Vocales del Poder Judicial reprochan a la progresista Sáez su dimisión

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha evidenciado este jueves la oposición de varios de sus miembros a la dimisión de la vocal Concepción Sáez, elegida a propuesta de IU, informan fuentes jurídicas. Sáez ha leído ante sus compañeros la carta que remitió el pasado 13 de marzo al presidente del órgano, en la que justifica su dimisión por la “insostenible” situación de la institución y califica de “inútil” su continuidad en lo que considera un escenario de “radical y puede que ya irreversible degradación de la institución”. El mandato del CGPJ expiró en diciembre de 2018 y mantiene una mayoría conservadora que no responde a la actual realidad parlamentaria. 

Los argumentos de Sáez han contado con el rechazo de varios vocales, que han cuestionado la aceptación de su renuncia por parte del presidente del órgano, Rafael Mozo, que todavía no ha desvelado si la acepta o la rechaza. Especialmente contundentes han sido los vocales Enrique Lucas (elegido a propuesta del PNV) y José María Macías (designado a iniciativa del PP). Ambos han subrayado que no ven justificadas las razones esgrimidas por Sáez. La ley del Poder Judicial establece que los vocales cesarán de sus cargos “por renuncia aceptada” del presidente. 

Tras la lectura de la carta, el primero en intervenir ha sido Lucas, que ha afirmado que la dimisión de los vocales sólo cabe en caso de que se esté en el mandato ordinario. Y que, en todo caso, la última palabra la tiene el presidente, que también puede rechazarla. Macías, por su parte, ha insistido en la necesidad de aceptación por parte del presidente para que la renuncia surta efectos y ha aludido a la merma del pluralismo del órgano que puede suponer su salida. En una línea similar también se han expresado los conservadores Wenceslao Olea y Vicente Guilarte. Este último ha dicho que respetaba la decisión de la vocal, aunque le ha afeado ciertos “adjetivos desagradables” de su carta.

En contraposición, el vocal Álvaro Cuesta ha alabado la trayectoria de Saéz y ha ensalzado el paso dado por la vocal. Sin embargo, no ha desvelado si finalmente él también presentará su dimisión después de haber promovido una frustrada renuncia en bloque del sector progresista. Una reunión de este grupo celebrada el pasado martes evidenció que la tesis mayoritaria entre los consejeros elegidos a propuesta del PSOE y PNV es que una renuncia colectiva no forzaría la renovación y supondría dejar el órgano en manos de la derecha judicial sin contrapeso alguno. En consecuencia, se rechazó la posibilidad de una dimisión en grupo.

Aumenta la mayoría conservadora

La plaza de Sáez ahora quedará vacante, lo que contribuirá a agrandar la mayoría conservadora del órgano. Si no hay más dimisiones, quedará conformado con diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, y otro del PNV, al que se suele colocar en el sector progresista. En todo caso, es una mayoría que tiene pocos efectos prácticos por la limitación de atribuciones a la que está sometido el órgano por su situación interina. Principalmente, su función esencial de realizar nombramientos en la cúpula judicial, lo que ha derivado en una amenaza de colapso en el Tribunal Supremo porque no se pueden cubrir vacantes. El órgano se dedica a despachar cuestiones administrativas de trámite y a preparar algunos informes de leyes que siguen pendientes. 

Precisamente este jueves, los vocales han aprobado por unanimidad los informes sobre seis anteproyectos de ley: ley de familias, ley de trata, ley de evaluación de la edad, ley de responsabilidad penal de los menores, ley de secretos oficiales y ley de creación de la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero.