Casi dos semanas después de tomar posesión de sus cargos, los vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siguen sin ponerse de acuerdo sobre quién debe dirigir la institución más importante del tercer poder del Estado. El bloqueo que caracterizó la última etapa del anterior órgano de gobierno de los jueces tiene réplicas ahora en la elección de la presidencia, con los bloques conservador y progresista enfrentados en sus posiciones y sin que, por el momento, ningún aspirante haya logrado los apoyos necesarios en las tres jornadas de votación que se han celebrado.
Para tratar de desatascar una designación que los dos sectores ven “muy complicada”, los vocales confían en los avances que se puedan lograr en el marco de una comisión negociadora formada por miembros de ambos bloques. La voluntad es que sus ocho integrantes mantengan abiertos los “canales de comunicación” durante las próximas semanas con el objetivo de poder celebrar un pleno a finales de agosto con el acuerdo prácticamente cerrado o, al menos, con una dinámica que permita un desbloqueo exprés, de acuerdo a las fuentes consultadas.
De esa comisión forman parte los progresistas Ramón Arozamena, Ricardo Bodas, Esther Erice y José María Fernández Seijo y los conservadores Alejandro Abascal, José Antonio Montero, José María Páez e Isabel Revuelta. La intención es mantener un continuo contacto telemático, aunque tampoco descartan mantener reuniones presenciales. La idea de crear una comisión negociadora surgió tras constatar la dificultad de cerrar un acuerdo de esta envergadura entre veinte personas “con perfiles muy potentes”, sostiene un vocal.
Desacuerdo entre bloques
La realidad es que los tres plenos celebrados la semana pasada y este mismo lunes han evidenciado que la primera gran tarea de los vocales, renovar la presidencia, provoca un desacuerdo total entre ambos bloques. Los únicos pactos alcanzados son los relativos a la citada comisión negociadora y a las reglas del juego, que radican en que el nuevo presidente o presidenta debe emerger de un grupo de siete magistrados del Tribunal Supremo preseleccionado por los vocales.
El sector progresista aspira a que una mujer presida por primera vez el CGPJ, con la magistrada del Supremo Pilar Teso como su principal candidata. La terna del bloque progresista se completa con Ana Ferrer, la primera mujer en acceder a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal y que ha formado parte del tribunal que sentenció el procés independentista catalán. También con Ángeles Huet, una de las últimas incorporaciones a la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Los vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar defienden que se trata de “un nuevo ciclo” en el que el órgano debe ser presidido por una mujer y que esta, además, debe tener sensibilidad progresista. Hasta la fecha, todos los presidentes han sido hombres y todos sus rivales, cuando los ha habido, también han sido hombres. Teso fue propuesta por primera vez en 2013, cuando perdió la votación ante Carlos Lesmes con un CGPJ de mayoría conservadora. Además, el 57,2% de quienes están en activo en la carrera judicial son mujeres, aunque es un porcentaje que contrasta con su escasa presencia en los órganos superiores.
La semana pasada los conservadores rechazaron la elección de Teso. Alegaron que reúne menos méritos que el también juez del Supremo Pablo Lucas, al que intentan hacer pasar por un perfil progresista y de consenso, algo con lo que no coinciden en el otro bloque. En la reunión de este lunes aceptaron elegir a una mujer, pero siempre que fuera alguna de las magistradas propuestas por su sector: Carmen Lamela, compañera de Ferrer en la Sala Segunda, o Esperanza Córdoba, integrante de la sala tercera junto con Huet, Lucas y Teso. Destacan que ambas son reputadas juristas y no están vinculadas a ninguna asociación.
Es un posicionamiento que rechazan los vocales elegidos a propuesta del PSOE y Sumar, donde valoran sus trayectorias pero no creen que sus perfiles sean los más idóneos. “Este CGPJ necesita una presidenta con personalidad. Venimos de muchos años de órganos conservadores y el resultado a la vista está. Hay que dar una oportunidad a una mujer con otro talante y otro punto de vista, a una presidenta que refleje la mayoría sociológica expresada en las urnas”, dice un representante de este bloque.
Los conservadores, sin embargo, sostienen que ellos ya han cedido al renunciar a Lucas y se quejan de la inflexibilidad del otro grupo. “No les gusta nada que no sea lo que ellos proponen”, dice un vocal de ese bloque. No obstante, en ambos sectores insisten en que la voluntad es seguir dialogando y que se pueda llegar a algún acuerdo este mes. Y subrayan que estas complejas negociaciones evidencian que, en esta ocasión, la presidencia no había sido acordada previamente por los partidos, como había sido habitual en otros mandatos.
Voto de calidad
La presidencia del CGPJ es una figura clave. Además de ostentar la presidencia del Supremo, el principal tribunal del país, tiene voto de calidad. Es un aspecto que puede resultar clave en el actual mandato en el que el acuerdo entre el Gobierno y el PP propició un reparto igualitario entre los dos sectores, con diez miembros para cada uno a pesar de que la derecha no tiene ahora la mayoría en el Parlamento. En el anterior CGPJ, elegido en 2013, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta, resultaron elegidos diez conservadores, ocho progresistas, una de CiU (que tras su renuncia fue sustituida por un vocal conservador) y otro del PNV. También se eligió a un presidente conservador, Carlos Lesmes.
La primera consecuencia de esa cesión del Ejecutivo se vive en estas primeras semanas de mandato, cuando los dos bloques actúan de forma rocosa y se cierran a la propuesta del otro. Además, la votación de este lunes evidenció que la cohesión es total entre los diez vocales elegidos a propuesta del PP, que volvieron a votar de forma unánime por el magistrado Pablo Lucas. En contraposición, los progresistas dispersaron sus votos entre las tres magistradas propuestas por su bloque: cuatro para Teso, cuatro para Ferrer y dos para Huet.
Ningún aspirante obtuvo los 12 votos necesarios y de ahí que se mantenga el bloqueo. Pero, en todo caso, que ambos tengan diez vocales explica la importancia que conservadores y progresistas dan a hacer presidente a uno de los suyos y que este pueda en el futuro decantar los desencuentros que seguro se darán en los cinco años de mandato que marca la ley.