Apenas dos horas y media. Es el lapso de tiempo que pasó entre las 8.42 horas de la mañana del lunes, 29 de mayo, cuando un empleado de Correos depositó ante la Junta Electoral el último acta de escrutinio de las autonómicas y municipales, y las 11.19 horas, cuando el presidente del Gobierno anunció una nueva llamada a las urnas en pleno verano y en medio de un puente festivo en cuatro autonomías. Sin solución de continuidad, la maquinaria de la empresa pública de envíos postales, que emplea a 47.000 personas, debía ponerse en marcha de nuevo ante una cita electoral. Y en esta ocasión, además, ante la perspectiva de una avalancha de peticiones para votar por correo que ya confirman los datos provisionales.
El miércoles, las solicitudes superaban el millón, lo que supone un 194% más que las registradas en el mismo período en las generales de 2019, según fuentes conocedoras del proceso. Aunque el ritmo de peticiones se ha atenuado en los últimos días tras la “avalancha” de las primeras jornadas –cuando el porcentaje se disparó al 400%–, la estimación es que las solicitudes lleguen a los 2,5 millones. Es una cifra sin precedentes, muy superior a la registrada en otros comicios similares, donde nunca se han llegado a los 1,5 millones de peticiones. El récord actual está en las generales de junio de 2016, cuando 1.460.131 electores optaron por el sufragio a distancia.
Esta proyección requiere un despliegue logístico extraordinario, que tendrá como eje principal un proceso de “contratación masiva” de personal de refuerzo que ya ha generado cierta tirantez entre dirección y trabajadores. Los sindicatos consideran “insuficientes” los 12.000 nuevos contratos de refuerzo previstos hasta la fecha, mientras la compañía reitera que “se contratará a todos los efectivos que sean necesarios” para garantizar el voto por correo el 23J. También están previstas otras medidas como ampliar el horario de las oficinas –no se descarta la apertura en sábados, domingos y festivos de julio– o aumentar la distribución de terminales PDA para agilizar la atención en el hall de las oficinas al margen de las ventanillas, según fuentes de la empresa.
El plazo para solicitar el voto por correo se inició el pasado 30 de mayo –y acaba el 13 de julio–, aunque las papeletas no empezarán a enviarse hasta el 3 de julio. Esa es la fecha a partir de la cual la Oficina del Censo Electoral empezará a poner a disposición de los carteros la documentación correspondiente para su envío certificado. De hecho, las papeletas no empezarán a imprimirse hasta el 27 de junio, cuando el Boletín Oficial del Estado publique las candidaturas proclamadas, una vez revisadas y, en su caso, corregidas. Es decir, que por mucha prisa que se dé un elector en hacer la petición, los sobres electorales no llegarán a su domicilio hasta, como pronto, el 3 de julio.
Se trata de unos tiempos tasados por la ley electoral y pensados para dar todas las garantías a un proceso clave, en el que está en juego un derecho fundamental como el sufragio. Son plazos muy ajustados y que, sin duda, pondrá de nuevo a prueba las costuras de la empresa pública, que no sólo se encarga del reparto de papeletas y de su recepción en las oficinas. Sus empleados se ocupan también de repartir la propaganda electoral y las tarjetas censales.
Otra fecha clave es el 20 de julio, el día límite para depositar los votos en Correos. En esta ocasión se suma, además, el requisito de exigir el DNI o un documento análogo en el momento de emitir el voto. Y ya no será posible que una persona deposite los votos de otras si no cuenta con la preceptiva autorización. La Junta Electoral Central acordó la semana pasada ampliar a todo el territorio nacional la medida excepcional que aprobó para el sufragio postal para el 28M en Melilla a raíz de las sospechas de un posible fraude tras las denuncias de robo de documentación electoral y de compra de votos.
Se tapona así un agujero de la ley electoral, que exige a los ciudadanos acreditar su identidad cuando solicitan las papeletas y cuando las reciben en su domicilio, pero no cuando las depositan. Es una medida reclamada como una forma de certificar la limpieza del proceso, aunque los sindicatos temen que pueda aumentar el tiempo de atención y espera en las oficinas. “Ralentizará el trámite y puede derivar en colas y aglomeraciones”, dicen desde CCOO.
