Las medidas de Vox para autonómicas y municipales: derogar leyes animalistas y privatizar empresas públicas
Vox ha publicado sus programas electorales para los comicios municipales y autonómicos. Son dos documentos genéricos, uno para los ayuntamientos y otro para las comunidades. De cara al 26 de mayo apuestan por la derogación de las leyes autonómicas contra la violencia de género, la normativa que combate la LGTBIfobia, la de Memoria Histórica y los protocolos trans.
Además, si este partido termina influyendo en gobiernos autonómicos, se comprometen a crear con financiación pública centros de apoyo a la mujer para “promover la cultura de la vida” y a eliminar subvenciones a organizaciones que realicen “proselitismo ideológico”. Entre sus medidas sociales también apuestan por excluir la enseñanza islámica en centros públicos.
Asimismo, como ya realizaron en Andalucía, la formación de extrema derecha quiere proteger la caza, la pesca y la tauromaquia. En relación a las políticas animalistas municipales, defienden la derogación de todas las normativas “relativas al bienestar o maltrato animal, que sean prevaricadoras”.
Contra la okupación y los manteros
En los municipios mantienen su batalla contra la okupación y los manteros. Para conservar la seguridad en zonas comerciales y puntos estratégicos de las ciudades buscan que se garantice la “digitalización de las imágenes” a través de la instalación de cámaras en esos emplazamientos.
Desde la formación de extrema derecha destacan en estos programas una de sus prioridades a nivel nacional, la desarticulación del Estado de las autonomías. Para conseguirlo abogan por que sea sustituido por una administración unitaria con un solo Gobierno y en su camino determinan cuatro ejes: fortalecer al Estado, “adelgazar las elefantiásicas estructuras administrativas”, “promover la libre circulación de personas, bienes y capitales” y “luchar contra ciertas políticas lingüísticas”.
A nivel económico tampoco sorprende su postura, comparten argumentos que ya defendieron en las generales con su programa económico. Se decantan por la privatización de empresas públicas y su reestructuración. En este epígrafe aseguran que se comprometen a analizar “la explotación privada a través de concesiones administrativas en casos como empresas de gestión del agua, metro, televisiones públicas”. Asimismo, incluyen medidas fiscales como la supresión del impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones e incluyen una rebaja de “al menos un 5% en el tramo autonómico del IRPF”.
En los ayuntamientos, añaden propuestas como reducir el IBI, la disminución de los impuestos para empresas innovadoras y centros de investigación, así como la eliminación de dos tasas, la primera sobre el incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana y otra que se grava sobre construcciones, instalaciones y obras.
Cesión de espacios culturales a empresas
En relación a la gestión de espacios municipales, desde Vox abogan por ceder emplazamientos de bibliotecas o centros culturales a empresas. A su vez, defienden la privatización de los actos que organice el Consistorio, para ello analizarán “si existe alternativa privada local que pueda llevarla a cabo teniendo criterios” económicos y del servicio. Como apuesta destacada en temas de ocio, reseñan la creación de una concejalía de festejos del mundo rural y tradiciones españolas.
Entre sus propuestas de reducción de gasto político aportan medidas muy complejas como “impedir el enchufismo y la dedocracia”, sin detallar cómo combatirán estas actuaciones, más allá de asegurar que el acceso a los puestos “será por condiciones acreditadas de mérito y capacidad”. También incluyen la supresión de entes públicos que dupliquen las funciones de otros estatales, así como la reducción de cargos públicos, entre los que citan a diputados, concejales y representantes de libre designación.
Han destinado otro apartado a la gestión municipal de adjudicaciones, entre las medidas citadas abogan por la desaparición de las mancomunidades y que en su lugar se creen unidades centralizadas en las diputaciones, supervisadas por una plataforma de contratación nacional. Además, quieren que se ponga fin al “abuso de funcionarios interinos” en esta administración.
Castigar al profesor que adoctrine “ideológicamente”
En la parte educativa mantienen su cruzada contra los contenidos éticos, cívicos y sociales. Más allá de la implantación del sistema de cheque escolar y la necesidad de una autorización expresa de los padres cuando se impartan “contenidos de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales”, inciden en su apuesta para que se castigue con una falta disciplinaria grave al profesorado que adoctrine “ideológicamente”.
Además, tienen un epígrafe focalizado en combatir la despoblación en zonas rurales con incentivos para que los empleados públicos que trabajan en esos destinos establezcan ahí su domicilio y ayudas a la natalidad en las que se tenga en cuenta la demografía. Otras propuestas sociales se centran en la creación de una Consejería de Familia, impulsar medidas fiscales de apoyo a la maternidad y a la conciliación o la promoción de un plan de “integración de personas con discapacidad”. Finalmente, también promueven el incremento del personal sanitario y que se se mejore la calidad asistencial.
