Vocales progresistas y conservadores tachan de ilegales los cambios del nuevo presidente del Poder Judicial

La primera decisión de Vicente Guilarte como presidente ha levantado ampollas en el Consejo General del Poder Judicial. Dos vocales progresistas y tres conservadores, enfrentados con dureza durante lo peor de la crisis institucional del organismo, han escrito un voto particular conjunto quejándose de que el nuevo presidente haya decidido renovar todos los departamentos y sustituirles en la comisión permanente, la más importante del CGPJ y en la que más se cobra.

Critican que la decisión ni siquiera estaba en el orden del día, que nadie fue consultado sobre este asunto y, finalmente, acusan a Guilarte de tomar decisiones “extravagantes” sobre su propio papel en el nuevo Consejo. Son acuerdos, afirman, “manifiestamente contrarios a derecho”.

Guilarte fue nombrado presidente por sustitución después de que el anterior presidente, Rafael Mozo, se jubilara después de sustituir a su vez al dimitido Carlos Lesmes. Abogado cercano a la familia del expresidente Rajoy, Guilarte forma parte del sector conservador aunque nunca ha sido considerado un miembro activo de éste. Su primera decisión fue cambiar la composición de todas las comisiones y, en especial, de la comisión permanente, que toma las decisiones más relevantes dentro del órgano de gobierno de los jueces y cuyos miembros cobran más de 130.000 euros al año.

El cambio mantuvo la proporción entre conservadores y progresistas e implicó la entrada de vocales de su confianza frente a la salida del progresista Álvaro Cuesta y de los conservadores Juan Martínez Moya y Juan Manuel Fernández, entre otros. Varios de ellos han emitido un voto particular para denunciar la irregularidad de este y otros cambios: Cuesta, Martínez Moya y Fernández escriben junto con Clara Martínez de Careaga y Nuria Díaz Abad.

Algunos de ellos son vocales que en los últimos meses, desde el sector conservador del Consejo, han protagonizado acciones como el bloqueo de la renovación parcial del Tribunal Constitucional que les han enfrentado frontalmente a, por ejemplo, vocales progresistas como Cuesta o Martínez de Careaga con los que ahora firman el voto particular. Un voto particular que denuncia, en primer lugar, que el asunto no fue introducido en el orden del día, se planteó sin “documentación alguna” y eso, entienden, es “manifiestamente contrario a derecho” y puede llevar a su nulidad.

También plantean dudas sobre la presidencia de Guilarte, que ya está al frente del CGPJ pero mientras su presidencia en la comisión permanente ha sido fechada con efectos del primer día de septiembre. “Si aceptamos que es presidente por sustitución y que, por consiguiente, está habilitado para convocar y presidir el pleno, también es presidente para convocar y presidir la comisión permanente”, explican.

El mandato del actual Consejo General del Poder Judicial, nombrado en 2013 cuando el PP de Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta, caducó en 2018 y desde entonces el partido de Alberto Núñez Feijóo ha bloqueado su renovación, una situación que arrancó durante el mandado de Pablo Casado y que se mantiene hasta la actualidad.

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