El alto ritmo de recepción de solicitudes y la proyección de que estas lleguen a los 2,5 millones ha generado inquietud en una plantilla que todavía no se había recuperado de la sobrecarga de los últimos comicios, según fuentes sindicales. Por el momento, la empresa ha ofrecido la contratación extraordinaria de 12.000 empleados para esta campaña, aunque un portavoz reitera que se harán “tantos contratos como sea necesario” para “el correcto funcionamiento del voto por correo”. “El mensaje es claro, no se va a escatimar en recursos”, reitera esta fuente.
Las organizaciones sindicales, sin embargo, creen que es una cantidad “insuficiente” y acusan a la compañía de pretender “camuflar engañosamente en esa cifra” la contratación de la cobertura de vacaciones ordinaria. Esto es, la que se realiza todos los veranos para cubrir las vacantes de los empleados internos mientras disfrutan de su tiempo de descanso. Los sindicatos CCOO y UGT consideran que la plantilla necesaria para abordar el proceso electoral “de forma solvente” debe alcanzar, al menos, los 18.000 efectivos, según recoge un comunicado difundido este miércoles.
Para el proceso de contratación, que ya ha comenzado, se está recurriendo, en primer lugar, a las bolsas de empleo de Correos y, después, a las personas con experiencia laboral en la compañía. También está previsto hacer ofertas a las más de 84.000 personas que el pasado mayo hicieron las pruebas de ingreso para cubrir 7.757 puestos de trabajo fijos en categorías operativas en toda España. Y, en última instancia, si fuera necesario, se recurrirá a las instituciones de empleo oficiales.
Las negociaciones entre dirección y trabajadores también han abordado las compensaciones por el exceso de carga de trabajo para quienes participan en el proceso electoral. Ambas organizaciones reconocen que han mejorado respecto a otras elecciones, aunque insisten en que siguen sin reconocer de forma adecuada el “sobreesfuerzo” que realizará la plantilla. La compañía ha respetado las vacaciones concedidas, aunque el 30% de quienes habían solicitado periodos de descanso en estas fechas han decidido aplazarlos para trabajar durante esta campaña, según fuentes de la empresa.
Una decisión que tiene que ver con el plus con el que serán compensados. Los empleados que trabajen en la campaña electoral del 23J serán retribuidos con un bonus que parte de una gratificación fija de 121,97 euros para quienes trabajen en oficinas y centros de clasificación 15 días continuos o de forma intermitente entre el 30 de mayo y el 23 de julio para empleados de oficinas, urgencia y centros de clasificación. A partir de esos 15 días, la retribución será de hasta tres euros diarios en estas categorías.
En el caso de los empleados de reparto, el fijo será de 60,98 euros por 15 días de trabajo continuo o intermitente y de un euro por cada día que supere los 15 señalados. Estos trabajadores cobran además unas cantidades variables en función de las entregas realizadas. Según fuentes de la compañía, la retribución extra puede alcanzar los 500 euros en algunos puestos, aunque los sindicatos afirman que es una cifra “muy optimista” y que, en todo caso, depende de la zona de reparto que le toque al cartero en cuestión. “No es lo mismo distribuir 800 envíos que 2.000”, dicen en CCOO.
El hecho de que gran parte de la jornada de estos profesionales vaya a transcurrir a la intemperie en pleno mes de julio también preocupa a dirección y sindicatos ante las situaciones de riesgo que se pueden crear en caso de calor extremo. A este respecto, fuentes de la cúpula explican que se seguirá el protocolo de actuación frente a condiciones climatológicas adversas, que prevé proporcionar gorras, crema y uniforme de tejido técnico de alta traspirabilidad a los carteros y que suspende los repartos entre las 13.00 y las 17.00 horas en caso de que el calor alcance cotas extremas como para que exista una alerta naranja o roja de la AEMET. En España, estas se activan a partir de los 37 grados en los lugares más frescos del país y los 40 grados en los más calurosos, según el territorio.