“Fui el primer líder político que le exigió el estado de alarma” (Santiago Abascal, 25 de marzo de 2020).
“La mayor vulneración de derechos de la historia fue inconstitucional. Solo VOX votó en contra” (Santiago Abascal, 14 de julio de 2021).
Un año y medio separan ambas afirmaciones de Santiago Abascal Conde. Una cosa y la contraria. La primera fue pronunciada con toda solemnidad en la tribuna del Congreso de los Diputados cuando su partido votó a favor de prorrogar por primera vez el estado de alarma. La segunda cuando el Tribunal Constitucional estimó su recurso y anuló el confinamiento implantado por ese mismo estado de alarma. En los últimos meses el tribunal de garantías ha declarado inconstitucionales algunas de las principales medidas puestas en marcha por el Gobierno para hacer frente a la primera ola y lo ha hecho estimando los recursos de Vox. Recursos, en algunos casos, contra medidas que el propio partido no solo apoyó sino que se las arrogó como suyas.
El caso del primer estado de alarma es el más claro. Para cuando fue implantado por el Gobierno el 14 de marzo Santiago Abascal y los suyos llevaban varios días siendo muy contundentes al pedir su implantación. Dos días antes Abascal avalaba la idoneidad del estado de alarma en este vídeo difundido por el partido en Twitter: “Creemos que el Presidente del Gobierno debe hablar con los líderes de los partidos para evaluar, incluso, la necesidad de decretar el estado de alarma previsto en la Constitución y que da respuesta a catástrofes y epidemias”.
Hora y media después lo hacía desde su cuenta personal de la red social. “¡Decrete el estado de alarma y ponga todos los recursos a detener la pandemia!”, dijo Abascal en un mensaje. La cuenta oficial de Vox rebotaba este mensaje: “Le pedimos al Gobierno que valore decretar el estado de alarma”. El tuit añadía un emoticono de una sirena de ambulancia para reforzar la importancia de la petición.
El mismo 14 de marzo en el que el Gobierno decretada el estado de alarma Abascal celebraba la medida y presumía de marcar el camino al presidente, Pedro Sánchez. “Más vale tarde que nunca”, dijo el líder de Vox.
Para entonces casi todos los representantes políticos acusaban al Ejecutivo de coalición de estar actuando tarde. Pablo Casado, líder del Partido Popular, afirmó que decretar el estado de alarma era una “necesidad urgente” o incluso “un clamor”. El mensaje fue reforzado por los representantes de la formación ultraderechista el 25 de marzo cuando el Congreso convalidó la primera prórroga para mantener el estado de alarma hasta el 12 de abril.
“Fui el primer líder político que le exigió el estado de alarma el martes 10 de marzo (...) y lo hicimos por patriotismo, imagínese lo que nos costaba ampliar sus poderes (...) creemos que debe usted tener todo el mando y toda la responsabilidad para dirigir todos los esfuerzos del Estado contra la pandemia”. Santiago Abascal subió a la tribuna para reprochar al Gobierno su tardanza en aplicar esta medida y la prórroga salió adelante con el voto a favor de toda la cámara salvo las abstenciones de ERC, Bildu, JxC y la CUP.
Ese día Vox, como otros partidos, presentó una serie de propuestas para modificar el estado de alarma que no salieron adelante y que en ningún caso pedían limitar el confinamiento o se corresponden ni remotamente con lo que luego recurrieron ante los tribunales. Proponían que el estado mantuviese el mando en Catalunya, que los convivientes pudieran ir juntos en coche, que se suspendieran los procesos de prueba de acceso a la función pública, que los inmigrantes sin papeles pagasen la atención sanitaria recibida, que se suspendiera la concesión de indultos, que se flexibilizaran los impuestos para autónomos afectados, que no se subvencionasen medios o partidos políticos y que el ejecutivo tuviera que dar cuenta semanalmente ante el pleno del Congreso. Nada de evitar el confinamiento.
El volantazo llegó pocos días después. Vox se lanzó a capitalizar políticamente el drama social y el 6 de abril anunciaba que rompía relaciones con el Ejecutivo. El dirigente Jorge Buxadé explicaba que el estado de alarma suponía una “vulneración de derechos y libertades de los españoles”. Tres días después el partido votaba en contra de la segunda prórroga. No había pasado ni un mes desde aquellas intervenciones públicas implorando al Gobierno que impusiera el estado de alarma y Abascal hablaba ya del “encarcelamiento de los españoles” aunque no renegaba del confinamiento.
El líder de Vox fue extremadamente contundente a la hora de apoyar la continuidad del confinamiento pero bajo un “estado de alarma alternativo” de su partido. Abascal quiso dejar claro que eran “unas medidas que contemplan la continuidad del confinamiento”. “Lo digo solemnemente porque sé que los lacayos de los medios van a mentir (...) sí, estamos a favor de que los españoles permanezcan todavía en sus casas. Los medios van a decir lo contrario (...) Nuestra propuesta de estado de alarma alternativo contempla la medida de confinamiento”. Su propuesta, efectivamente, proponía modificar el estado de alarma y por tanto mantenerlo sin retirar la existencia del confinamiento.
El recurso de Vox anunciado ese mismo día llegaba veinte días después al Tribunal Constitucional. Un recurso que aseguraba que el artículo 7 del Real Decreto de estado de alarma, el que regulaba el confinamiento, “supone una derogación de la libertad de circulación y de la libertad de residencia pues mediante este precepto el Gobierno ha impuesto el confinamiento de la totalidad de la población residente en el territorio nacional y, con ello, una suspensión del derecho fundamental”.
