre la presidenta, que será quien tendrá que decidir qué tareas le delega. También sostienen que votan a Berberoff como un “gesto” hacia Perelló. “Nadie ha dicho que no le vaya a votar”, dice otro vocal.
Berberoff es magistrado del Supremo desde 2018, cuando consiguió el puesto con el apoyo de sólo nueve de los 21 miembros del pleno. Entonces todavía estaba en vigor la ley que permitía hacer nombramientos en el Alto Tribunal sólo con mayoría simple. Hasta su nombramiento era director del Gabinete Técnico del Supremo, donde lo situó Lesmes cuando inició su mandato. Su misión era dar asistencia al presidente —es decir, al propio Lesmes— y a las salas.
Su nombramiento fue recurrido por otro de los magistrados que concurrió a esa plaza. Por tres votos a dos, magistrados de esa misma Sala Tercera avalaron su designación. En un voto particular discrepante con esa decisión, dos magistrados alertaron de que los nombramientos discrecionales “deslegitiman” el sistema judicial.
El reparto de las comisiones
Además de la elección de la vicepresidencia del Supremo, el objetivo es que en el pleno del próximo miércoles pueda decidirse también la composición de las llamadas comisiones legales del CGPJ: Permanente, Disciplinaria, Igualdad, Asuntos Económicos y Calificación. El nuevo CGPJ es menos presidencialista del que dirigió el último presidente ordinario, Carlos Lesmes. Gracias a una reforma aprobada en solitario por el PP en 2013 y en cuya elaboración colaboró él mismo, Lesmes tuvo la facultad de proponer a los miembros de la todopoderosa Permanente, una especie de núcleo duro donde se toman muchas decisiones relevantes.
En el anterior mandato sus siete miembros eran los únicos que tenían dedicación exclusiva. Ahora, los 20 vocales están liberados para dedicarse al 100% al CGPJ, como ocurría hasta 2013. La ley en vigor recoge también que la “elección y nombramiento” de los miembros de las comisiones depende del pleno, que debe aprobarlos por tres quintos (13 votos). La composición de estas comisiones ha centrado los trabajos de los vocales durante los últimos días. La idea es que cada consejero vaya a la comisión “en la que más pueda aportar”, dice un vocal, pero sin perder de vista el parto de poder u otras cuestiones como las cuotas de género.
En este mandato también se ha recuperado la Comisión de Calificación que el PP eliminó en su reforma de 2013. Se trata de un órgano relevante dentro del órgano porque hace las entrevistas públicas a los candidatos a los puestos discrecionales en la cúpula judicial. Con esas entrevistas se hace un primer corte y se propone una terna al pleno, formado por los veinte vocales y la presidenta, que toma la decisión final.
“Estamos avanzando muy despacio, pero la idea es desbloquearlo todo para que el pleno del 25 nos permita completar el organigrama”, dice un vocal progresista, que no descarta nuevas reuniones preparatorias este lunes y martes. “Es una negociación compleja, que implica un reparto de poder porque nadie tiene una mayoría que suponga un rodillo”, aporta otra fuente de este mismo sector. La percepción en el bloque conservador es similar. “La negociación es permanente, pero se respira buen ambiente, de consenso”, dice un vocal elegido a propuesta del PP.
De acuerdo a las fuentes consultadas, una de las comisiones que más debate está generando es la de Igualdad. La ley establece que estará integrada por tres vocales y que, además, debe atender al principio de presencia “equilibrada” entre mujeres y hombres. Los miembros del bloque conservador han propuesto que la presida uno de sus vocales: Carlos Orga.
Pero para algunos progresistas no resulta del todo acertado que la comisión encargada de hacer los informes sobre impacto de género y proponer medidas para mejorar los parámetros de igualdad en la carrera judicial sea dirigida por un hombre. Otras fuentes, sin embargo, asumen que nos les quedará otra si lo que pretenden es tener la mayoría, según las reglas que se han marcado para el reparto de puestos. Todo apunta a que las negociaciones seguirán abiertas hasta el último minuto.