Un Constitucional partido por la mitad terminó dando la razón a Vox. No lo hizo en todos los aspectos de su recurso pero sí fue bastante claro a la hora de entender que el paraguas del estado de alarma no era suficiente para suspender el derecho a la libre circulación. Los magistrados discrepantes entendieron que el confinamiento no había suspendido ese derecho, sino que sólo lo había limitado. La sentencia también dejó caer que la opción correcta habría sido el estado de excepción, más restrictivo y que nadie pidió en esas fechas.
El 'cierre del Congreso'
“Le rogamos encarecidamente que suspenda todas las actividades plenarias y en comisiones” (Macarena Olona, 10 de marzo de 2020).
“Meritxell Batet secuestró el Congreso de los Diputados” (Macarena Olona, 5 de octubre de 2021).
El coronavirus no tardó en llegar al Congreso de los Diputados. En las primeras semanas de marzo parlamentarios como Irene Montero, Pablo Iglesias, Ana Pastor o Carmen Calvo fueron algunos de los que tuvieron que confinarse después de dar positivo. Algunos de los primeros fueron miembros del grupo parlamentario Vox: el positivo de Javier Ortega-Smith provocó que, por cautela, el grupo de extrema derecha no acudiera al Congreso mientras se iban confirmando los positivos, entre otros, de Santiago Abascal y Macarena Olona.
El positivo de Ortega-Smith se conoció el 10 de marzo. Dos días antes el partido había reunido a 9.000 fieles en Vistalegre y los positivos del resto de compañeros de bancada fueron sucediéndose a lo largo de la semana. Ese mismo 10 de marzo, tal y como reveló elDiario.es, la propia Olona se dirigió por carta a Batet rogando “encarecidamente que suspenda todas las actividades plenarias y en comisiones previstas esta semana y hasta el momento en que tengamos la certeza de que podemos desarrollar nuestra actividad en el Congreso sin riesgo alguno para la salud”.
Ese mismo día Batet suspendió la actividad del Congreso durante una semana por la ausencia de los 52 diputados de Vox y la actividad de la Cámara Baja quedaba en mínimos con todo acaparado por el COVID-19. El 19 de marzo, además, la Mesa suspendía el cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se estaban tramitando en ese momento. En la práctica: los plazos no se habrían acortado cuando se levantase la suspensión. En ese momento, por ejemplo, estaba tramitándose leyes como la de eutanasia y los partidos tenían que presentar sus enmiendas.
Vox pasó en apenas unos días de solicitar la suspensión de la actividad del Congreso a pedir la reconsideración de esta decisión por parte de la Mesa. Aseguraba en su escrito que la medida estaba limitando el derecho de sus diputados a fiscalizar la acción del Gobierno en un momento crítico. Su recurso de amparo fue admitido a trámite por el Constitucional en junio de 2020, cuando la estrategia judicial de Vox ya había sido completamente desplegada: la formación ultraderechista había abierto también la vía penal sumándose como acusación popular a la denuncia de un abogado -condenado posteriormente por estafa- contra el 8M feminista. También había anunciado una querella contra Sánchez y miembros del Ejecutivo por la gestión de la crisis sanitaria.
Ambas iniciativas penales fracasaron pero el Tribunal Constitucional volvió a darles la razón. La mayoría del Pleno entendió que la medida de la Mesa cercenó sus derechos políticos y que se impidió de forma efectiva el control del ejecutivo. Ese mes de abril tanto Vox como el Partido Popular presumían del aluvión de iniciativas que habían presentado en las cámaras relacionadas con la pandemia, más de 1.600 en el caso de la formación de Abascal.
Esto fue tenido como un argumento por el Tribunal Constitucional una vez constatada por la mayoría del pleno la vulneración de los derechos políticos de Vox. Los archivos del Congreso recogen cómo esos días tanto el grupo como los diputados presentaron cientos de iniciativas relacionados con la pandemia pero también sobre las pitadas al himno nacional en eventos deportivos o sobre el adelanto electoral de la Federación Española de Futbol.
Los magistrados discrepantes recordaron dos cosas en sus votos particulares. Que el propio Constitucional suspendió plazos y plenos durante lo peor de la primera ola y que todo este aluvión de iniciativas parlamentarias no podían ser tenidas en cuenta “a peso” sin mirar de qué era cada una.
El segundo estado de alarma
La tercera sentencia del Constitucional no tiene ningún tipo de contradicción en el origen del recurso presentado por Vox. Para cuando el Gobierno planteó el poder imponer un segundo estado de alarma en octubre de 2020 para hacer frente a las sucesivas olas previas al comienzo de la vacunación el partido ultraderechista ya había desplegado toda su artillería legal y política: incluso llegó a convocar a cientos de personas en coche en Madrid para protestar contra la medida.
La oposición pública de Vox a este segundo estado de alarma no tuvo dobleces y la victoria llegó hace unos días cuando el Constitucional anunció la estimación de su recurso. La mayoría del pleno, nuevamente dividido y con votos en contra, entendió que el ejecutivo había delegado sus competencias de manera irregular para, por ejemplo, ampliar el toque de queda nocturno o restringir el número de no convivientes que podían juntarse en reuniones. El partido lo celebró en redes sociales con uno de sus célebres lemas: “Solo queda Vox”.